Día: 23 de septiembre de 2013

Por la redacción

Cuernavaca, Morelos; 23 de septiembre de 2013. El diputado coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Javier Bolaños Aguilar, presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, para poner en marcha en la entidad los Juicios en Línea, y explicó que se debe armonizar la legislación local con la federal, que ya los contempla.

Indicó que este nuevo sistema de justicia tiene como ventaja la decisión de si el juicio se tramita por vías convencionales o bien en línea, que es exclusivamente de los gobernados, es decir, en él se establece el mecanismo de trámite del juicio al que deberán someterse las autoridades cuando los particulares decidan ejercer este derecho.

El legislador indicó que la implementación del juicio en línea trae consigo nuevos retos, tanto para el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Morelos (TCA) como para los particulares, las empresas, autoridades y los abogados postulantes.

Destacó que para acceder al Sistema de Justicia en Línea es necesario primeramente contar con una Firma Electrónica Avanzada, con la que serán signadas todas las promociones que se promuevan y que se integrarán en el Expediente Electrónico creado; se necesita una Clave de Acceso y Contraseña para ingresar al Sistema y consultar el expediente, lo mismo para hacer el envío de las promociones que son necesarias para el trámite del juicio.

Bolaños Aguilar apuntó que este sistema jurídico facilita los trámites y la consulta de expedientes y otorga a los ciudadanos la posibilidad de presentar demandas desde cualquier lugar del mundo, sin la obligación de acudir personalmente a alguna sala del Tribunal; ahorra papel y permite un control integral de los casos para su organización y disponibilidad permanente a través de internet.

Reconoció que en el estado más del 60% de la población morelense no tiene acceso a la justicia administrativa. Y peor aún, la reforma a la Ley citada del año 2000 fue regresiva, extinguió las representaciones del TCA y concentró sus actividades exclusivamente en la capital, lo que ocasionó que la población de los municipios alejados o fuera de las zonas metropolitanas no tenga acceso a la justicia administrativa para combatir actos de autoridad que atentan contra la ley y sus derechos.

La propuesta contempla la reforma a los artículos 3 Bis, 44 y 63, la adición de los artículos 67 Bis y 77 Bis, así como la creación de un nuevo capítulo del Título IX Capítulo Único Del Juicio en Línea, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, con 28 artículos.

En los artículos transitorios se determina que, de aprobar la reforma y a partir de su entrada en vigor, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Morelos deberá, en un plazo no mayor a treinta días, establecer los lineamientos para la operación de los juicios en línea para lo cual a éste el Ejecutivo deberá proveer de los necesario en un plazo no mayor de sesenta días naturales.

El diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Juan Ángel Flores Bustamante, remitió la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictamen.

 

Por la redacción

Cuernavaca, Morelos; 23 de septiembre de 2013. El diputado Joaquín Carpintero Salazar propuso adecuar el Código Penal para proteger a las personas recluidas a quienes se les reconoce su inocencia, y que el Estado esté obligado a garantizar en su favor la reparación del daño psicológico o retribución económica, por el perjuicio que en su contra se cometió, derivado del detrimento patrimonial y moral del que fue  objeto  al ser privado de su libertad y compurgar una pena que no merecía.

Durante el desarrollo de la pasada sesión ordinaria, planteó reformar el Artículo 92, tras indicar que los procesos penales muchas veces terminan por sancionar a quien es inocente o imponer penas desproporcionales por los delitos cometidos, “por ello utilizamos el concepto ‘víctimas del proceso’ para designar a quienes en el proceso penal han sido condenado injustamente”.

Ante el Pleno del Congreso, señaló que la Constitución Política Federal establece en sus artículos 14 y 16 que todos los mexicanos tenemos derecho a la protección de nuestra persona, familia, propiedades, datos personales, a menos que seamos sujetos de un procedimiento donde la autoridad competente, en virtud de un mandamiento por escrito, motive y fundamente la restricción de esos derechos y/o en su defecto especifique en qué situación sí se puede ejecutar la orden sin necesidad del ordenamiento por escrito.

En la reforma propuesta al artículo 92 y turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y dictamen, plantea que “el Ejecutivo del Estado dispondrá, administrativamente, la forma en que deba repararse el daño causado a quien permaneció privado de libertad con motivo del proceso y de la ejecución de la sentencia, y fue declarado inocente. La reparación se hará a razón de un día de salario mínimo por cada día de privación de libertad, por lo menos, y deberá garantizar la asistencia psicológica al inocente como a su familia”.

