Por Máximo Cerdio
Después de que a mediados de julio de este año el Congreso del Estado rechazara nueve de 14 solicitudes de refinanciamiento presentados por los ayuntamientos, los alcaldes anunciaron diversas medidas para hacer frente a los gastos de sus respectivas administraciones.
La presidenta municipal de Jiutepec, Silvia Salazar Hernández, a la que le fue negada la autorización de un empréstito por 120 millones de pesos, dijo que aplicaría varias medidas de ahorro, entre otras el recorte de personal: “Ya pagamos 100 millones de pesos en laudos y deudas a proveedores, en lo que va del año; no podemos más”, expresó.
El alcalde de Cuernavaca, Jorge Morales Barud, se sumó a la propuesta del edil de Tlaltizapán, Matías Quiroz Medina, quien anunció un recorte de personal para reducir el gasto corriente y evitar un endeudamiento, y afirmó que se aplicaría en Cuernavaca esa medida extrema en el caso de que no se autorizara el refinanciamiento o si no se consiguiera el financiamiento por la vía federal. Al edil de la ciudad capital el congreso local le negó la autorización para solicitar un empréstito por 755 millones de pesos.
Ambos presidentes municipales coincidieron en que, aun con la falta de autorización, los servicios municipales como el suministro de agua y de alumbrado público, entre muchos otros, se tendrían que seguir prestando por ser una obligación constitucional.
Estuvieron de acuerdo, también, con que intensificarán la búsqueda de recursos federales.
La amenaza de bomba
Las decisiones de estos alcaldes se originaron por la negativa de autorización del empréstito, ocurrida el 9 de julio de este año.
Ese día, varios munícipes esperaban dentro del recinto legislativo a que les aprobaran sus solicitudes para acceder a nuevos créditos, pero alrededor de las 8:50 de la noche, el presidente de la mesa directiva del congreso estatal, Juan Ángel Flores Bustamente, solicitó suspender los trabajos legislativos por una amenaza de bomba; el pleno autorizó la suspensión cuando ya habían sido aprobados los refinanciamientos de Totolapan y Tetecala y rechazados los de Jiutepec y Cuernavaca.
De manera extraoficial, se divulgó que escoltas del diputado petista Alfonso Miranda Gallegos habían querido entrar al lugar con armas, por lo que intervino la policía del Mando Único.
La solicitud de la presidenta municipal de Jiutepec, Silvia Salazar, fue rechazada por 28 diputados, incluidos los de su propio partido, que le dieron la espalda.
A su vez, todos los diputados de todos los partidos políticos negaron la autorización de refinanciamiento al alcalde de la capital morelense.
Los dejaron solos
Jorge Morales Barud criticó la actitud de los legisladores que negaron la posibilidad de refinanciamiento y dijo que en el sistema democrático en el que vivimos es imposible que los municipios puedan actuar y sobrevivir solos: “Todos necesitamos de todos, en el ámbito local, los municipios necesitamos de los tres poderes locales y de la autoridades federales, incluso del presidente de la república mexicana”, refutó.
Silvia Salazar calificó de irresponsables a los diputados que votaron en contra: “Hay revanchas políticas entre los legisladores y los alcaldes, pero deben saber que nosotros (los actuales ediles) no generamos la deuda, la heredamos y no se vale que nos quieran hacer pagar. En la Comisión de Hacienda se aprobaron los dictámenes, pero se llevaron al Pleno y de manera incongruente votaron en contra de esos mismos dictámenes que ya habían aprobado”.
Salazar Hernández fue más allá: “El gobierno estatal no ayudó, buscó solamente la autorización para su crédito y, una vez que lo obtuvo, se desobligó de lo que pasara a los municipios; si hubiera tenido voluntad, hubiera empleado sus relaciones con el Congreso para promover que los legisladores aceptara los refinanciamientos a los municipios”, dijo.
El tan peleado 5% de participaciones
La administración estatal daba 25 por ciento de las participaciones a las municipales, pero desde el año pasado retiene 5 por ciento para destinarlo a la Seguridad.
“Nos están descontando, desde el año pasado, 3 millones 200 mil pesos cada mes, y seguirán haciéndolo hasta noviembre de este año, pero el Gobierno del Estado no llevó a cabo los procedimientos legales correspondientes y tampoco ha rendido una información pormenorizada de la forma en que ha invertido ese dinero; por eso varios ayuntamientos, incluyendo al de Jiutepec y Cuernavaca, presentarán la demanda de controversia constitucional para evitar el descuento de ese 5 por ciento”, anunció Silvia Salazar.
