Cuernavaca, Morelos; 22 de julio de 2015. La implementación del alcoholímetro en el estado y su reforzamiento legal permitirán la posibilidad de un marco jurídico consolidado en la materia, así como también salvar más vidas y establecerlo como una cultura cívica más allá de gobiernos y más allá de colores.
Al señalar lo anterior, el presidente de la Junta Política y de Gobierno, diputado Javier Bolaños Aguilar, indicó que el Congreso votó a favor de implementar el alcoholímetro para los 33 municipios y hoy el gobierno estatal trabaja en la etapa de la planeación, el presupuesto y la programación para aplicarlo.
Recordó que una vez que se votó a favor de la reforma constitucional que establece la operatividad del alcoholímetro en el estado, los ayuntamientos tendrían 120 días hábiles para realizar las modificaciones a los reglamentos de Tránsito y las normas que crean convenientes para la implementación del mismo.
Las sanciones económicas podrán llegar hasta 13 mil 200 pesos, así como el arresto corporal hasta por 36 horas a quienes conduzcan vehículos bajo la influencia de bebidas embriagantes.
Por conducir un vehículo en vía pública con parámetros de 0.25 a 0.40 miligramos de alcohol por litro de aire aspirado, o bajo el influjo de narcóticos, las sanciones van desde los 150 hasta los 200 días de multa de salario mínimo vigente; de 12 a 24 horas de arresto administrativo a quien conduzca con parámetros de 0.41 a 0.65 mg de alcohol por litro de aire aspirado; penas corporales más severas, como el arresto de 24 a 36 horas, para aquellos que excedan los 0.65 mg de alcohol.
Cabe mencionar que el Congreso adecuó la Ley de Seguridad del Estado, de tal forma que se establezca claramente la facultad que tendrán tanto autoridades municipales como estatales de seguridad pública, para detener y remitir al juez cívico a las personas a quienes se les encuentre bajo los influjos del alcohol.
Asimismo, en el Código Penal del Estado se establecieron sanciones para quienes vendan alcohol a menores, y para quienes permitan la entrada de los jóvenes a establecimientos donde se expidan bebidas embriagantes. Se trata de cinco a 10 años de prisión y de 300 a 500 días de multa.