Cuernavaca, Morelos, 11 de agosto de 2014. Al recibir el respaldo de las dos más importantes centrales obreras de Morelos, contra los métodos de choque del dirigente sindical Eduardo Santillán Carpinteiro, el gobernador Graco Ramírez anunció solicitar a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda dar a conocer el origen de la riqueza de este personaje.
Acompañado de Vinicio Limón Rivera y Bulmaro Hernández Juárez, secretarios generales de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y del Nuevo Grupo Sindical (NGS), el Gobernador del Estado dijo que el compromiso de ambas agrupaciones es privilegiar a los trabajadores de Morelos en las obras promovidas o realizadas por la administración estatal.
El mandatario descartó la posibilidad de una confrontación directa contra los elementos de choque del Sindicato Nacional de Trabajadores, Empleados, Choferes, Transportistas y Obreros de la Construcción (Sinatrec), ya que “se han tomado previsiones por adelantado para que por la vía legal se anulen” las pretensiones de Santillán Carpinteiro.
Al respecto, Vinicio Limón Rivera, señaló que gracias al poder de convocatoria del Gobernador, “la CTM y el NGS hacen frente común para decirle a los trabajadores morelenses que no se dejen intimidar por este tipo de individuos” que con prebendas pretenden comprar a los trabajadores y los utilizan como carne de cañón para lograr sus intereses.
“El Sinatrec nunca ha trabajado en Morelos” expresó Bulmaro Hernández Juárez y reiteró el acuerdo con la CTM para responder con unidad y organización a la pretensión de los grupos de golpeadores del Sinatrec para intentar apoderarse del contrato colectivo de la Autopista Siglo XXI firmado ya por la CTM y el NGS.
Los dirigentes coincidieron en señalar los procedimientos violentos y de chantaje utilizados por Eduardo Santillán en al menos nueve entidades del país, entre los que se están Oaxaca, Querétaro, Hidalgo y Estado de México, entre otros.
Omar Darío de Lassé, subsecretario de Gobierno, retenido hace unos días por los integrantes del Sinatrec en Jonacatepec, confirmó que se levantará una denuncia por esa privación de la libertad, que se hizo como medida de presión para ser atendidos por el Gobierno.
Graco Ramírez calificó de inaceptables la amenaza a la autoridad, retención de funcionarios contra su voluntad, el montaje de la supuesta de huelga de hambre, todas esas acciones dirigidas a interrumpir los servicios a la comunidad morelense.
Sin menoscabo del derecho al trabajo de los morelenses, señaló que la CTM y el NGS son los responsables de la obra de la autopista Siglo XXI, por lo que continuará la defensa del trabajo en Morelos “bajo el amparo de la ley y respetando, a su vez, el derecho de la sociedad y de los trabajadores de manifestarse”.
Aclaró en cambio “nuestro repudio a las acciones coercitivas, de alteración del orden público y de chantaje, para obtener no prerrogativas de ley, sino prebendas y ventajas por encima de la legalidad”, concluyó.
Carmen Cervantes de la Luz, madre de Daniel, el niño discriminado por el Colegio Don Bosco, dio a conocer que junto con su abogada están integrando el expediente para llevar este caso a la Convención sobre los Derechos del Niño o The United Nations Children’s Fund (Unicef), un organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas.
“En la actualidad, el caso de Daniel está siendo revisado por el Consejo Nacional para la Prevenir la Discriminación (Conapred), pero las sanciones son mínimas, van desde amonestaciones o pláticas o disculpas públicas, y a mi esposo y a mí no nos parece que con eso queden reparados los daños que nos han hecho a mi hijo y a mi familia”, dijo Carmen Cervantes.
Es importante documentar este caso porque nos interesa que ninguna familia y y ningún niño pase por toda esta violencia por la que nosotros y Daniel hemos pasado, dijo también la madre del menor.
La expulsión
Como Conurbados lo ha documentado y como consta en la queja 393/2014-5, presentada ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, el 21 de mayo de 2014 Daniel, quien cursaba el tercer año, fue expulsado indefinidamente del Colegio Don Bosco.
Ese día el papá y la mamá del niño fueron a hablar con María Guadalupe Ávila Pacheco, subdirectora ese plantel escolar, quien les notificó que el niño quedaba suspendido por tiempo indefinido hasta que hubiera una reunión con los padres, la maestra Edith “N”, la psicóloga del colegio y con el director José Antonio Sandoval Tajonar, porque el menor tenía conductas suicidas y representaba un peligro par a él mismo y para sus compañeros.
