Día: 7 de septiembre de 2015

Así lo destacó el secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina, al sostener un encuentro con representantes de la Embajada de los Estados Unidos en México, realizado en las instalaciones de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) de Gobierno del Estado.

Participaron en dicha reunión Paul Grove, Asesor del Comité de Asignaciones , Jason Wheelock, Subasesor del Comité de Asignaciones, ambos del Senado de EEUU; Paul Rademacher, Asesor de Departamento de Estado y Tobin Bradley, Director Adjunto de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL), entre otros.

El encargado de la política interna en Morelos reiteró la disposición y voluntad de la administración estatal  para continuar la capacitación a elementos policiacos, como parte integral de las políticas públicas que contribuyan a la pacificación en el entorno global.

“Los gobiernos, ciudadanas y ciudadanos están convocados a contribuir en la solución al problema de la violencia social, el cual no es un conflicto que se limite a una entidad o país,  la transgresión social no tiene fronteras, ni colores, ni religión», subrayó.

Destacó el secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina al sostener un encuentro con representantes de la Embajada de los Estados Unidos en México, en las instalaciones de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS).

Recalcó que la prioridad de las sociedades de Morelos y el país es la lucha frontal contra la corrupción, la impunidad, los abusos de cualquier tipo y violencia social que tiene muchos rostros.

Acompañado de Omar Darío de Lassé Cañas, secretario ejecutivo de Sistema Estatal de Seguridad Pública, Matías Quiroz expresó: «tratemos en todo momento de agudizar nuestros sentidos para ser críticos observadores de lo que aquí estamos haciendo, en el entendido  de que toda la política pública es perfectible y es a lo que el gobierno de Morelos aspira».

Ante los retos que enfrentan México y Morelos, el secretario de Gobierno pidió a los representante de la embajada estadounidense mantener el apoyo a México y Morelos cerrar filas para resolver en conjunto que atañen a ambos gobiernos.

Puso como ejemplo de lo realizado en Morelos por el Gobernador Graco Ramírez,  en materia de seguridad, la implementación del Mando Único, como una estrategia policiaca, alineada a los esfuerzos del combate a la inseguridad a través de la UECS.

El derecho mexicano es positivista y, por lo tanto, lo que no está considerado en las leyes, no existe en el derecho, coincidieron los participantes en la mesa de trabajo “Aspectos jurídicos del patrimonio cultural inmaterial” del 3er Congreso Internacional sobre Experiencias en la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.

María Santoyo Brown, de la UNAM, comentó que el derecho mexicano se divide entre lo público y lo privado, entra la división señaló que lo mercantil, civil y la propiedad intelectual pertenecen al ámbito privado; mientras que el derecho administrativo y penal pertenecen a lo público.

“El problema es que el Patrimonio Cultural Inmaterial no está en el ámbito del derecho público, ni del privado, uno de los elementos principales es que se ubica en la comunidad”, señaló durante la mesa de trabajo realizada en la sala “Manuel M. Ponce” del Centro Cultural Jardín Borda.

Santoyo Brown mencionó que Ley Federal sobre Monumentos, de 1972, sobre el patrimonio cultural material y que es la vigente, sólo considera a las zonas arqueológicas, artísticas e históricas.

La especialista relató que la anterior Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación, de 1970, en el artículo 2 consideraba que “el patrimonio cultural de la Nación está constituido por todos los bienes que tiene valor para la cultura desde el punto de vista del arte, la historia, la tradición, la fiesta o la técnica”, lo cual se acercaba más a la protección del PCI.

Jimena Chi Barrales, de la Japanese International Cooperation Agency México-Japón, presentó un estudio sobre el Conocimiento tradicional productivo en México.

Chi Barrales comentó que, en términos prácticos y de política pública, en México no existe la posibilidad de que las comunidades originarias, poseedoras del conocimiento tradicional, accedan de forma directa a los canales de protección de la propiedad intelectual.

Agregó que a partir del dato del  INEGI en 2012, sobre la medición de la pobreza, en el que arroja que más de la mitad de mexicanos sufren carencias, entre ellas las de lectura y escritura, la hipótesis es que más de la mitad de la población no está preocupada por la propiedad intelectual.

“Y no lo digo a manera de condena, lo digo para crear políticas públicas y formar profesionales interesados en incrementar el uso de la propiedad intelectual por parte de los mexicanos, que es un país con un marco regulatorio bastante nutrido en la materia, pero no implica que esté diseñado para mexicanos y menos para las comunidades originarias”, puntualizó.

Jimena Chi informó que, de 2009 al 2013, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial recibió 14 mil solicitudes de patentes, y de ellas sólo el 7 por ciento, es decir casi mil 200 fueron de mexicanos.

La especialista cuestionó que además del bajo número solicitudes, éstas fueron a cargo de mexicanos pertenecientes a empresas de renombre, pero ninguna a título personal.