Máximo Cerdio
Jojutla.- A Rafael Campos Valverde, policía de este municipio, le diagnosticaron cáncer, motivo por el que comenzó un largo y difícil camino para buscar una cura que lo ha agotado física, emocional y económicamente.
La enfermedad mortal consume al trabajador y a su familia, y las autoridades no responden ante la gravedad del problema a pesar de que desde el año 2013 una sentencia de autoridad competente ordenó al Ayuntamiento que inscriba a la víctima a la institución de seguridad social correspondiente, se le pague su salario íntegro y los caídos y se le devuelva los gastos realizados por el tratamiento de su enfermedad.
“Te pasa eso porque eres flojo”
Los malestares del policía raso, de 42 años de edad, con dos hijos que viven en el extranjero, comenzaron en 2009: tenía constantes dolores de estómago. Asistía al servicio médico del Ayuntamiento y el titular, Raúl Lechuga, le recetaba pastillas para el dolor. “Te pasa eso porque eres flojo y no quieres trabajar” o “Eres muy nervioso, por eso te duele el estómago”, eran los diagnósticos del galeno sobre el padecimiento del oficial.
Como el malestar aumentaba en vez de disminuir, Rafael acudió al Hospital General Dr. José G. Parres, en Cuernavaca, y en julio de 2010 recibió la peor noticia que le han dado en su vida: tenía un tumor cancerígeno en el intestino grueso.
A partir de ese momento, Rafael Campos Valverde y su familia emplearían todo su esfuerzo en recuperar la salud, por lo que comenzaron un largo peregrinar ante autoridades y hospitales.
Primero, le reducen su salario a la mitad
Rafael Campos acudió al Ayuntamiento, presidido entonces por Enrique Retiguín Morales, para que lo inscribieran ante alguna institución de seguridad social y para pedir ayuda económica porque el tratamiento para el cáncer resulta muy caro. En respuesta, recibió una disminución de su sueldo ya que según el contador del Ayuntamiento al estar incapacitado no estaba trabajando: antes le pagaban 3 mil 400 pesos y desde ese día recibió sólo mil 300 pesos quincenales, cantidad que no le ajustaba ni siquiera para comprar medicamentos para el dolor.
Como consecuencia de la negativa del Ayuntamiento de Jojutla de darle cobertura de seguridad social, de pagarle lo que había erogado por tratamiento, medicina y cirugías por su enfermedad y de completarle su salario, el 24 de septiembre de 2012, Campos Valverde presentó la demanda ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, dándosele el expediente TCA/2s/146/2012.
–Viendo que el Ayuntamiento de Jojutla no cumplía con su responsabilidad, viajé a la Ciudad de México por varios días y, después de muchos trámites y gastos, el 4 de octubre de 2010 logré ingresar al Instituto Nacional de Cancerología (INC) en donde me dio el número de expediente 103853. Desde ese momento a la fecha, he tenido que viajar con bastante frecuencia al Distrito Federal a Cancerología, a consultas, curaciones, cirugías y tratamientos; siempre acompañado de un pariente. Todo esto me ha ocasionado a mí y a mi familia un gran desgaste físico y emocional y también muchos gastos económicos por los pasajes de camiones o gasolina y cuotas en la caseta; hospedajes y alimentación y demás gastos: al día de hoy hemos pagado una cantidad mayor a 200 mil pesos, los cuales hemos conseguido con mucho sacrificio, endeudándonos y teniendo que vender algunos bienes que disminuyeron el patrimonio de mi familia y mío –explicó el oficial.
Después, le suspenden el pago
Con la llegada de Hortencia Figueroa Peralta a la presidencia municipal, Rafael supuso que recibiría la ayuda que legalmente le correspondería, porque era la primera vez que una mujer –de quien él espera mayor sensibilidad que de un hombre– cogía las riendas del municipio y porque en su discurso de toma de protesta ante el gobernador Graco Ramírez, el 1 de enero de 2013, la edil ofreció seguridad, trabajo y honestidad. La perredista dijo que homologaría los sueldos de los elementos de seguridad y que “la honestidad deberá ser la virtud que regule nuestro ejercicio gubernamental; se acabaron los saqueos de las arcas municipales. No más juicios laborales simulados”.
Sucedió todo lo contrario a lo que Rafael esperaba. En enero de 2013 el cabildo le suspendió el pago total; tampoco lo quiso inscribir en la institución de seguridad social ni pagar los gastos por tratamientos y medicamentos contra el cáncer, ni le quiso completar su salario; la razón que dio la presidenta municipal Hortencia Figueroa fue que el policía había entablado un juicio contra el Ayuntamiento ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
La salud de la víctima siguió disminuyendo. Él y su familia siguieron luchando contra la enfermedad. Los gastos no cesaban.
El 12 de marzo de 2013, en el juicio administrativo TCA/146/12 promovido por Rafael Campos Valverde contra el Ayuntamiento de Jojutla, la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo condenó al demandado a pagar las diferencias salariales omitidas desde que se generaron hasta que se regularice su salario (142 mil pesos por 104 mil diferencias salariales); al pago de los gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios generados por motivo de su enfermedad, y a la inscripción retroactiva a los servicios de salud.
La sentencia nulifica los actos del Ayuntamiento por los cuales de manera ilegal y unilateral le redujeron el salario al policía y después le suspendieron sus haberes y sólo le dieron incapacidades.
Rafael Campos suponía que con esta resolución la alcaldesa actuaría de inmediato y lo inscribiría a la seguridad social para que pudiera recibir sin costo su tratamiento contra el cáncer, le pagaría lo que ha gastado hasta la fecha por dichos tratamientos y recibiría su salario total con todo y los caídos; sin embargo, hasta el cierre de edición de este reportaje, el Ayuntamiento no ha dado cumplimiento a la orden del tribunal. Es más, se amparó para evitar cumplirla; pero perdió dicho juicio y los regidores tuvieron que pagar varias multas por incumplimiento.