Ello, porque el maestro de inglés del Colegio Don Bosco reportó a los directivos –el 20 de mayo– que el menor amenazó con arrojarse desde la ventana de su salón, ubicado en el segundo piso.
En su momento, Carmen Cervantes dio a conocer que la verdadera razón de que expulsaran a Daniel fue que el menor de ocho años tiene gustos e inclinaciones por los juegos y actividades de las niñas y prefiere juntarse con ellas en vez de reunirse con los niños, y esto le ocasionó problemas a su maestra de tercer año grupo B, Edith “N”, quien al principio del ciclo escolar recibió y trató bien a su hijo, pero conforme fue pasando el tiempo, la maestra Edith “N” comenzó a tratarlo mal, a no escucharlo y a discriminarlo.
El dictamen del IEBEM
El dictamen emitido por Elvia Salazar Sotelo y Mayra Santoveña Arredondo, de la Unidad de Orientación al Público dependiente del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), de fecha 14 de julio de 2014, concluye que el menor “no presenta signos de un estado emocional ansioso o depresivo que lo ponga en riesgo contra sí mismo”.
En ese documento las especialistas señalan que el menor de edad: “tuvo disposición en cada una de las sesiones trabajadas, se mostró motivado en todo momento, atento a las consignas planteadas y participativo en los materiales dispuestos; asimismo, presenta un concepto abierto y expresó con claridad su sentir y pensar, muestra capacidad de juicio y entendimiento. Es un niño que tiende a la espontaneidad, al uso de la imaginación y se muestra soñador, tiene muy buen sentido de adaptación lo que le permite una tolerancia a la frustración utilizando mecanismos de defensa como la regresión, negación y evitación, por momentos aparecen sentimiento de inseguridad, timidez y conducta retraída”.
El dictamen también expone: “es importante señalar que no hay presencia de rasgos de carácter que denoten indicadores de una conducta agresiva o depresiva que pongan en peligro el estado emocional del menor”.
De acuerdo con la abogada Susana Díaz Pineda, integrante de la Fundación Digna Ochoa, quien ha acompañado a la madre del menor desde inicio del caso, el documento es importante porque es la primera vez que una autoridad, en este caso el IEBEM, se pronuncia en favor del menor: “Ni la Secretaría de Educación del Estado ni el DIF ni Derechos Humanos habían emitido algún pronunciamiento en favor de la víctima inmediata o de sus familiares”, dijo.
Con este resolutivo se echa abajo a aseveración de que Daniel tenía conductas suicidas y representaba un peligro para él y para sus compañeros de clase, como indebidamente lo afirmaron los directivos de Don Bosco y como fue ratificado por el sacerdote José Antonio Sandoval Tajonar, director general del Consejo de la Fundación de Don Bosco.
Carmen Cervantes negó que haya recibido ayuda de Edgar Márquez, director de Atención a la Diversidad Sexual del Gobierno Estatal, quien el 24 de julio afirmó que estarían pendientes de que el Conapred sancionara a quienes discriminaron a Daniel. “Decir que estarán pendientes del caso no es ayudar; es su obligación dar seguimiento a los casos de discriminación”, explicó la mamá del menor.
Una nueva escuela
El 15 de julio, los directivos del Colegio Don Bosco entregaron a Carmen Cervantes la documentación del menor, quien resulto aprobado del tercero año de primaria con 7.6 de promedio.
“Estamos viendo un colegio donde puedan recibirnos a Daniel. Hemos ido a varios y hay algunos en lo que parece que sí pudiera estar a gusto; eso lo decidiremos con mi esposo, con Daniel y su hermano gemelo”, dijo la madre del chico.
También mencionó que ni en las escuelas públicas ni en las privadas hay personal especializado para atender estos casos como el de Daniel, por lo que debe haber mucha comunicación entre la familia y los maestros, para que los chicos no sean discriminados por sus preferencias sexuales.
Después de que a mediados de julio de este año el Congreso del Estado rechazara nueve de 14 solicitudes de refinanciamiento presentados por los ayuntamientos, los alcaldes anunciaron diversas medidas para hacer frente a los gastos de sus respectivas administraciones.