Carpintero Salazar subrayó que “reconocer inocente a un hombre durante la secuela del procedimiento, y luego de ser procesado y sentenciado darle la oportunidad de alegar en su defensa circunstancias ineludibles que demuestran su no culpabilidad, son garantías de seguridad jurídica que le permiten a quien realmente es inocente tener un procedimiento de orden, y el respeto de los derechos humanos”.

 

Por la redacción

Jiutepec, Morelos; 23 de septiembre de 2013. El secretario de Seguridad Pública de Jiutepec, José Manuel Iragorri García, informó que derivado de los hechos de violencia que han generado el asesinato de diferentes sujetos en las inmediaciones del municipio, se reforzarán los operativos de presencia policiaca conjuntos, entre elementos de las diversas corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno.

De esta manera, el operativo permanente en el que participan la Policía Preventiva de Jiutepec, la Policía Estatal Acreditable, la Policía de Mando Único Coordinado, elementos de la Policía Federal y del Ejercito Mexicano intensificarán su presencia en la Ciudad Con Sentido Social, para garantizar la paz y tranquilidad de sus habitantes.

Iragorri García indicó que en el análisis de la información de los asesinatos que se han presentado durante las última semanas, se ha verificado en la base de datos del sistema de aplicación de justicia, que absolutamente todas las víctimas de las denominadas «ejecuciones», cuentan con antecedentes penales múltiples y recientes en la mayoría de los casos.

Negó que la Secretaria de Seguridad Pública de Jiutepec pretenda criminalizar a las víctimas del delito, por el contrario, «estamos brindando a la ciudadanía todos los elementos informativos que deben tomar en cuenta para formarse un panorama real de la situación de inseguridad que vive el municipio y el estado, y sería grave pasar por alto que el sistema de seguridad estatal tenía un seguimiento puntual a algunos de los casos, por sus antecedentes penales».

Sostuvo que la información sobre el llamado «hit criminal» de delincuentes ha estado también a disposición de los diferentes medios de comunicación, que en el afán por presentar la información más completa a sus lectores y escuchas, recurren a los antecedentes de víctimas y victimarios, para aportar reportes noticiosos con perspectiva.

Aseguró que la política de respeto a los derechos humanos de la administración municipal de Jiutepec, impide a la Secretaria de Seguridad a su cargo exceder los límites legales permitidos en la divulgación de información restringida o que forma parte de indagatorias que por su naturaleza requieren de alta secrecía.

En este sentido refrendó su compromiso de trabajar de manera permanente para garantizar la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos de Jiutepec, así como de apertura a la información generada por los hechos de violencia que se viven en la entidad.

 

Por la redacción

Cuernavaca, Morelos; 23 de septiembre de 2013. El secretario ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Juan Carlos Valencia Vargas, exhortó a los presidentes de los 33 municipios de Morelos a cambiar la forma en que los Sistemas Operadores ofrecen el servicio de agua potable, drenaje y saneamiento, y con ello, mejorar las coberturas, rendimientos y eficiencia de distribución del líquido, pero sobre todo la situación financiera de los organismos operadores.

En reunión de trabajo coordinada por el Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (IDEFOMM), a cargo de Omar Darío De Lassé Cañas y en presencia de delegados federales, Juan Carlos Valencia, resaltó que actualmente los Sistemas Operadores trabajan con una baja eficiencia de servicio y bajas coberturas debido al estado financiero en el que se encuentran, ya que la mayoría de estos están “quebrados”.

Recordó que de los 33 municipios, 30 tienen adeudos con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 19 con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), es decir, que la condición con la que trabajan es crítica, porque operan en números rojos, de ahí que es necesario, afirmó, una reestructura.

“Lo que sea que estamos haciendo, no lo estamos haciendo bien, tenemos que cambiar la forma en la que estamos brindando los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento para mejorar las finanzas de los organismos y con ello la calidad de vida de los morelenses”, subrayó.

Ante este panorama, y a petición del gobernador Graco Ramírez, el secretario ejecutivo de la CEA invitó a cuatro empresas que han ayudado a varios municipios del país a salir de la crisis en la que se encontraban en materia de prestación de servicios del agua.

Las empresas: “Aguas de Barcelona”, “Proactiva”, “Empresas Públicas de Medellín” y “Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.” expusieron sus casos de éxito ante los alcaldes en una reunión, a fin de que se interesen por mejorar el servicio y los ingresos.

“No venimos a venderles nada, no estamos promoviendo a ninguna empresa en particular, son simplemente casos de éxito, empresas públicas y privadas que han tenido éxito en administrar sistemas de agua potable municipales, intermunicipales, estatales o mixtos”, apuntó Valencia Vargas.

Los presidentes municipales, por tanto, conocieron la viabilidad de implementar este tipo de proyectos en los municipios y acordaron revisar la información proporcionada.