
Por Máximo Cerdio
Ante la negativa del gobierno de brindar atención a la pareja del activista asesinado Gustavo Salgado Delgado, la UAEM atrajo el caso y le brinda ayuda, dijo Roberto Villanueva Guzmán, director de Atención a Víctimas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).
El Gobierno la excluye y la pone en riesgo
Roberto Villanueva explicó que la compañera sentimentalde Gustavo, Rosa Viviana Salas García, después del crimen recibió amenazas y fue vigilada, ella, su mamá y su menor hija, por varios hombres. Esto se le hizo saber al secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina, y al titular de la Fiscalía General del Gobierno de Morelos, Rodrigo Dorantes Salgado,pero ellos no dictaron las medidas necesarias para proteger la integridad a las víctimas, por lo que Rosa, su mamá y la menor hija que procreó con Gustavo tuvieron que esconderse y después solicitar ayuda a la UAEM, la cual le da atención, protección y asesoría.
“El Gobierno no le dio protección bajo el argumento que no había vivido el tiempo suficiente con Gustavo para considerar su concubina, pero la Ley de víctimas de Morelos sí considera que Rosa tiene esa calidad. Tampoco se le ha permitido que acuda como coadyuvante en el proceso que hay en contra de los acusados de asesinar a Gustavo. Esto es grave: porque no se está protegiendo a una activista compañera de Gustavo con quien procrearon a una hija y su vida corre peligro, y eso lo puede evitar el Gobierno. Por el otro lado no se le esté permitiendo presentarse en el proceso cono coadyuvante o como una persona que tiene muchas cosas que declarar, ya que vivió con Gustavo y puede aportar elementos que pueden confirmar si los detenidos son los autores materiales y puedan llevar a la captura de los actores intelectuales del asesinato de su compañero”, explicó Roberto Villanueva.

También dijo que la UAEM atrajo este caso porque hay un riesgo para Rosa, su mamá y su menor hija, debido al contexto en el que estos hechos ocurren.
“No podemos revelar si Rosa y su familia están aquí en Morelos o en otro lugar ni dónde están; sólo podemos decir que están con vida y están bien”, explicó el director de Atención a Víctimas de la UAEM.
El crimen
Como se publicó en diferentes medios de comunicación,locales y nacionales, Gustavo Salgado Delgado fue privado de su libertad el 2 de febrero de 2015 en Cuautla, Morelos. Ante la desaparición se dio parte a la autoridad y el día 4 de febrero, la Fiscalía Regional Oriente, junto con agentes de la Policía de Investigación Criminal y el apoyo de fuerzas federales, inició un operativo de búsqueda que concluyó con la localización, en Moyotepec, Villa de Ayala, en el paraje conocido como Las Huilotas, del cuerpo decapitado de la víctima y la detención de cuatro personas identificadas como Héctor “N”, Elidio “N” (ambos de 35 años), Víctor, de 25, y Victorino, de 50 años de edad.
El móvil según la Fiscalía
De acuerdo con el fiscal Rodrigo Dorantes, el móvil pudo sercomo consecuencia de un conflicto entre particulares, por terrenos que se ubican en la reserva ecológica conocida como El Chivatero, de la localidad en Moyotepec, Ayala.
«Los presuntos responsables y Gustavo Salgado, dedicado a la defensa de tierras y migrantes indígenas de los estados de Guerrero y Oaxaca, eran integrantes del Frente Popular Revolucionario (FPR), pero tras disputas se separaron, conformando los primeros el grupo denominado Victorinos o Semilla», explicó el fiscal general.
Indicó que, según los resultados preliminares del dictamen forense, el activista fue privado de su libertad y casi inmediatamente asesinado, presuntamente, por los cuatro hombres, quienes aparentemente no tendrían relación con grupos criminales, pero eso se determinará conforme evolucione la investigación.
Se niegan a abrir otras líneas de investigación
Susana Díaz Pineda, integrante de la Fundación Digna Ochoa,recordó que Gustavo ya había sido detenido en Cuernavaca el 20 de marzo de 2014, cuando participaba en una marcha del Frente Ciudadano contra la Ley de Ingresos.
También dio a conocer que con posterioridad a la muerte deGustavo, ella y Rosa Viviana Salas García, se reunieron con el secretario de Gobierno y el fiscal general y le solicitaron que ampliara la línea de investigación, ya que el activista y líder del Frente Popular Revolucionario había sido señalado desde el año 2009 por José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, como “guerrillero”, ya que pertenecía a Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y él junto con Pavel Blanco Cabrera, Rafael Magdiel Sánchez Quiroz e Ignacio Díaz Montes, integraban células defensoras de la guerrilla colombiana, a la cual según informes del gobierno de Colombia, se le comprobaron nexos con el narcotráfico, el secuestro y el terrorismo.
Matías Quiroz y Rodrigo Dorantes dijeron que no ampliarían la línea de investigación porque no había elementos e insistieron en que se trataba de un pleito entre grupos por tierras.

Acusados podríansalir libres
Susana Díaz Pineda insistió en la averiguación previa que consta en la carpeta CT-UIDD-D/471/2015 y que la JCC/083/2015, la que documenta el asesinato de Gustavo, está mal integrada, ya que no han permitido que la compañera del dirigente social, Rosa Viviana Salas García, aporte elementos que podrían servir para aclarar el crimen.
“Sólo están las pruebas que ha recabado la Fiscalía, un testimonio de Rosa y algunas otras testimoniales. El abogado de los detenidos ha dicho que sacará de la cárcel a sus defendidos porque la averiguación previa estuvo mal integrada.Por ejemplo, dijo que el machete que lesencontraron a los acusados no fue el arma con la que mataron al activista. El abogado ha aportado elementos que hacen suponer que se los está dando personas que vieron o participaron en los hechos.
“El 14 de mayo se termina el plazo para aportar pruebas, después se irá el expediente al juez oral”, expresó Díaz Pineda.
Rosa no asiste a la marcha
El domingo 26 de abril, organizaciones que integran el Pacto por la Soberanía Alimentaria marcharon de El Calvario a Plaza de Armas para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa y castigo a los culpables, a siete meses de la desaparición forzada de los muchachos. La caminata también era para exigir el esclarecimiento del asesinato de Gustavo Salgado y castigo a los culpables.
Algunos activistas dijeron que Rosa Viviana Salas García marcharía con el contingente (que no agrupó a más de 50 manifestantes), pero ésta no asistió.
José Martínez Cruz, integrante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos,señaló que Rosa no asistió por cuestiones de seguridad; confirmó que había sido amenazada y acosada por unos hombres después del asesinato de su compañero.
José Martínez Cruzafirmó que la exigencia de las organizaciones y agrupaciones que integran el Pacto es que se investigue a fondo el asesinato del activista y que quede ni un cabo suelto; “que todo se dé a conocer a la ciudadanía porque necesita saber quiénes dieron muerte a Gustavo y las verdaderas razones, ya que estos lamentables hechos ocurrieron en circunstancias que hacen suponer que no se trató solamente de un conflicto entre grupos y por tierras”, precisó.











