Por la redacción
Cuernavaca, Morelos; 4 de septiembre de 2013. Iniciar un proceso de revisión responsable con los Poderes Judicial y Legislativo, con la participación de investigadores, académicos y representantes de la sociedad civil, sobre lo señalado en la Ley General de Salud Pública respecto a la dosis de marihuana permitida, fue uno de los planteamientos hechos por el gobernador Graco Ramírez, al participar en el Foro Sociedad de Derechos: “Despenalización de la Marihuana”.
Este foro realizado en el patio del Centro Morelense de las Artes (CMA), logró convocar a Héctor Aguilar Camín, periodista, novelista e historiador mexicano como moderador; Mauricio Hernández Ávila, director general del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP); Rafael Lozano Ascencio, director general Adjunto del Centro de Investigación en Sistemas de la Salud del INSP; María Elena Morera, presidenta de Causa Común; Jorge Castañeda Gutman, político, intelectual y ex canciller; Luisa Conesa Labastida, abogada postulante en derecho constitucional; el Juez Baltasar Garzón Real, asesor del Tribunal Penal Internacional de La Haya; y Nadia Luz María Lara Chávez, Magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Graco Ramírez señaló que estas acciones son parte de la sociedad de derechos que se está construyendo en Morelos, “Yo creo que vale la pena que en Morelos empecemos esto, y lo empecemos con un protagonismo que implique y sume a todos, no en la visión chata de que ahora queremos convenir con los delincuentes y narcotraficantes, esta es una visión francamente muy pobre, muy elemental, se trata de ver un problema de salud pública y una visión diferente, no de criminalizar”, enfatizó.
El mandatario morelense propuso difundir a la comunidad sobre el daño que hace la marihuana, así como lo hace el alcohol y tabaco, para que con base en esta información, la gente decida si lo consume o no, aclarando que de acuerdo a la Ley General de Salud Pública el consumo está despenalizado y lo que está penalizado, es la siembra y el tráfico de la marihuana.
De la misma forma planteó revisar si en la Corte de Drogas, las salas puedan tener el ámbito de jurisdicción dentro del Sistema de Justicia Penal para que en lugar de que la sentencia o el proceso sea vinculado ante un juez, sea un proceso de rehabilitación o atención al problema de salud pública y evitar presencia de jóvenes en la cárcel.
Invitó Graco Ramírez a analizar y ver las cosas con mayor responsabilidad, sin prejuicios, simplemente en el ámbito del derecho, en el que en lugar de perseguir y recluir en la cárcel, se invierta mejor en un programa de salud pública de rehabilitación.
Explicó que los jóvenes integran el 50 por ciento de la población penitenciaria en Morelos, que significa que de 3 mil 467 internos, mil 170, que representan el 51.1 por ciento, son primo delincuentes, es decir que por primera vez han cometido un delito, particularmente contra la salud, así como posesión de vegetal verde cannabis y que además constituye un gasto de 67 millones de pesos al año para mantenerlos en prisión.
En su participación, el Doctor Rafael Lozano, quien abordó el tema relacionado con la epidemia de homicidios en México, señaló que la violencia es un problema de salud pública y rompe con el tejido social; reveló que en el país de cada diez homicidios en los hombres, hay uno en las mujeres por droga, y el problema principal es de jóvenes de 15 a 39 años, que representa el 60 por ciento de los homicidios en el país.
Al respecto, el director general del INSP, Mauricio Hernández, convocó a destinar recursos financieros para apoyar la investigación sobre este tema, de tal forma que se tenga la mayor evidencia científica posible y se parta de una revisión exhaustiva sobre el uso de la marihuana, permitiendo dimensionar el problema de salud que se está enfrentando y ayude a analizar escenarios futuros que se podrían asociar a cada una de la políticas públicas que se proponen.
María Elena Morera, enfatizó que la prohibición de la marihuana ha llevado a la creación de un enorme mercado criminal, desplazamiento de la producción de tránsito con muchos países, y el desvío de millones de recursos que se pueden ejercer en el sistema de salud, por lo que dijo estar a favor de la regularización, considerando que se debe abrir desde la producción hasta el consumo.
El Juez español Baltasar Garzón, dijo no ser partidario de la legalización, sino de la despenalización controlada, selectiva, acompañada de una política de salud de promoción y educación de la salud, estableciendo cuáles son los sectores de la población más vulnerables y que sistemáticamente están vinculados a los consumos, al tráfico y a la persecución de la droga.
Por su parte, Jorge Castañeda consideró que este foro alienta el debate que hace años en el país no se daba; aclaró que de acuerdo a las encuestas nacionales, México tiene un nivel de consumo de drogas muy por debajo de otros países, y que el 70 por ciento de la población se opone a la despenalización del consumo de la marihuana y sólo el 30 por ciento está a favor.
En este sentido la Magistrada Nadia Luz María Lara, propuso la interacción entre el juez y detenido en lo que se ha conocido como Corte de Drogas, bajo el efecto de un modelo jurídico psicoterapéutico; en este modelo el juez cambia su percepción, es decir de ejercer un problema neutral que adjudica la controversia, pasa a facilitar la rehabilitación supervisando el progreso, promoviendo la participación del programa de servicio en base comunitaria.
En su intervención, Luisa Conesa planteó que el consumo de esta droga es decisión de cada persona, por lo que no todo consumidor es adicto, sin embargo en cuanto a los criterios, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la última decisión.