Volverán a insistir en septiembre
La alcaldesa de Jiutepec adelantó que en septiembre de este año solicitarán de nuevo la aprobación de Congreso para endeudarse y el edil de Cuernavaca la secundó al afirmar que presentarán la solicitud de autorización de refinanciamiento de manera más sustentada para convencer a los legisladores.
La respuesta de dos diputados no se hizo esperar:
Jordi Messeguer Gally, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) e hijo del secretario de Gobierno Jorge Messeguer Guillén, afirmó que no existirían condiciones políticas para discutir en el Pleno, por segunda ocasión, el rescate financiero municipal: «Yo los llamaría mejor a que cada municipio pudiera revisar sus finanzas, sus gastos corrientes o sus propias contrataciones de deuda, para que puedan ‘eficientar’ el gasto público que tienen ellos. Yo lo veo muy complicado en este momento», aseveró.
También, el legislador panista Javier Bolaños Aguilar advirtió que el Ayuntamiento de Cuernavaca recibiría la negativa del Congreso del Estado, porque no ha dado muestras de austeridad ni eficiencia administrativa: “Las cosas no han cambiado ni un ápice desde la sesión ordinaria del pasado 9 de julio, donde de manera contundente, los diputados de todos los partidos políticos dieron su voto de rechazo a la intención del alcalde Jorge Morales Barud de concretar la autorización para el refinanciamiento de 755 millones de pesos”, aseveró.
Tampoco habrá fondo de rescate financiero
Silvia Salazar, al ver la cerrazón de los legisladores, también propuso la creación de un fondo para el rescate financiero de los municipios.
El gobierno estatal respondió por medio la Secretaría de Hacienda: “No existe alguna posibilidad para apoyar a los municipios que enfrentan crisis financiera. El Gobierno del Estado no puede apoyar ni crear ningún fondo porque ya tiene el recurso comprometido y además no existe un fundamento legal para el rescate financiero de los municipios”, explicó.
Buscan ayuda afuera
Para resolver el problema económico de su administración, Jorge Morales Barud anunció que no había plan B: “Tenemos un problema grave cuando uno hereda deudas impresionantemente altas e irresponsablemente administradas, pero mantendremos nuestra atención en la Secretaría de Hacienda (federal), como en los organismos municipalistas, como la Conferencia Nacional de Municipios de México, y la Secretaría de Desarrollo Social”, expuso.
Salazar Hernández dijo que el plan B para resolver los problemas económicos que enfrenta su administración –y al que se suman 100 laudos laborales que van desde mil pesos hasta de un millón de pesos– incluye la defensa jurídica del 5 por ciento de las participaciones estatales que les “descuentan indebidamente”, la gestión con organismos nacionales para conseguir recursos para obra pública y el recorte de personal con que el ayuntamiento a su cargo cuenta y que en este momento asciende a 1,600 trabajadores.
Los fines políticos
Sobre los objetivos políticos de los legisladores locales en esta falta de apoyo a los municipios, el alcalde de Cuernavaca dijo que los diputados no deberían estar pensando en puestos políticos para el año 2015, sino atener los asuntos que interesan a la población.
La edil de Jiutepec, a su vez, sentenció: “Muchos diputados ya se consideran presidentes (municipales) en la próximas elecciones y les quieren cerrar el paso al desarrollo de los municipios”.
La estocada
En las modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal, aprobadas el 26 julio, se incluyó un artículo sexto transitorio, que reduce las participaciones a los estados por ingresos petroleros del porcentaje original de 79.73 por ciento de los ingresos a 73 por ciento en 2015; con esto, según el diputado federal del PRD Antonio Altamirano, integrante de la Comisión de Hacienda, la afectación sería de casi 23 mil 600 millones de pesos.
Por si eso fuera poco, el 29 de julio, el delegado de la Secretaría de Gobernación (Segob), Erick Castro Ibarra, descartó la posibilidad de crear un fondo económico federal para apoyar a las municipalidades que están en crisis financiera; sin embargo, dijo que capacitarían a los alcaldes para que bajen fondos internacionales.
El delegado de la Segob indicó que es responsabilidad del Gobierno del Estado, de Congreso local y de los municipios resolver el problema financiero que enfrentan, y que el gobierno federal no cuenta con recursos para apoyar a los municipios para pagar laudos, “porque estarían violando la ley de presupuestos de egresos de la federación; y Morelos no puede ser la excepción de recibir recursos adicionales, porque también Guerrero lo va a pedir, Tamaulipas, Puebla y los demás estados”.