Mes: septiembre 2014

Por Magda García

Jiutepec, Morelos; a 30 de septiembre de 2014. La presidenta municipal de Jiutepec, Silvia Salazar Hernández, no comparte el pronunciamiento que el mandatario estatal Graco Luis Ramírez Garrido Abreu  planteó en días pasados para que se hagan  reformar la Constitución Política en su artículo 115, que plantea que la labor policial  se centralice  al Gobierno Estatal y ya no dependa de los 33 municipios.

Al señalar que la propuesta del jefe del Ejecutivo Estatal que se presentará a los diputados federales no es la solución, la alcaldesa expresó “no la comparto, centralizar este tema no es lo ideal, tenemos que al contrario  que socializar y apoyar más a los municipios porque es aquí en los municipios donde vivimos donde palpamos diariamente las necesidades de la gente entonces centralizando no es lo ideal”.

Salazar Hernández pidió a los diputados federales tomar en cuenta a los directamente involucrados -31 presidentes municipales y dos alcaldesas en este planteamiento, ya que afirmó que la mayoría de sus homólogos morelenses  han evidenciado en la Asociación de Autoridades Locales en México A.C. (Almac) y la Federación Nacional de Municipios de México A.C (FENAMM), no están a favor del pronunciamiento  hecho por el gobernador.

“Ojalá y a nivel federal los diputados federales escuchen también nuestras propuestas a través de la  ALMAC, FENAPM, en la que estamos llevando nuestras opiniones, hoy en día la mayoría no está de acuerdo con este tema, ojalá lo puedan reflexionar nuestros diputados federales”.

Esto luego de que en días pasados en el marco del  tercer Foro Nacional Sumemos Causas “por la seguridad, Ciudadanos + Policías”, al señalar que las alcaldías no cuentan con la capacidad para atender este rubro el gobernador morelense se pronunció a favor de que los municipios dejen de tener la responsabilidad de la seguridad pública y de que sea directamente el Estado –la Comisión Estatal de Seguridad Pública-, la instancia que asuma por mandato de forma directa las labores de vigilancia, seguridad y orden social en los 33 municipios.

Finalmente, la alcaldesa declaró respecto a  los policías que fueron señalados como responsables de tortura Silvia Salazar señaló que los elementos acusados  continúan trabajando hasta en tanto no se defina si ellos los municipales o elementos del Mando Único de la Comisión Estatal de Seguridad son los responsables de las quemaduras y lesiones que denunciaron tres personas.

 

Por María Nava y Máximo Cerdio

Cuernavaca, Morelos; 29 de septiembre de 2014. La abogada y activista Susana Díaz Pineda dio a conocer que hace unos días personal del Sistema DIF, un visitador de la Comisión de Derechos Humanos, un trabajador social y un psicólogo acudieron al domicilio de la familia de Daniel “N” con la intención de someterlo a diversos estudios, acción por solicitud del sacerdote Antonio Sandoval, director del Colegio Don Bosco, como supuesta prueba de que el menor tiene «ideas suicidas».

«A solicitud del sacerdote, y ellos lo ponen así el documento que nos dan a conocer, lo plasman así a solicitud del director, nos llama la atención que a solicitud del sacerdote dueño de la escuela se abre inmediatamente el enlace con la autoridad y cuando el niño fue expulsado del Colegio Don Bosco no hubo enlace con ninguna autoridad, no ha habido el acompañamiento con el niño ni la asesoría», sostuvo Susana Díaz Pineda.

La familia se negó a acceder a este estudio ordenado por el sacerdote, sin embargo ha habido la insistencia por la Comisión de Derechos Humanos del Estado y otras instancias para que la inspección al menor de edad se realice, por lo que se presumen se trata de un acto de intimidación para desistir sobre la queja que la familia del niño presentó contra el Colegio religioso ante Derechos Humanos y ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

«Si la Comisión de Derechos Humanos esta tomando partido por una de las partes está bien, pero que asuma las consecuencias de que la familia decide no participar y tampoco va a dar marcha atrás en esta queja, la queja sigue, si es un modo de intimidar a la familia para que se desista de la queja», dijo la también integrante de la Fundación Digna Ochoa.