La presidenta municipal de Jiutepec, Silvia Salazar Hernández, a la que le fue negada la autorización de un empréstito por 120 millones de pesos, dijo que aplicaría varias medidas de ahorro, entre otras el recorte de personal: “Ya pagamos 100 millones de pesos en laudos y deudas a proveedores, en lo que va del año; no podemos más”, expresó.
El alcalde de Cuernavaca, Jorge Morales Barud, se sumó a la propuesta del edil de Tlaltizapán, Matías Quiroz Medina, quien anunció un recorte de personal para reducir el gasto corriente y evitar un endeudamiento, y afirmó que se aplicaría en Cuernavaca esa medida extrema en el caso de que no se autorizara el refinanciamiento o si no se consiguiera el financiamiento por la vía federal. Al edil de la ciudad capital el congreso local le negó la autorización para solicitar un empréstito por 755 millones de pesos.
Ambos presidentes municipales coincidieron en que, aun con la falta de autorización, los servicios municipales como el suministro de agua y de alumbrado público, entre muchos otros, se tendrían que seguir prestando por ser una obligación constitucional.
Estuvieron de acuerdo, también, con que intensificarán la búsqueda de recursos federales.
La amenaza de bomba
Las decisiones de estos alcaldes se originaron por la negativa de autorización del empréstito, ocurrida el 9 de julio de este año.
Ese día, varios munícipes esperaban dentro del recinto legislativo a que les aprobaran sus solicitudes para acceder a nuevos créditos, pero alrededor de las 8:50 de la noche, el presidente de la mesa directiva del congreso estatal, Juan Ángel Flores Bustamente, solicitó suspender los trabajos legislativos por una amenaza de bomba; el pleno autorizó la suspensión cuando ya habían sido aprobados los refinanciamientos de Totolapan y Tetecala y rechazados los de Jiutepec y Cuernavaca.
De manera extraoficial, se divulgó que escoltas del diputado petista Alfonso Miranda Gallegos habían querido entrar al lugar con armas, por lo que intervino la policía del Mando Único.
La solicitud de la presidenta municipal de Jiutepec, Silvia Salazar, fue rechazada por 28 diputados, incluidos los de su propio partido, que le dieron la espalda.
A su vez, todos los diputados de todos los partidos políticos negaron la autorización de refinanciamiento al alcalde de la capital morelense.
Los dejaron solos
Jorge Morales Barud criticó la actitud de los legisladores que negaron la posibilidad de refinanciamiento y dijo que en el sistema democrático en el que vivimos es imposible que los municipios puedan actuar y sobrevivir solos: “Todos necesitamos de todos, en el ámbito local, los municipios necesitamos de los tres poderes locales y de la autoridades federales, incluso del presidente de la república mexicana”, refutó.
Silvia Salazar calificó de irresponsables a los diputados que votaron en contra: “Hay revanchas políticas entre los legisladores y los alcaldes, pero deben saber que nosotros (los actuales ediles) no generamos la deuda, la heredamos y no se vale que nos quieran hacer pagar. En la Comisión de Hacienda se aprobaron los dictámenes, pero se llevaron al Pleno y de manera incongruente votaron en contra de esos mismos dictámenes que ya habían aprobado”.
Salazar Hernández fue más allá: “El gobierno estatal no ayudó, buscó solamente la autorización para su crédito y, una vez que lo obtuvo, se desobligó de lo que pasara a los municipios; si hubiera tenido voluntad, hubiera empleado sus relaciones con el Congreso para promover que los legisladores aceptara los refinanciamientos a los municipios”, dijo.
El tan peleado 5% de participaciones
La administración estatal daba 25 por ciento de las participaciones a las municipales, pero desde el año pasado retiene 5 por ciento para destinarlo a la Seguridad.
“Nos están descontando, desde el año pasado, 3 millones 200 mil pesos cada mes, y seguirán haciéndolo hasta noviembre de este año, pero el Gobierno del Estado no llevó a cabo los procedimientos legales correspondientes y tampoco ha rendido una información pormenorizada de la forma en que ha invertido ese dinero; por eso varios ayuntamientos, incluyendo al de Jiutepec y Cuernavaca, presentarán la demanda de controversia constitucional para evitar el descuento de ese 5 por ciento”, anunció Silvia Salazar.
