Por Elsa Castorela Castro
Mujeres ambientalistas propusieron que los movimientos sociales deben ir en un solo sentido: que se opte por la paz desde los ámbitos familiares, y el respeto a los derechos humanos y al medio ambiente como algo fundamental en la defensa y respeto por los derechos humanos.
Larisa del Orbe, Micaela Bocanegra y Gisela Mota, quienes participan en los movimientos ambientalistas en el estado de Morelos, desde sus espacios en las organizaciones sociales pugnan porque el estado garantice todos los derechos humanos.
Gisela Mota, diputada federal, consideró que actualmente y en el futuro los movimientos sociales serán por la tierra, el agua y el ambiente, que impactan en especial a las mujeres; recordó que cuando la policía quiso entrar por Temixco para abrir paso hacía el relleno de Loma de Mejía, fueron las mujeres las que hicieron valla para impedir la invasión de esas tierras.
Dijo que Morelos tiene una historia combativa y recordó que en la entidad han existido movimientos exitosos como el caso de la suspensión de la construcción del club de golf en Tepoztlán, incluido el relleno sanitario de Loma de Mejía; ello debido a la movilización ciudadana y a la cobertura de los medios.
Manifestó que en el caso de los movimientos sociales de la región oriente del estado de Morelos, como el de la construcción de la termoeléctrica de Huexca y contra la ampliación de la autopista en Tepoztlán, podrían ser también exitosos porque reúnen las características de cobertura de medios de comunicación y movilización ciudadana.
Larisa de Orbe, ambientalista con una amplia trayectoria, explicó que el caso de los megaproyectos de la región oriente, tiene larga historia, ya que desde hace 10 años se diseñó la construcción de la termoeléctrica de Huexca, para ello se modificó el ordenamiento ecológico territorial de los volcanes para eliminar lo que era una región eruptiva, y lo impusieron de manera ilegal.
Del Orbe enfatizó que la unificación de los movimientos sociales por la paz, los movimientos feministas y ambientalistas, tendrán que repercutir para incidir en el diseño de políticas públicas contra la violencia.
“La defensa de los derechos humanos en Morelos no es ajena al contexto nacional, también se criminaliza la protesta. El caso Ayotzinapa –pueblo de Guerrero que alberga a la normal rural donde estudiaban los 43 alumnos desaparecidos en Iguala– es una muestra de la represión y la violación sistemática a los derechos humanos, en esta lógica de ir instalando más estructuras ilegales por parte del gobierno”, opinó Soila Luna, miembro de la Fundación de Derechos Humanos Don Sergio Méndez Arceo
Explicó que la violación de los derechos impacta a la comunidad al no tener garantizados “nuestros derechos humanos”, más ahora que se criminaliza la protesta; por ello comparte la opinión de aglutinar a todos los movimientos sociales para detener la fragmentación del tejido social.
“Yo le estoy apostando a una gran alianza donde todos quepamos y logremos saber el origen de los problemas; hay que ir a un análisis más profundo para saber la causa de tanta violencia”, concluyó Soila Luna.