Por Máximo Cerdio
El ambulantaje en Cuernavaca es un problema permanente que no han resuelto los gobiernos municipales ni ninguna otra autoridad. Tampoco se advierten visos de solución para el corto o mediano plazo, toda vez que, los propios representantes de la comuna reconocen que actualmente no existen programas oficiales para combatir el problema de fondo.
El eterno conflicto entre comerciantes establecidos y ambulantes por los argumentos: de competencia desleal, invasión de zonas peatonales y desorden urbano –que hacen los primeros– y de recibir agresiones de los dueños de establecimientos, extorsiones de parte de los inspectores municipales y que no se respeta su legítimo derecho al trabajo –que esgrimen los segundos– es visto por las partes involucradas, incluido el Ayuntamiento, como un asunto de simple emisión de permisos.
Mario Lara López, líder de la Coalición de Comerciantes de las plazas Lido y Degollado,–que agrupa a 17 organizaciones de comerciantes establecidos– dio a conocer que exigirán a las autoridades municipales que no se otorguen espacios para el ambulantaje por acuerdos políticos o como prebendas, en vísperas del proceso electoral de 2015.
El secretario del Ayuntamiento de Cuernavaca, Enrique Paredes Sotelo, informó que, para regularizar el comercio informal, en la comuna capitalina se ha instalado una mesa en la cual se revisa la documentación de aquellos comerciantes que tienen permiso para vender en la vía pública –que realizan esa actividad desde hace siete u ocho años– y si es procedente entregarle el refrendo.
Sobre este asunto, Omar García Bernal, director general de Gestión Política, de la Secretaría del Ayuntamiento, dijo que aun cuando se esté realizando una revisión de los documentos a los ambulantes autorizados, no se otorgará ni un permiso más a ningún comerciante para vender en las calles de la ciudad.
A decir de ambos funcionarios municipales, no existen otros programas para remediar el fenómeno del comercio informal en la capital.
Más de mil 500 vendedores informales
Paredes Soteloreconoció que en toda la ciudad de Cuernavaca hay más de 1,500 vendedores que realizan actividades comerciales sin permiso.
“Desde el 1 de enero de 2013, que entró en funciones la nueva administración –la del alcalde Jorge Morales Barud– no se ha otorgado ningún permiso a los vendedores ambulantes, que en los fines de semana llegan a sumar 200 en Plaza de Armas;de éstos, sólo 30 tienen autorizacióndada por la administración pasada, la de Rogelio Sánchez Gatica”, señaló el secretario de la comuna capitalina.
Explicó que con fundamento en el Bando de Policía y Buen Gobierno y otras disposiciones jurídicas, de manera continua, se realizan acciones para retirar a comerciantes fijos, semifijos y ambulantes; no sólo del primer cuadro y del centro, sino en toda la ciudad.Prueba de ello, es el operativo que puso en marcha la dirección de Gobernación, Normatividad y Comercio en Vía Pública a mediados de julio de este año en el poblado de Acapantzingo, en el que se clausuraron permisos para vender en la vía pública, autorizados indebidamente por el ayudante Municipal Julián Jiménez Andrade.
Extorsión oficial
Tres artesanos –de un grupo de veinte– que no quisieron dar sus nombres por temor a represalias denunciaron que son objeto de abusos por parte de policías municipales y de inspectores del Ayuntamiento:
–Llegan a donde “tendemos” –poner su mercancía en el suelo– y nos exigen que levantemos o nos piden que les demos “mordidas”, de a cincuenta pesos por cabeza, que es la cuota que pagan los vendedores que se ponen frente a catedral y por toda la calle Hidalgo hasta el Palacio de Cortés. Si no les das lo que piden, te siguen molestado o te quitan tu mercancía. Ya hemos tenido algunos problemas con los inspectores y policías, pero hemos recibido ayuda de los demás artesanos o de los vendedores del callejón del libro–expuso uno de ellos.
Otro afectado dijo:
–Levantamos, pero en cuestión de minutos volvemos a tender. No pueden quitarnos nuestro derecho al trabajo; además, somos como 20 padres o madres de familia, algunas madres solteras, y necesitamos vender nuestros productos para sacar para la comida y otras necesidades. Diez de nosotros nos acercamos a la catedral, porque ahí es donde va más turismo y se puede vender a un mejor precio nuestro trabajo; ganamos un poquito más. Hay compañeros que no saben hacer otra cosa que artesanías y si los corren de esos lugares ya no pueden vender; no les ajusta para comer. Otros son músicos o se emplean en otros oficios cuando no les dan chance de vender.
Argumentaron que como mexicanos tienen derecho al trabajo honrado para ganar dinero, mantenerse y mantener de manera digna a sus familias; y mandar a sus hijos a la escuela:
–No hacemos mal a nadie, si el gobierno no nos da las condiciones necesarias para que podamos vivir honradamente, sin robar, sin defraudar, ¿qué vamos a hacer, a dónde nos están mandando, qué nos están obligando a hacer? Pedimos un espacio para trabajar y si hay que pagar algo, pues pagamos; pero que los inspectores no nos pidan “mordidas” de cincuenta pesos ni nos amenacen con que nos van a recoger nuestra mercancía –expuso el entrevistado.
Los inconformes criticaron que el Ayuntamiento dé permiso a vendedores de mercancía china y de pésima calidad:
–Nosotros no vendemos mercancía china, cosas malhechas. El material con el que trabajamos lo adquirimos aquí, es de México, hacemos joyas, cosas finas y bonitas.
Los denunciantes creen que detrás de todo esto está el interés de algunos funcionarios por captar a miles de comerciantes ambulantes y semifijos para que voten por sus candidatos en el próximo proceso electoral.