El oficial reconoce haber recibido, por parte de la presidenta municipal, la cantidad de 40 mil pesos por concepto de anticipo para gastos médicos y le ofrecieron otros 10 mil pesos por el mismo concepto ante el Tribunal, pero cuando acudió a las oficinas del Ayuntamiento por el cheque de esa última cifra no se lo entregaron porque los empleados no lo “encontraron”.
También acepta que Hortencia Figueroa le ofreció contratarlo, pero en otra área y con la condición de que acepte 100 mil pesos en vez de 200 mil que le corresponden por gastos que ha hecho por su enfermedad, además de la reducción de la cantidad que le corresponde por salarios caídos y homologación, perdería su antigüedad en el empleo.
–Lo único que pido es que el Ayuntamiento me pague lo que está ordenando la ley, es a lo que tengo derecho. La presidenta Hortencia Figueroa me ha hecho ofrecimientos, por ejemplo, me quiere dar 80 mil pesos por los gastos que he hecho, pero éstos suman más de 200 mil pesos que mi familia y yo hemos gastado y mucho de ello lo debemos. Además, no es dinero de Hortencia sino es una deuda que el municipio tiene conmigo. Parece que ella no entiende mi situación: estos dolores insoportables que me dan cuando se acaba el efecto de la morfina que me aplican; la angustia y desesperación que me da cada vez que me aplican radioterapia o quimioterapia; la imposibilidad para trabajar y no tener dinero para pagar mis medicinas. Hay que ser muy humano para entender esto; pero a ella esto no le importa –expuso Rafael Campos Valverde.
Hortencia Figueroa: no ha habido deposición
La presidenta Hortencia Figueroa Peralta, licenciada en derecho de profesión, dio a conocer a Conurbados que desea que el caso de Rafael Campos pueda resolverse ya en un tiempo breve y que ha platicado de manera personal con él, a quien considera “ex trabajador” –Rafael Campos Valverde es servidor público y continúa formando parte del Ayuntamiento de Jojutla porque sigue recibiendo sus incapacidades y porque un tribunal ordenó su reincorporación– y al que ha hecho propuestas para resolver jurídicamente esos temas.
Sobre la inscripción del elemento policiaco a la seguridad social, mencionó que solicitaron al Congreso del estado autorice al Ejecutivo para que pueda constituirse como aval, para poder cumplir, porque como municipio no pueden contratar de manera directa los servicios de seguridad social. El Congreso aún no ha contestado, y la enfermedad consume a Rafael Campos; éste ha mencionado mientras que el Ayuntamiento hace los trámites de inscripción, por lo menos debería liquidarle lo que ha pagado por cirugías, tratamientos, medicinas y estudios, que sobrepasan los 200 mil pesos, pero sólo le han dado 40 mil pesos.
Al efecto, el regidor Gerardo Sánchez Mote informó que en la segunda semana de diciembre pasado, él y la directora de Recursos Humanos asistieron a una cita al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Cuernavaca, para plantear la incorporación del policía Rafael, y de esta manera, cumplir con una parte de la sentencia dictada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) para que Rafael Campos y su familia dejen de solventar por sí mismos los gastos de medicamentos y tratamientos; sin embargo, apuntó que en la actualidad desconoce el procedimiento que le ha dado el área jurídica del municipio de Jojutla, pues no ha sido informado si ellos enviaron ya el oficio de solicitud.
Sánchez Mote dijo que Hortencia Figueroa Peralta y las autoridades inmersas en este procedimiento “no están haciendo las cosas como deberían de ser”, por eso solicitó información del caso, puesto que en el municipio en donde él forma parte del cuerpo edilicio, ni siquiera les habían informado sobre la demanda que derivó en una sentencia del Tribunal a pesar de que en un par de ocasiones se les indicó pagar multas por no acatar una orden judicial, sin que los munícipes conocieran del caso.
En relación con el adeudo al oficial por salarios caídos y que sobrepasan los 180 mil pesos, la alcaldesa mencionó que se hizo un ofrecimiento de 90 mil y después de 100 mil, pero el asalariado quiere la totalidad y “no ha habido la disposición del trabajador para poder concretar el acuerdo”. Rafael sólo responde que Hortencia no pondrá ese dinero de su bolsa, es una cantidad que un tribunal ordena que pague la comuna por algo que legalmente le corresponde.
Hortencia Figueroa afirmó que, desde octubre de 2014, se ofreció a Rafael Campos la reincorporación a la nómina con un sueldo de cinco mil pesos mensuales a pesar de que no tiene la posibilidad de reanudar su labores y estaría en un carácter de incapacitado pero recibiendo de manera normal y puntual su salario. El policía víctima de cáncer mencionó al respecto que este ofrecimiento de la presidenta municipal está condicionado a que él acepte la mitad de lo que le corresponde por salarios caídos –más de 180 mil pesos– y que renuncie al pago de gastos médicos –más de 200 mil pesos–, además de que perdería la antigüedad de su empleo.
Figueroa Peralta dijo que no se puede forzar un acuerdo con Rafael ni con su familia ni con el abogado Manuel Guzmán Pérez si no existe disposición. En vez de recibir 30 por ciento de 100 mil, el abogado quisiera recibir el 30 por ciento de 200 mil. “También aquí hay una situación que nosotros hemos señalado, el abogado de Rafael fue secretario particular del exedil Enrique Retiguín, que además de su actividad jurídica tiene claras intenciones políticas en un momento dado respecto a quienes estamos el día de hoy al frente de la administración”, indicó la alcaldesa.