Hace poco más de cuatro meses, la familia del pequeño Daniel solicitó la intervención de la Comisión d Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) para evitar que fuera expulsado de la escuela y perdiera el ciclo escolar. Hoy la familia del menor denunció acoso y hostigamiento por parte del organismo.

Cabe recordar que en el mes de mayo pasado, Daniel fue dado de baja del Colegio Don Bosco en Cuernavaca presuntamente por tener tendencias suicidas y representar un «riesgo» para sus compañeros, sin embargo la familia denunció que en realidad se trataba de un acto de discriminación debido a la orientación sexual del menor, quién se asume como niña.

Susana Díaz refirió que hace cuatro meses solicitaron con carácter de urgente la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, para que brindará apoyo y asesoría al menor y su familia, así como un estudio que determinara su estado físico y emocional, pero se negó.

«La Comisión en ese momento no pudo o no quiso hacer nada, el niño no pudo terminar el año, hoy cuatro meses después cuando el niño está en un proceso de sanación, en una nueva escuela la Comisión decide volver a violentar a este pequeño», dijo.

Cabe señalar que el instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), por medio de la Unidad de Orientación al Público, dictaminó que el menor Daniel “N”, no presenta signos de un estado emocional ansioso o depresivo que lo pongan en riesgo sobre sí mismo.

Dicho dictamen fue emitido con fecha 14 de julio de este año, por Elvia Sotelo, directora de la Unidad de Orientación al Público del IEBEM y Mayra Santoveña Arredondo, doctora y maestra en esa dirección.

El dictamen contradice la afirmación que emitió el Colegio Don Bosco en el sentido de que el menor de edad que cursaba el tercer año en el grupo B, quedaba expulsado indefinidamente porque tenía conductas suicidas y representaba un peligro para él y sus compañeros.

La madre del chico, Carmen Cervantes, dijo que con este dictamen se comprobaba que su menor hijo había sido expulsado del colegio Don Bosco por sus preferencias sexuales distintas, es decir, se demuestra que fue discriminado.

 

Por la Redacción

Cuernavaca, Morelos; 29 de septiembre de 2014. La propuesta de adición al artículo 77 del Código Familiar establece que para garantizar el cumplimiento de la obligación alimenticia que se dicta por sentencia en caso de que los padres se separen, el deudor alimenticio debe estar al día con sus obligaciones para poder contraer un nuevo matrimonio, y que en su caso sea un requisito o un impedimento si no lo cumpliera.

Ésta es la propuesta que presentó el diputado Joaquín Carpintero Salazar planteó al Pleno Legislativo.

Con el objetivo de  impedir que el deudor alimentario vuelva a contraer matrimonio en caso de incumplir su responsabilidad.

El presidente de la Comisión de Desarrollo Social señaló que es menester sensibilizar a los ciudadanos sobre la importancia y enorme privilegio que implica ser padres, con todos sus derechos y obligaciones; de ahí la necesidad de modificar y crear una legislación más eficiente y acorde a los tiempos que vivimos.

Agregó que la necesidad de esta adición se debe a que en Morelos, de unos años a la fecha se ha registrado una importante cantidad de divorcios que se convirtieron en litigios por incumplimiento de la pensión alimentaria, para lo cual la actual legislación no aplica mayor sanción que la pérdida de la patria potestad.

El legislador expuso que el derecho a los alimentos, entendidos como los medios indispensables para satisfacer las necesidades básicas del menor, es un derecho irrenunciable, además de una obligación legal y socialmente reconocida, por lo que debe presentarse de manera voluntaria, pero si no se cumple con ese deber, el Estado tiene la obligación de hacerlo cumplir, protegiendo un bien jurídico de interés superior del menor.

La calidad de vida familiar es un factor decisivo en el desarrollo del menor y es una herramienta a futuro en los momentos que se deben enfrentar situaciones como el desempleo, enfermedades, muerte, separaciones y divorcios, señaló.

