Por Silvia Venegas
Cuernavaca, Morelos; 12 de julio de 2013. Protestan en el Tribunal Superior de Justicia familiares de dos hombres acusados de secuestro agravado en contra de Regino Jiménez Valladares, para denunciar irregularidad en su proceso penal y burocracia de funcionarios que atienden en el Juzgado Penal.
Con pancartas, al menos diez personas entre familiares y amigos de Miguel Ángel Hernández González y Alberto Hernández Delgado, presos en el penal distrital de Jojutla desde hace tres años, acusados de secuestro agravado en contra del señor Regino Jiménez Valladares, protestaron afuera del Tribunal Superior de Justicia para pedir a la magistrada presidenta Nadia Luz Lara Chávez que intervenga para que se les dé una pronta justicia a estos dos hombres presos desde hace tres años.
Familiares refieren que en los meses de agosto y julio del año 2010 y 2011, Miguel Ángel y Alberto fueron detenidos y puestos a disposición por una autoridad judicial y en la actualidad se encuentran sujetos a proceso, supuestamente por el delito de secuestro cometido en agravio del señor Regino Jiménez, industrial de la masa y la tortilla, pero desde que inició su proceso penal ha sido lento, lleno de burocracia por los funcionarios que atienden en el juzgado penal, lo que ha motivado a creer que existe imparcialidad en su caso.
Sin embargo, señalaron que el motivo de su protesta fue el hecho de que en días pasados el licenciado Jorge Hernández Garfias, secretario de Acuerdos de la Tercera Secretaria lo cambiaron y se llevó únicamente su expediente y les argumentó que la nueva secretaria “es una inepta y no conoce el expediente ni el procedimiento penal y yo ya lo conozco”.
Situación que los tiene molestos que su expediente fuera movido de su lugar de origen, sólo por decisión de una persona. “Lo grave de nuestro proceso es que durante todo el desarrollo del juicio en nuestra contra hemos sido testigos de la imparcialidad, del interés y de la falta de responsabilidad con que se ha manejado nuestro expediente; nos hemos dado cuenta de la complicidad que existe entre este secretario de acuerdos, el Ministerio Público adscrito y el Asesor Jurídico del que se dice ofendido.
Ante esto, los familiares de los detenidos exigieron se regrese su expediente a la tercera secretaría, porque ellos en ningún momento pidieron su cambio, y se siga un proceso justo conforme a derecho.