La reunión se realizó en la en Residencia Oficial del Poder Ejecutivo, participaron especialistas en alerta de género, los representantes en México de Amnistía Internacional, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, la titular del Poder Judicial y la presidenta de la Comisión de Equidad de Género en el Congreso local.
Iraís Ortega Zúñiga, secretaria técnica de la Comisión Estatal de la Prevención para la Violencia de Género, informó que a pesar de que la alerta incluye sólo a los municipios de Temixco, Cuernavaca, Xochitepec, Emiliano Zapata, Yautepec, Cuautla, Jiutepec y Puente de Ixtla, se ha iniciado un trabajo con los 33 ayuntamientos.
Mencionó que en base a datos otorgados por los municipios, está en diseño el programa “Integra Mujer Morelos”, el cual agrupa una serie de acciones emergentes en busca de prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres.
Graco Ramírez escuchó atento la intervención de la experta internacional en temas de la mujer y derechos humanos, Patricia Olamendi, quien luego de reconocer la importancia que en Morelos se le presta al tema, sugirió la creación de una campaña pública donde se fomente el valor que tiene la mujer en la vida diaria.
Patricia Olamendi pidió poner énfasis especial en la violencia familiar, lo cual conlleva a atender las investigaciones de actos contra la mujer de manera integral. Explicó que el sector salud debe jugar un papel complementario, debido a que los hospitales y centros de salud son el primer lugar a donde llegan las mujeres golpeadas.
Perseo Quiroz y Ángela Rivera García, presentantes de Amnistía Internacional en México, solicitaron una mayor capacitación a jueces y magistrados, con perspectiva de género, en el marco de la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Adversarial.
Amnistía Internacional coincidió en que el sector salud debe colaborar con mayor énfasis, en la identificación de casos de maltrato hacia el género femenino.
José Martínez Cruz y Juliana García Quintanilla, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, convocaron a combatir la violencia contra la mujer a fondo; plantearon que la sociedad tiene la responsabilidad de colaborar más en el tema, debido a que en la mayoría de las ocasiones se trata de un problema cultural, de arraigo del machismo.
Señalaron que se necesitan acciones que “muevan a la sociedad”, lo cual se logrará sólo si la gente identifica que todos somos parte del problema y por lo tanto de la solución.
De la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Nayomi Aoyama González, señaló que para evitar la doble victimización, es necesario contar con medios de comunicación amigables con la perspectiva de género.
Lucero Ivonne Benítez Villaseñor, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, presentó un reporte con datos sobre las agresiones a mujeres en la entidad, y se sumó a las acciones emprendidas por el Gobierno de Morelos para atender el problema.
El secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina; la magistrada presidente del TSJ, Nadia Luz María Lara Chávez, y la presidenta de la Comisión de Equidad de Género en el Congreso de Morelos, diputada, Teresa Domínguez, se comprometieron a dar seguimiento a los trabajos y compromisos ahí pactados.
Tras escuchar las opiniones, Graco Ramírez propuso el inicio de la campaña “cero tolerancia” a la violencia contras las mujeres, para ello, pidió al Instituto Morelense de Radio y Televisión, la generación de contenidos donde se fomente la cultura de no violencia hacia ese género, en donde participen las distintas organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos con capacidad para tratar el tema.
También se convocó a los medios privados de comunicación, a sumarse a la campaña para hacer posible que termine con la violencia de género.
Graco Ramírez pidió generar un protocolo de comunicación entre la Fiscalía del Estado y la Comisión Estatal de Seguridad para utilizar un lenguaje que evite la doble victimización y con perspectiva de género; y revisar la Ley para que la extinción de dominio se aplique en los lugares y establecimientos donde ocurran feminicidios, así como integrar un tribunal de justicia en cada municipio.