Volverán a insistir en septiembre
La alcaldesa de Jiutepec adelantó que en septiembre de este año solicitarán de nuevo la aprobación de Congreso para endeudarse y el edil de Cuernavaca la secundó al afirmar que presentarán la solicitud de autorización de refinanciamiento de manera más sustentada para convencer a los legisladores.
La respuesta de dos diputados no se hizo esperar:
Jordi Messeguer Gally, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) e hijo del secretario de Gobierno Jorge Messeguer Guillén, afirmó que no existirían condiciones políticas para discutir en el Pleno, por segunda ocasión, el rescate financiero municipal: «Yo los llamaría mejor a que cada municipio pudiera revisar sus finanzas, sus gastos corrientes o sus propias contrataciones de deuda, para que puedan ‘eficientar’ el gasto público que tienen ellos. Yo lo veo muy complicado en este momento», aseveró.
También, el legislador panista Javier Bolaños Aguilar advirtió que el Ayuntamiento de Cuernavaca recibiría la negativa del Congreso del Estado, porque no ha dado muestras de austeridad ni eficiencia administrativa: “Las cosas no han cambiado ni un ápice desde la sesión ordinaria del pasado 9 de julio, donde de manera contundente, los diputados de todos los partidos políticos dieron su voto de rechazo a la intención del alcalde Jorge Morales Barud de concretar la autorización para el refinanciamiento de 755 millones de pesos”, aseveró.
Tampoco habrá fondo de rescate financiero
Silvia Salazar, al ver la cerrazón de los legisladores, también propuso la creación de un fondo para el rescate financiero de los municipios.
El gobierno estatal respondió por medio la Secretaría de Hacienda: “No existe alguna posibilidad para apoyar a los municipios que enfrentan crisis financiera. El Gobierno del Estado no puede apoyar ni crear ningún fondo porque ya tiene el recurso comprometido y además no existe un fundamento legal para el rescate financiero de los municipios”, explicó.
Buscan ayuda afuera
Para resolver el problema económico de su administración, Jorge Morales Barud anunció que no había plan B: “Tenemos un problema grave cuando uno hereda deudas impresionantemente altas e irresponsablemente administradas, pero mantendremos nuestra atención en la Secretaría de Hacienda (federal), como en los organismos municipalistas, como la Conferencia Nacional de Municipios de México, y la Secretaría de Desarrollo Social”, expuso.
Salazar Hernández dijo que el plan B para resolver los problemas económicos que enfrenta su administración –y al que se suman 100 laudos laborales que van desde mil pesos hasta de un millón de pesos– incluye la defensa jurídica del 5 por ciento de las participaciones estatales que les “descuentan indebidamente”, la gestión con organismos nacionales para conseguir recursos para obra pública y el recorte de personal con que el ayuntamiento a su cargo cuenta y que en este momento asciende a 1,600 trabajadores.
Los fines políticos
Sobre los objetivos políticos de los legisladores locales en esta falta de apoyo a los municipios, el alcalde de Cuernavaca dijo que los diputados no deberían estar pensando en puestos políticos para el año 2015, sino atener los asuntos que interesan a la población.
La edil de Jiutepec, a su vez, sentenció: “Muchos diputados ya se consideran presidentes (municipales) en la próximas elecciones y les quieren cerrar el paso al desarrollo de los municipios”.
La estocada
En las modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal, aprobadas el 26 julio, se incluyó un artículo sexto transitorio, que reduce las participaciones a los estados por ingresos petroleros del porcentaje original de 79.73 por ciento de los ingresos a 73 por ciento en 2015; con esto, según el diputado federal del PRD Antonio Altamirano, integrante de la Comisión de Hacienda, la afectación sería de casi 23 mil 600 millones de pesos.
Por si eso fuera poco, el 29 de julio, el delegado de la Secretaría de Gobernación (Segob), Erick Castro Ibarra, descartó la posibilidad de crear un fondo económico federal para apoyar a las municipalidades que están en crisis financiera; sin embargo, dijo que capacitarían a los alcaldes para que bajen fondos internacionales.
El delegado de la Segob indicó que es responsabilidad del Gobierno del Estado, de Congreso local y de los municipios resolver el problema financiero que enfrentan, y que el gobierno federal no cuenta con recursos para apoyar a los municipios para pagar laudos, “porque estarían violando la ley de presupuestos de egresos de la federación; y Morelos no puede ser la excepción de recibir recursos adicionales, porque también Guerrero lo va a pedir, Tamaulipas, Puebla y los demás estados”.