Por María Nava

Cuernavaca, Morelos; 29 de septiembre del 2014. El secretario general del ayuntamiento de Cuernavaca Enrique Paredes Sotelo informó que la decisión y última palabra sobre la construcción o no de las dos gasolineras en el poblado de Chipitlán es del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA), pues existe actualmente un juicio en proceso.

Recordó que hace algunos meses colocaron sellos de clausura en estas dos construcciones, por lo que los empresarios presentaron una demandante ante el Tribunal Contencioso Administrativo, con la intención de anular la  clausura que el ayuntamiento ordenó.

Paredes Sotelo explicó que posteriormente retiraron los sellos para intentar negociar con los empresarios, sin embargo debido a la molestia y el bloqueo de los habitantes procedieron de nueva cuenta con la clausura.

«Aquí lo importante es que el Tribunal Contencioso ratifique una posible nulidad de las licencias ya expedidas, es decir ya las licencias están expedidas ahora el acto de autoridad no puede ser revocado por nosotros mismos, debe ser una autoridad en este caso el Contencioso que lleve a cabo la nulidad» dijo.

Señaló que los permisos y licencias para la construcción de ambas gasolineras fueron otorgadas durante la pasada administración del entonces alcalde Manuel Martínez Garrigós.

Por María Nava

Cuernavaca, Morelos; 29 de septiembre del 2014. La Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH) consideró errónea la estrategia de capacitación policiaca para los elementos del Mando Único en Morelos, al tomar la asesoría de seguridad de Colombia.

José Martínez Cruz integrante de la CIDH informó que la estrategia de seguridad diseñada en el estado ha fracasado, por lo que ahora lo pretende resolver a través de la capacitación y lógica policiaco-militar de Colombia, uno de los países más violentos contra los sectores sociales.

«Es un error estratégico y el proceso de colombianización que eso significa va a representar mayores costos para la población en materia de pérdida de derechos humanos,  seguridad y un fortalecimiento de la represión para detener a activistas y dirigentes», dijo.

Explicó que Colombia tiene uno de los índices más altos en homicidios en los rubros de defensores de derechos humanos, sindicalistas y periodistas, y la policía de investigación era utilizada para perseguir a los activistas, por lo que se vislumbra  un incremento en la violación de derechos humanos y la represión contra movimientos sociales y activistas.

«Por eso nos parece errónea esa perspectiva de capacitación o estrategia porque no hay lo que se dijo en algún momento, como la policía de proximidad que no existe, una verdadera seguridad ciudadana y en el caso de Morelos los niveles de violencia crecen enormemente», finalizó.

Por María Nava

Cuernavaca, Morelos; 29 de septiembre del 2014. Decenas de habitantes y padres de familia de siete escuelas del poblado de Chipitlán realizaron un bloqueo en avenida Morelos que colapsó la capital del estado durante más de seis horas, para exigir que se detenga la construcción de dos gasolineras en la zona.

Desde las ocho y media de la mañana, casi un centenar de personas bloquearon la vialidad con mantas y sillas, en ambos sentidos de esta avenida que conecta con la autopista Cuernavaca-Acapulco, por lo que tanto vehículos particulares como de transporte público tuvieron que buscar vías alternas y desviar sus destinos.

El ayudante municipal del poblado Alfonso Díaz Hernández explicó que se pretende la construcción de dos gasolineras, una frente al jardín de niños Lázaro Cárdenas y la segunda tan sólo unos metros más adelante, lo cual afirmó preocupa a la comunidad pues para ellos es una bomba de tiempo.

«Tanto ambiental, un problema ambiental, un problema de tráfico, esa gasolinera no es sustentable es totalmente inviable, no hay seguridad y aparte es una bomba de tiempo porque a menos de 20 metros está una secundaria y un jardín de niños», dijo.

Explicó que no son necesarias estas gasolineras, pues existe una en la colonia Las Palmas y se está construyendo otra y hay dos más en El Polvorín, por lo que no responde a la necesidad de la gente, sin embargo presumen que una de ellas la pretende construir el diputado Manuel Martínez Garrigós.

Finalmente cerca de las tres de la tarde el bloqueo fue retirado tras la colocación de sellos de clausura por parte de las autoridades municipales.