Por Elsa Castorela Castro
Ciudad Ayala.- Los cortadores de caña y sus familias mantienen el campamento que ocupan pacíficamente desde el 28 de septiembre de 2014, y que costó la vida a Gustavo Salgado Delgado, quien fue víctima del cacicazgo local, según cuentan quienes conocen la problemática de ese terreno embargado por un banco a una inmobiliaria que por sus siglas se le conoce como Homex (Hogares de México).
Salgado Delgado, identificado como un férreo defensor de los derechos humanos, era militante del Frente Popular Revolucionario (FPR), activista en los movimientos sociales a nivel local, estatal y nacional. El 3 de febrero había sido reportado desaparecido y el 4 de febrero fue encontrado muerto en el paraje “Las Huilotas” del poblado de Moyotepec, de este municipio.
La gente del campamento, en su mayoría cortadores de caña, cuenta que Gustavo prefería ir solo a las reuniones y evitaba que lo acompañaran si no era necesario; viajaba constantemente a “solidarizarse” con otras luchas, a veces aceptaba que fueran con él. Aunque estaban organizados para cuidarlo y existía una permanente comunicación, nunca se pensó en su muerte.
Siempre dejaba instrucciones de organización y de trabajo. Antes de ser asesinado había renovado el “Comité” que representa a todo el grupo que ocupa el predio de más de 100 hectáreas en donde Gustavo planeaba que fuera un lugar autosustentable, ya habían sembrado milpa.
Los moradores del campamento creen que están viviendo una pesadilla y esperan su llegada tarde y noche, sin que puedan recuperarse de la pérdida de quien fuera defensor de sus derechos humanos, como el acceso a una vivienda digna.
La vez que lo entrevisté en las oficinas de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Gustavo explicaba que demandaban a esta institución un programa integral como “un acto elemental de justica social para quienes dejan su sangre, su sudor y su músculo” en los campos de cultivo del estado.
“Son jornaleros agrícolas desplazados forzosos de sus comunidades de origen que vienen a Morelos al corte de caña de azúcar y hortalizas, cuyas viviendas fueron destruidas por desastres naturales”, decía.
En la habitación que Gustavo ocupaba, que también es bodega y oficina, están algunas de sus pertenencias: su mochila, un estéreo, la cama donde dormía como cualquier otro de sus compañeros; pero también las velas y veladoras que recibió cuando su cuerpo mutilado fue llevado a este lugar. Afuera del cuarto, queda un pequeño altar con arreglos florales.
Al norte de donde se localizan las viviendas –de lo que sería un fraccionamiento–, hay también una iglesia y un cuadro con la imagen de la virgen de Guadalupe.
Pláticas con CDI
Fue hasta el mes de octubre de 2014 cuando se llevaron a cabo las primeras pláticas como convocante la CDI y otras instancias de gobierno, sin embargo, a la primera reunión sólo asistieron Jahzeel Días, en representación del gobierno del estado de Morelos; por el gobierno municipal de Tlaltizapán Bianca Flores; por la CDI Juan Alberto García García, Gustavo Delgado y el abogado asesor de FPR, también llegaron mujeres jornaleras agrícolas del campamento.
De acuerdo a las declaraciones de integrantes del Comité, se convocó a una segunda reunión que se realizó en la CDI, después ninguna; en esas dos nunca hubo representante de otras instancias gubernamentales, aunque la gestión de instalar una mesa se había hecho desde el mes de abril de 2014.
En la primera reunión, se explicó que el gobierno federal, a través de los programas de apoyo a proyectos productivos bajo administración municipal de los dos municipios involucrados (Ayala y Tlaltizapán), consideraba viable el proyecto de vivienda y compra del terreno embargado por un banco.