Huitzilac.- Un anuncio en la puerta de la oficina del presidente municipal de esta demarcación en que se informa: “No habrá apoyos económicos a nadie del municipio”, es el reflejo de un ayuntamiento ahogado en deudas por laudos y que clama al Congreso del Estado por un refinanciamiento.
Cientos de personas pasan diariamente por el pasillo de la alcaldía a cargo de Alfredo Mancilla Rojas, algunas de ellas realizan trámites en las diversas dependencias que el ayuntamiento alberga. Pero justo en la puerta principal que dirige a la oficina del alcalde, llama la atención el letrero: “Se informa que por el momento no se podrán otorgar apoyos económicos (sin excepción)”.
Para muchos les resulta indiferente, pero las personas que buscan hablar con la secretaria del edil, se topan con el papel. Algunos lo leen y resignados se van, otros hacen caso omiso y buscan el apoyo; sin embargo, la empleada les repite lo mismo que reza el letrero, sin dar mayor explicación.
Según fuentes oficiales, el presidente municipal asegura que la situación que envuelve a este municipio por deudas con proveedores, laudos laborales y una nómina apretada –pero necesaria, según él alcalde panista– son los motivos por los que “ya no alcanza” para dar apoyos económicos a ningún huitzilaquense.
Hasta sus funcionarios critican al alcalde
Pero los testimonios de algunos regidores y directores de la comuna aseguran que eso es una muestra de la indiferencia, ineptitud, falta de iniciativa y ganas, de parte de Mancilla Rojas, para apoyar a sus ciudadanos.
“Dice que no hay apoyos porque se tienen que pagar laudos, pero al principio para quedar bien con las personas que lo apoyaron, les dio trabajo y meses después corrió a todos porque ya no podía pagar la nómina y se quedó con sus regidores y con sus parientes cercanos”, lamentó un director que prefirió permanecer en el anonimato.
“Si nos autorizaran un refinanciamiento, de todos modos no se podría utilizar para pagar laudos; pero bien lo podríamos emplear para resolver otras cuestiones. Por ello, la urgencia de que el Congreso apruebe nuestro crédito; de otro modo, el ayuntamiento de Huitzilac se quedará estancado”, señaló un regidor.
La gente de este municipio localizado al norte de la entidad, reclama y exige sus apoyos, ya que no hay otros más que los que brinda la federación y el Gobierno del Estado de Morelos.
“El Feo” no da ni el pésame
“Se murió el esposo de una señora pobre, muy pobre; no tenían ni para el cajón y el ‘Feo’ –como ya apodan al alcalde en la región– no le dio ni el pésame, sólo le dijo ‘no hay dinero, no podemos hacer nada’”.
Fueron los vecinos quienes cooperaron para cubrir esos gastos funerarios, al igual que políticos de otros partidos”, reveló a Conurbados una trabajadora del ayuntamiento de esta localidad.
Para conocer la postura de Mancilla Rojas, se solicitó una entrevista telefónica con él, luego de que la secretaria negara la cita porque “es el (secretario) particular el que las autoriza”; no obstante, el edil tampoco accedió a la conversación.
Cuautla.- Integrantes del movimiento de la Policía Ciudadana y Popular de Temalacatzingo, de Cualac y de la colonia Emiliano Zapata, en el estado de Guerrero, aseguraron que la creación de esta policía es un proyecto político de seguridad y justicia que ha tomado por lo menos 10 años para constituirse, que no es un grupo armado ni le han declarado la guerra a nadie.
Los representantes de las policías comunitarias de los mencionados pueblos dieron a conocer su experiencia a un grupo de personas que participan en el seminario “Transformando nuestra realidad”, que organizaron integrantes de la sociedad civil en esta ciudad del oriente del estado de Morelos.
Seguridad ciudadana, las prácticas comunitarias en México, fue el tema impartido por integrantes de la policía comunitaria de Temalacatzingo, municipio de Olinalá, Guerrero.
Los ponentes de la policía comunitaria aseguraron que la seguridad y justicia en esos pueblos está basada en normas comunitarias y que aparecieron públicamente el 2 de diciembre de 2012 en Temalacatzingo; posteriormente en Cualac, el 10 de febrero de 2013, y en la colonia Emiliano Zapata, municipio de Tlapa, el 24 de agosto de 2013.
