Por Máximo Cerdio
Cuernavaca, Morelos; a 19 de marzo del 2013. José Martínez Cruz, integrante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer que la autodefensas es un derechos de los pueblos, ya que la autonomía indígenas y libre determinación están especificados en la Constitución, en la Declaración de la ONU sobre pueblos indígenas y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Todos ellos, instrumentos legales vigentes en México.
Dijo que Se ha descalificado como si fuera ilegal la existencia de policías comunitarias, bajo la lógica del mando único y el monopolio del uso de la fuerza por parte del gobierno, cuando las atribuciones legales están contempladas en el Convenio 169 de la OIT en el sentido de garantizar la autonomía y libre determinación. Y en Morelos existen formas de participación comunitaria a través de las rondas electas, destacando el caso de Ocotepec, donde todos sus integrantes son electos en asamblea y no son designados por el ayudante municipal.
Asimismo, aseveró que en los casos de Tetelcingo, Huazulco, Ocuituco, Tetela del Volcán, Tenextepango y otras comunidades que han decidido formar rondas comunitarias, el tema se ha querido circunscribir al uso o no de armas exclusivas del ejército, cuando lo fundamental es reconocer el derecho a participar en una verdadera seguridad ciudadana y no seguir en la lógica de la profesionalización de policías que se alejan cada vez más del pueblo y vuelven sus armas contra la población más que contra quienes cometen delitos.
“Hay que tomar como referencia precisamente que Las zonas de Costa Chica y Montaña de Guerrero eran de las más inseguras del estado antes de 1995. En estas comunidades no se gastó ni un solo peso del millonario “México Seguro” ni del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ni se compraron armas porque se usaron las que de por sí los campesinos cargan para sus labores del campo: viejas pistolas, escopetas y rifles de cacería”, afirmó Martínez Cruz.
“En Morelos, la diferencia es clara, ya que aún no existen todos los mecanismos para el establecimiento de formas alternativas de justicia como el que se lleva a cabo en Guerrero, pero en lugar de atacar estos procesos, el gobierno debería reconocer el aporte que se realiza mediante una mayor participación de la población en conseguir una seguridad en donde el gobierno ha demostrado no sólo ineficacia, sino incapacidad para superar corrupción, complicidad y autoritarismo. Si no es así, ¿acaso respetará verdaderamente la decisión de conformar municipios autónomos?”, puntualizó José Martínez Cruz.