Por Máximo Cerdio
A las siete y media de la mañana, la calle Morrow apenas va despertando, sólo hay algunos vendedores de comida limpiando los locales y el barrendero que recoge los montones de basura de las esquinas.Unos minutos después llega, en contrasentido, un autobús del CERESO y se para frente a la puerta del estacionamiento de los juzgados; ésta es automática y se abre. De la puerta trasera del camión bajan seis personas vestidas de beige y se introducen al edificio, flanqueados por custodios que portan armas largas.
Son las nueve y quince de la mañana y en una de las siete salas de los Juzgados de Primera Instancia de Control y Juicios Orales está programada una audiencia. Hay una secretaria, dos agentes del Ministerio Público, que representan a la sociedad. Ahí mismo, hay seis acusados: una mujer, un joven y cuatro hombres, al parecer todos son familiares y fueron aprehendidos por los delitos de delincuencia organizada y por secuestro; ellos y sus abogados están sentados juntos, a una distancia de seis metros aproximadamente del escritorio donde estará el juzgador. Al lado de los acusados sólo hay dos mujeres vigilantes y un custodio.Todo dividido por un corralito de madera con sillas para el público.
Hace cuarenta minutos, las seis personas de beige fueron conducidas, de dos en dos, por los custodios desde la planta baja al cuarto nivel por las escaleras, ya que ellos no pueden usar el elevador. Iban esposados y encorvados; no se desplazaban de manera lenta, ni siquiera de manera normal, los llevaban de prisa.
Para quienes acuden a estos juzgados a realizar algún trámite o pedir información, el hecho del traslado de estas personas por los custodios llama la atención y atemoriza.
–¡Qué horror! –Dijo una mujer que se replegó a la pared cuando los custodios y los reclusos pasaron por las escaleras, de prisa.
–¿No son muy pocos policías para tantos criminales? –Alcanzó a preguntar cuando el grupo se introdujo a la sala de audiencias.
A las nueve y veinte entra una mujer robusta y se sienta en el escritorio del juzgador: es la jueza. Los engranes de la maquinaria de la Justicia comienzan a moverse. Pasa lista de los comparecientes y, en seguida, explica a los acusados que pueden optar por un procedimiento abreviado en el que si se les declarara culpables podrían recibir una pena mínima. Su voz es potente y su tono parece de regaño.
–¡Están entendiendo lo que les estoy explicando! –grita la mujer de negro ante el silencio de los comparecientes.
–Entendemos –responde un hombre que al parecer es el padre del joven y la mujer– pero no podemos declararnos culpables por algo que no hicimos.
En el área del público hay diez personas. Dos mujeres permanecen alejadas en los últimos asientos de esa sección. Se dicen algo entre ellas, muy en silencio; la jueza tiene un oído tan poderoso que percibió, hace un momento, el sonido de la cámara de un fotógrafo al cual regañó por tomar fotos sin su anuencia…
La juzgadora pospone la audiencia, ya que hay un juicio de amparo interpuesto por uno de los acusados. Explica a los comparecientes que a pesar de la existencia del juicio de garantías la audiencia se puede llevar a cabo para el promovente y para los demás acusados, pero necesitan dar su consentimiento. Los seis acusados manifiestan su voluntad de que la audiencia se posponga y la jueza señala nuevo día y hora para su desahogo.
Antes de abandonar la sala de audiencias, la mujer de negro alcanzó a tirarle con sus ojos dos pedradas al fotógrafo regañado.
–Ésta fue una audiencia peligrosa, había seis secuestradores. ¿Por qué la jueza no llevó a cabo la audiencia en el reclusorio? Preguntó una joven asistente.
–Es facultad de la jueza decidir si se trata de Código rojo o no, es decir, si por la peligrosidad de los acusados o por el riesgo de que quieran rescatarlos, la audiencia se tenga que realizar en el CERESO, respondió un reportero.
–¿Ha habido casos?
–Sí, uno, el año pasado; el de Cesáreo Adrián Arias, alias “La Guajolota”, presunto líder del Cartel Pacífico Sur (CPS), detenido junto con otros sujetos en un bar de la colonia Centro. La audiencia de vinculación se tuvo que llevar a cabo en el reclusorio de Atlacholoaya porque alguien dio el pitazo de que intentarían rescatarlo.