Aseguraron que es una policía civil, que las armas que portan (rifles, según las fotografías) son simbólicas. Los movimientos armados y militares no resuelven nada, dijeron, porque tienen las experiencias de 40 años atrás.
En la Policía Ciudadana y Popular participan personas de todas las edades, jóvenes y personas de mayor edad, cuya garantía para ellos es el trabajo productivo: “quienes producen para sí” no andan mendigando, destacó Xitlali Pérez Vázquez, una joven integrante de ese grupo.
Aseguraron que han exigido al gobierno del estado de Guerrero que haya “respeto irrestricto a su autonomía y autodeterminación”; para ello, se respaldan en “diversas leyes nacionales e internacionales” y han pedido respeto y reconocimiento a su sistema de seguridad y justicia.
Los ponentes originarios de Temalacatzingo informaron sobre su sistema organizativo: un Coordinador Regional de Seguridad y Justica, la Asamblea General, el Consejo de Gobierno de Seguridad y Justicia, en donde se atienden, además, asuntos agrarios, ambientales, familiares e imparten talleres educativos, entre ellos el de autoestima; consideran que es a través de la educación van a lograr el cambio.
La Policía Ciudadana y Popular cuenta con unos 300 efectivos en los tres municipios que integran el movimiento, su sistema de justicia es: Retención, Reeducación y Reintegración a la comunidad.
Los integrantes de este cuerpo de seguridad comunitaria se fundamentan en valores tales como: honestidad, responsabilidad, construcción de la soberanía popular, democracia, libertad, justicia, armonía, seguridad, paz social y conciencia plena.
La policía comunitaria de Metepec, municipio de Ocuituco, estado de Morelos, es un Sistema de Seguridad Comunitaria histórica; se recuerda que ya existía desde principios del siglo XX, en la revolución de 1910. Esa es la historia que más se cuenta.
Herlindo Arenas Rosales, originario de ese lugar e integrante de la policía comunitaria, explicó el funcionamiento de dicho sistema: es un trabajo solidario ciudadano que se aporta a la comunidad; para integrarla, es necesario tener el reconocimiento de la población y uno de los requisitos más importantes que se tienen que cumplir, además de honorabilidad, es ser abstemio.
De acuerdo con datos de don Herlindo, existen dos tipos de guardias: Guardias Rurales y Guardias Comunitarias Civiles. Las primeras son responsables de hacer vigilancia nocturna en la zona de huertas de aguacate, de 19:00 a 7: 00 horas (esto es de 7 de la tarde noche a 7 de la mañana), estas guardias están bajo la responsabilidad del Comisariado Ejidal y Consejo de Vigilancia del Ejido de Metepec y funcionan por cuadrillas y un cabo.
Las segundas, las Guardias Comunitarias y Civiles, son las responsables de la vigilancia dentro de la comunidad; el número de cuadrillas están condicionadas a las propias necesidades de la vigilancia: guardias para las festividades sociales, culturales y fiestas religiosas. Éstas dependen del ayudante municipal de la localidad y trabajan durante el día.
Cada habitante, un guardia
Prácticamente cada persona de Metepec es una guardia comunitaria. A los niños y niñas se les enseña a vigilar; gracias a eso, en el año 2013, se pudo evitar el rapto de una menor que era llevada de la mano por una desconocida.
Esa mujer fue denunciada por otra menor y metida a la cárcel, pero la población se encolerizó y hubo intento de linchamiento; afortunadamente, se pudo mantener con vida, aseguró don Herlindo, quien mostró su preocupación, por ese suceso, pues dijo que no supo cómo contener una población enojada, pero además de eso, enseguida bajó gente de los poblados cercanos, lo que hizo más complicada la situación.
Ahora, su preocupación –comentó– es la injerencia del Mando Único que podrá entrar al poblado para acompañar a las guardias rurales.
Metepec se localiza entre las cabeceras municipales de Ocuituco y Tetela del Volcán (en este último municipio, existe también una red de vigilancia entre los pueblos), en lo que se ha dado en llamar Los Altos de Morelos, poblaciones cercanas al volcán Popocatépetl.
La principal actividad en Metepec es la agricultura, en especial la producción de aguacate, en una superficie aproximada de 120 hectáreas y alrededor de 800 productores aguacateros.