–Nosotros no pasamos de veinte, somos poquitos y no representamos votos, pero tenemos derechos –dijo uno de los quejosos.
La postura de la autoridad
Sobre las denuncias públicas que artesanos y vendedores ambulantes han hecho en contra de los inspectores, en el sentido de que los agreden y les piden “mordidas” para dejarlos trabajar, Paredes Sotelo dijo que es necesario que estas denuncias se hagan directamente en el Ayuntamiento para que de inmediato se proceda.
–Hemos trabajado al cien por ciento con los supervisores y hemos revisadocada semanael trabajo que hacen. Los señalamientos que hemos tenido han ingresado por contraloría. En estos momentos no hay ninguna queja pendiente pero las dos o tres que han entrado y se ha demostrado que han incurrido en falta se han castigado, se han despedido a los inspectores –aseveró el funcionario.
El 16 de julio de este año, el Ayuntamiento de Cuernavaca realizó un operativo en el espacio paralelo a la Plaza de Armas General Emiliano Zapata Salazar, justo frente al Museo Cuauhnáhuac, área conocida como Plaza Pacheco; y en cuya gestión, según Enrique Paredes Sotelo,fue posible detectar que algunos puestos –de los 30 comerciantes que están amparados por la Comisión de Derechos Humanos– ofrecían al consumidor productos pirata, impactando con ello al comercio formal, por lo que la mercancía fue incautada.
El secretario municipal indicó que esta misma operación se realizará en el exterior de las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, también en la calle Guerrero, así como en el Jardín Juárez y la explanada del zócalo, en donde se busca evitar que más comerciantes se instalen.
Esto como respuesta a una denuncia de Jaime García Pilo, dirigente de la Unión de Artesanos de Morelos, quien el 7 de julio denunció que setenta por ciento de los vendedores ambulantes instalados en la periferia del zócalo de la ciudadvende productos pirata y los hacen pasar como artesanías.
Café La Alondra discrimina
Una artesana reportó un caso de discriminación por parte de la dueña del Café La Alondra, ubicado en la calle Hidalgo, frente a Catedral. El año pasado amplió su negocio y puso un entarimado de varios metros sobre la vía pública y sobre él puso varias mesas y sombrillas.
–Antes que invadiera la vía pública poniendo más mesas en la banqueta de la calle Hidalgo, la dueña del Café La Alondra –no precisó el nombre– nos daba chance de vender; pero ahora que ya se agarró más espacio, ya no quiere que estemos ahí y nos corre, sale y nos gritonea: “¡Lárguense, ustedes no están pagando impuestos, yo sí. No los quiero ver aquí ya, porque les voy a echar a la policía. Jipis!” Esas son las palabras que nos ha dicho. Y hace como dos semanas, estábamos vendiendo frente a la Casona Spencer y esta mujer tomó una cubeta y arrojó una gran cantidad de agua al piso, no para limpiar, porque ya habían hecho el aseo desde la mañana, sino para que el líquido bajara y nos mojáramos. Tuvimos que levantar nuestra mercancía para que no se mojara. Los que vendemos ahí, a un lado de su negocio, frente a la Casona, hemos querido hablar con ella para que nos permita vender, pero no nos recibe.Nosotros no somos drogadictos ni somos sucios, incluso a raíz de todo este acoso tratamos de estar limpios siempre, presentables, pues, y no hacer basura; cuando terminamos de vender limpiamos nuestro lugar, pero la señora se porta grosera con nosotros y nos corre.
Después de conocer este caso, Enrique Paredes Sotelo dijo que los dueños del Café La Alondra sí están pagando por uso de la vía pública por ese tramo que está fuera del local, es decir, tienen permiso y que no tiene conocimiento de estas agresiones que reporta la artesana, pero que puede acudir al Ayuntamiento y se le atenderá.
Los derechos humanos de los ambulantes
José Martínez Cruz, integrante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, afirmó que ha habido un significativo aumento de ambulantes en Cuernavaca y el comercio informal se ha vuelto un graveproblema de explotación y abuso hacia los vendedores informales.
Mencionó que el derecho al trabajo es una garantía constitucional:
–Los ciudadanos tenemos derecho a un trabajo bien remunerado, digno, para subsistir, para mantener de manera digna a nuestras familias. Y las autoridades municipales, estatales y federales, lejos de aplicar políticas públicas para proteger esta garantía han fomentado el crecimiento de la economía informal; por ejemplo, con la aprobación de una Reforma Hacendaria que exprime a los ciudadanos porque de una u otra manera todos pagamos impuestos, incluyendo desde luego a los ambulantes, tengan o no permiso para vender.Si hubiera un empleo formal en donde a las personas se les diera un salario justo y todas las prestaciones de ley,las familias enteras de Morelos o del Estado de México o de Guerrero no tendrían que emigrar a Cuernavaca a vender cualquier cosa para subsistir.
José Martínez dijo que una de las formas de acabar con toda esta problemática es por medio de la organización:
–Te voy a poner dos ejemplos, uno bueno y el otro dañino, nefasto: la Unión Nahua Mazahua de artesanas, ellas mismas tienen su propia organización, están unidas, se defienden, se ayudan, se protegen. Y por el otro lado, el Nuevo Grupo Sindical, que es sinónimo de corrupción, (porque) engaña a los vendedores, los utilizan.
De acuerdo con José Martínez Cruz, otra forma de acabar con la problemática es mediante la creación de políticas públicas, en las que estén involucradas las autoridades municipales, estatales y federales,de respeto a las garantías y derechos de las personas y de generación de condiciones económicas, sociales, políticas y culturales para evitar la explotación y abusos en contra de los ambulantes.