Por Máximo Cerdio
Foto: Guadalupe Flores
En Morelos, vale quinientos o mil pesos agredir a los periodistas e impedir que el pueblo se informe, ya que esa cantidad es lo que el abogado del agresor Benito Antonio Martínez nos ofreció a quienes fuimos golpeados, afirmaron los reporteros golpeados el 20 de marzo,frente al Congreso del Estado, durante una manifestación en contra del diputado del Partido del Trabajo, Alfonso Miranda Gallegos.
Los comunicadores tuvieron una audiencia en la sala tres de juicios orales, en la causa penal JC/204/2014, por los delitos de lesiones e incitación al delito, en contra de Ángel “N”, y en donde el juez Eddie Sandoval Lomé propondría a petición del defensor una suspensión del procedimiento, pero no se llevó a cabo porque no se pudieron citar a todas las presuntas víctimas, por lo que el juzgador difirió la audiencia para el 7 de mayo a las 8 de la mañana.
Las víctimas alegan que no se trata nada más de los golpes que les dieron, sino que los agresores, que son familiares del diputado estatal Alfonso Miranda Gallegos, sabían que eran reporteros y que estaban cubriendo esa información. “Fueron directamente en contra de una compañera, la empujaron y la golpearon, lo mismo que a tres compañeros reporteros más; fueron al menos tres familiares del diputado, hay videos y fotografías que se ofrecieron como prueba”, afirmaron los trabajadores de medios locales de comunicación.
“Según nos han explicado en la Fiscalía Adscrita a la Zona Metropolitana, lo que el juez propondrá es el pago simbólico, en concepto de reparación del daño, a las cuatro víctimas: a una por mil pesos y a las restantes por quinientos pesos cada una, pero soltarán al agresor como si nada hubiera pasado, no tendrá ningún antecedente, ningún precedente”, dijeron. Y agregaron: “el juez sólo está tratando este asunto como si fuera un pleito de borrachos, un sujeto que le dio unos golpes a otros, pero no es así, porque nosotros estamos cubriendo un acontecimiento de interés público, somos reporteros, fotógrafos, camarógrafos que debemos ejercer nuestra profesión de manera libre y la sociedad tiene derecho a ser informada”.
Uno de los reporteros dijo que dos o tres días después del 20 de marzo, el gobierno le había puesto una patrulla con algunos policías de proximidad, pero a los tres días ya no hubo vigilancia. “También me pidieron que no me aproximara al Congreso, porque al menos uno de los agresores trabajaba ahí, y yo podía tener problemas”, explicó.
Agregó que en Morelos al gobierno no le preocupa que el ejercicio periodístico de los reporteros se realice con las garantías que ordena la Constitución federal. “El 20 de marzo de este año me golpearon familiares del diputado Alfonso Miranda y el 10 de octubre del año pasado, yo y otros compañeros, fuimos agredidos por policías municipales y estatales durante la cobertura de un desalojo y el gobierno tampoco nos dio ni nos ofreció garantías para hacer nuestro trabajo”, precisó una de las víctimas.
“Para el día 7 de mayo está programada la audiencia en las salas de juicios orales. Si el juez Eddie Sandoval Lomé continúa con esa oferta y no le dan la importancia que tiene este asunto, si no hay una disculpa pública y compromiso por parte del gobierno de que se va a garantizar nuestro libre ejercicio de nuestra profesión, nuestra libertad y el derecho a la sociedad de ser informada, nosotros nos inconformaremos con la resolución que emita en juez que conozca del caso”, afirmaron los ofendidos.
Fe de erratas: en la edición impresa por erro se adjudicó la fotografía a Silvia Venegas, pero es de la forógrafa y reportera Guadalupe Flores.