Xitlalli, explica la forma organizativa de la policía comunitaria
Por Elsa Castorela Castro
Cuautla. Líderes sociales, académicos, artistas, intelectuales y organizaciones sociales comparten experiencias para conocer los instrumentos jurídicos y políticos que les permita enfrentar la inseguridad que se vive en Morelos y defender los derechos humanos, con temas como seguridad, justicia, alimentación, vivienda, trabajo, salario, educación, cultura, salud y otros. Ello mediante una mesa de análisis que se realiza en esta ciudad en el seminario “Transformando nuestra realidad”.
Para Jorge Juárez, del Fondo de Lucha por la Democracia, las comunidades tienen que pensar nuevas formas de organización y conocer los instrumentos jurídicos y políticos para enfrentar esa realidad; en el seminario se comparten experiencias y se analizan conjuntamente desde la pluralidad del pensamiento y la práctica política para hacer visible la problemática, en especial la inseguridad, destacó.
La idea de reunir a diversas expresiones organizativas surgió a raíz del asesinato de la tesorera de Tlalnepantla, porque la sociedad civil “necesariamente tenemos que actuar y visibilizar la problemática”, por esa razón se invitaron a personas que han estado construyendo un proceso de transformación de la realidad a través de un proyecto de sociedad alternativo e incluyente, con pleno respeto al medio ambiente y conservando el territorio, expresó Jorge Juárez.
Aseguró que existen muchos problemas graves; uno de los que les preocupa; el riesgo del equilibrio ambiental de la cuenca del río Cuautla, porque se sabe que existen concesiones de minas en la región oriente que requieren de extraer miles de litros de agua que hasta ahora se ha destinado a la agricultura, que en el futuro sería para las mineras
Con el agua del río Cuautla se riegan miles de hectáreas de los ejidos de Amilcingo, Cuautla, Cuautlixco, Ayala, Tepalcingo, Jonacatepec y más.
Morelos está atravesando por un proceso de neocolonización, como sucedió hace 500 años que llegaron los españoles a controlar los recursos naturales, extraer la riqueza y explotar la mano de obra, nuevamente son españoles los que se están instalando en el oriente de Morelos, los que están construyendo el gasoducto, la termoeléctrica, el acueducto, y pretenden industrializar la región que va de Yecapixtla al Parque Industrial de Cuautla, destacó Jorge Juárez.
Cuernavaca, Morelos; 11 de agosto de 2014. Ayudantes municipales de los 12 poblados de Cuernavaca manifestaron su respaldo al ayudante de Tlaltenango, Daniel Vázquez Hernández, y pidieron al ayuntamiento de Cuernavaca que no vulnere los usos y costumbres.
Luego de los golpes que se suscitaron ayer en la cancha de usos múltiples del poblado de Tlaltenango, donde se llevó a cabo la elección del comité organizador de la feria, y el ayudante Daniel Vázquez Hernández llegó con un grupo de 250 personas que intentaron entrar para formar parte de la elección y continuar con el manejo de la feria.
Los 12 ayudantes municipales de Cuernavaca lamentaron que el ayuntamiento de Cuernavaca mediante sesión de cabildo ordenó la elección para un comité organizador de la feria del poblado de Tlaltenango, porque eso vulnera las costumbres de los pueblos y preocupa que lo ocurrido ayer pueda suceder en sus colonias cuando lleven a cabo sus festividades.
“No queremos que suceda esto, queremos el diálogo, conforme a derecho y se respete una cuestión constitucional que es el respeto de usos y costumbres. Nos cae de extraño que suceda esta situación porque hemos tenido diálogo con el edil, hemos avanzado en pláticas y debe intervenir el alcalde para que se transparente lo de ayer y no sigan sucediendo estos actos porque es preocupante, en Tlaltenango hubo cordura, pero en otros poblados son más aguerridos y no vamos a permitir que se vulnere la figura de ayudante municipal”, dijo Julián Jiménez ayudante de San Miguel Acapantzingo.
Por su parte, el ayudante de Tlaltenango, Daniel Vázquez Hernández, aseguró que la feria de su poblado no está en riesgo a pesar de la intervención del ayuntamiento de Cuernavaca para legitimar algo que fue un albazo.
“Vamos a ver las formas legales para echar atrás su procedimiento, se violentó estado de derecho, el ayuntamiento no tiene facultad para llamar a elección de su comité, haber convocado a esta elección es arbitrario, violentando costumbres y constitución para tratar de tomar las riendas, vamos a presentar queja ante el Conapred, porque es discriminación, están discriminando mi poblado y mi autoridad. Policías me detuvieron pero vecinos hicieron frente y me solté, logre entrar y no dejaron que se registraran otras planillas, fue un atropello”, subrayó.
