Se ampararán 300 personas contra parquímetros en Cuautla

Themis, diosa de la justicia
Themis, diosa de la justicia

Por Silvia Venegas

Cuernavaca, Morelos; 27 de febrero de 2013. Al menos 300 personas se ampararán contra parquímetros en Cuautla por las diversas irregularidades en el contrato con la empresa Iber Parking y Parking Sport, así lo dio a conocer la Comisión Integrante que encabeza la ex síndico de Cuautla, Juanita Guerra Mena.

Guerra Mena acudió esta mañana al Congreso local para entregar un documento al presidente de la mesa directiva Humberto Segura para solicitar que en el punto de acuerdo de la Ley de Ingresos de ese municipio, en donde establece la parte de las multas por concepto de parquímetros, se reserven unos meses para que verifiquen diversas irregularidades en el aspecto legal y jurídico.

“Este congreso aprobó su decreto que establecía un porcentaje de 70 para la empresa y 30% para el municipio y en el contrato aparece un 80% para la empresa y 20% para las arcas del municipio, esa es una anomalía y otra de las circunstancias es que la empresa ya fue revocada en Nuevo León ya tiene antecedentes y aquí la ley del estado establece que empresa que haya sido revocada no podrá contratar con el gobierno municipal”, sostuvo la ex síndico de Cuautla.

Dijo que el contrato establece sólo unas colonias y ahora lo quieren implementar en todo el municipio por una empresa beneficiada por el gobierno municipal, por lo que exhortan al congreso para que hagan una revisión del contrato que ellos mismos aprobaron y perjudica a la ciudadanía, por ello interpondrán un amparo para que suspendan el cobro, acotó Juanita Guerra.

Por su parte Iván Andrei Cervantes, abogado, señaló que ese amparo promovido es en razón de que el cabildo y la empresa hicieron las cosas al revés, es decir, primero firmaron el contrato de concesión y luego lo mandaron al congreso para su aprobación, además dijo que se establece la existencia de un fideicomiso y no existe tal, por lo que con este amparo se lograría la suspensión del cobro ilegal que lleva acabo el municipio desde el 7 de enero.