Cuernavaca, Morelos; 11 de agosto de 2014. Por baja de peso, una de las cinco trabajadoras de del SINATREC, abandonó la huelga de hambre a la que se había puesto el martes 5 de agosto afuera de Palacio de Gobierno, para demandar al Poder Ejecutivo el contrato colectivo para su sindicato de la autopista siglo XXI.
Alicia Díaz García abandonó el día de ayer la huelga de hambre porque desde hace dos días ya presentaba taquicardias y no se pudo estabilizar, informó Nancy Montesinos Olivar, una de las cinco trabajadores que iniciaron con la protesta.
Montesinos Olivar relató que los seis días que llevan sin probar alimento, no han tenido diálogo con la autoridad y responsabilizan a Graco por lo que les pudiera suceder, porque en el tiempo que llevan ahí afuera de palacio sólo han sido intimidadas.
“Hemos sido intimidadas por el Gobierno, han venido con preguntas de nuestra familia, dónde se encuentran, somos nosotras las que decidimos iniciar la lucha pero no van a pagar terceros por decisiones que hemos tomado, vamos a permanecer hasta que aguantemos”, manifestó.
Asimismo, negaron que sea una lucha artificial como calificó el secretario de Gobierno, Jorge Messeguer Guillén, por lo que están dispuestas a realizarse exámenes clínicos para comprobar su estado de salud.
Por último, reconocieron que la autoridad sólo les ofreció firmar un contrato en blanco para que les den trabajo en la autopista siglo XXI, pero que no están de acuerdo porque no les ofrecen un trabajo digno.
“Nos están ofreciendo firmar un contrato de protección, donde quieren que firmemos una hoja en blanco, cuando la Ley Federal del Trabajo dice que todos tenemos derecho a un trabajo digno con prestaciones, y ellos no están velando por las familias, al contrario, para que sigan en la miseria. Este sindicato ha sido creado para que tengamos buenas prestaciones y sí tenemos el derecho. Fuimos el primer sindicato que interpusimos el emplazamiento pero el gobernador le cedió a otro sindicato esto”, aseveró Nancy Montesinos.
Cuernavaca, Morelos; 11 de agosto de 2014. Familiares de algunas de las víctimas de la delincuencia en el estado, se pronunciaron a favor del plebiscito que propuso la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos (CMMC) para destituir al gobernador ante la falta de resultados en materia de inseguridad.
El pasado domingo, la CMMC convocó nuevamente a una marcha “por la paz» en donde se acordó la elaboración de una asamblea en donde los ciudadanos elegirán el próximo cinco de octubre si el Graco Ramírez continúa o no en su puesto como gobernador de la entidad, esto por la falta de eficacia para combatir la inseguridad.
Al respecto Ana Luisa Garduño Juárez, madre de Ana Karen Huicochea, quien fue asesinada supuestamente por su novio hace aproximadamente dos años, se pronunció a favor del plebiscito porque “a pesar de que gobierno del estado ha atendido a los familiares de las víctimas y ha mostrado disposición para resolver sus casos, hasta la fecha no han percibido resultados ni avances en cada uno de los más de 13 casos de victimas de asesinato, secuestro y desaparición que conforman su movimiento.
“En el caso de mi hija, se mostraron las pruebas que inculpaban a su novio; fue plenamente identificado y la omisión de las autoridades provocó que él quedara libre. Es precisamente por la omisión e indiferencia de las autoridades que no hay resultados en materia de seguridad y sí no cumple con eso, que sea el pueblo que decide si se va o no”, apuntó.
Aunque aseguró que en lo que va de la administración perredista que encabeza Graco Ramírez, el poder ejecutivo ha mostrado disposición y jamás les ha negado apoyo, pero los resultados no se han percibido.
No obstante el Gobierno de la Nueva Visión presume resultados en esta materia, pero Garduño Juárez se mostró dudosa ante tales declaraciones.
“Los resultados o avances son cuestiones de percepción, pero de ellos mismos. No sé en qué se basan para publicar esas cifras, ya que cada vez se acercan más familiares de víctimas a nuestro movimiento y eso precisamente muestra la falta de resultados e inoperancia del ejecutivo”, puntualizó.
