Por Yesenia Daniel
Jojutla de Juárez. Martina Labra salió de su casa como a las 8 de la noche del 17 de abril de 2014 y ya no regresó. Al no volver, la angustia de la familia fue inmediata, pues días antes el ex esposo había sentenciado que le iba a dar un “levantón”. Veintidós días después fue encontrada muerta en los campos de cultivo de Tenayuca, no muy lejos de su casa en la comunidad de Tlatenchi, de este municipio.
De esto hace ya un año y después de un ir y venir a las oficinas de la Fiscalía regional para conocer quién la mató y por qué sin que las investigaciones avancen en lo más mínimo, la cansada familia piensa dejar el asunto en manos de Dios.
La muerte de Martina Labra Rebolledo forma parte de los 103 casos que la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH)–asociación civil constituida legalmente en 1989–,documentó en el Informe Sombra de la Alerta de Violencia de Género. Los 103 feminicidios incluidos en este estudio ocurrieron entre junio de 2013 y febrero de 2015, en diferentes puntos del estado de Morelos.
Sepultada el 10 de mayo
“El diez de mayo la estábamos sepultando”, dice Walfre,el hermano de Martina. En vísperas del día de las madres unos campesinos dieron el aviso a las autoridades del hallazgo de un cadáver de mujer, localizado no cerca de las orillas sino más al fondo, al centro de la tierra de cultivo. De acuerdo con los primeros indicios, las autoridades periciales determinaron en el lugar del hallazgo que el cuerpo tenía entre 10 y 15 días sin vida.
La víctima vestía pantalón color vino, blusa negra y huaraches color plata, en su blusa se notaban algunas perforaciones producidas por arma punzocortante; el cuerpo aún conservaba alhajas, incluso, algunas de plata.
El 24 de abril de 2014, la familia salió a las calles de Tlatenchi, pidiendo la colaboración de la población para localizar a Martina de 50 años, madre de dos hijos, ama de casa y trabajadora de un pequeño taller familiar de ropa íntima. Fue en una sesión de cabildo realizada en la cancha de su comunidad en donde presentaron la foto de Martina Labra a los diferentes medios de comunicación.
En aquella ocasión, la familia refirió que Martina había iniciado un trámite de divorcio,porque era objeto de malos tratos tanto de parte de su esposo como de sus hijos.Los parientes señalaron de manera directa al marido, de nombre Julio Andrés Peralta de León, por lo que pudiera pasarle a ella, ya que él le había proferido diversas amenazas. Además de que estaban peleando jurídicamente la posesión de bienes inmuebles.
La desaparición de Martina Labra quedó asentada en la carpeta de investigación JO-UIDD-A/900/2014 por persona extraviada o no localizada en la Fiscalía Regional.
“Él (ex esposo) vino a hablar, pero vino con otras personas porque como él apuntaba todo… incluso a mi papá se lo dijo directamente que ya había ido a Guerrero y que había ido con un tío para que le diera un levantón, que había pagado 50 mil pesos para que la desaparecieran, y mi papá fue y declaró todo eso y pidió que lo mandaran traer, en la Fiscalía le dijeron ‘usted está asegurando algo, señor, que podría afectar’, le dicen:‘¿y si lo mando a traer, usted está dispuesto a declarar?’, y dijo que sí pero nunca los carearon”, platica Walfre Labra.
La respuesta tardía de las autoridades encargadas del seguimiento de investigación y procuración de justicia, la ineficiencia o la ausencia de la misma es denominada por la CIDH como “violencia institucional”.
El estudio de la CIDH también resalta la falta de respuesta de las autoridades cuando se denuncia violencia.
Autoridad ni evita ni esclarece
“Así como incontables víctimas habían denunciado violencia en su contra ante autoridades que no la consideraron un riesgo para la vida y no asumieron su responsabilidad para evitarla, un número alarmante de casos no son esclarecidos, no se llega a la verdad, los agresores no son sancionados y no hay justicia. Por el contrario, la falta de profesionalismo de los funcionarios, el trato discriminatorio, incluso el encubrimiento a los agresores o la complicidad con ellos, prevalecen en la procuración de justicia. La corrupción hace inconfiables para la ciudadanía a las instituciones en general y no hay mecanismos eficientes para exigirles el cumplimiento de sus obligaciones”, cita el documento en mención.
Walfre vivió en carne propia, además del dolor de no encontrar a su hermana, la frustración de la insensibilidad de los funcionarios públicos que le atendieron en sus múltiples visitas a la Fiscalía.
“La mera verdad me dice una señorita del ministerio público, ‘lo que pasa es que su hermana no se deja encontrar’, y yo le digo, no señorita ora sí me va a disculpar pero no es porque no se deje encontrar, ¿ajá?, así me lo dijo como en chiste, dice, ‘lo que pasa es que su hermana no quiere que la encontremos’, y yo le digo ¿cómo no va a querer que la encontremos si está desaparecida? La mera verdad fue mucha pérdida de tiempo esto y siempre lo mismo”.
En esa ocasión Walfre quería, lo que han querido los cientos de familias de víctimas que actualmente hay en el estado, que las autoridades se pusieran en su lugar y pudieran sentir lo que ellos en esos momentos.
“Yo solo le digo que ojalá que usted nunca pase por esto que estamos pasando nosotros, que nunca le falte nadie de su familia”, sentenció Walfre a la suplente de la Ministerio Público, María Elena Luengas, quien lo atendió el 8 de mayo de 2014 pero cuyo nombre no recuerda.
La pobreza multiplica la desgracia
“Su casa es la de allá, en el portón verde”, nos indica una vecina de la familia, en el centro de Tlatenchi. Es un callejón con viviendas, en su mayoría, hechas de tabicón, sin revocar, las paredes de algunas de ellas son de alambre que a la vez aprovechan para tender la ropa al sol. Hay perros echados a mitad de la calle y niños con sandalias y short que van a la tienda con botellas de Coca Cola colgando de la mano.
Un hombre mayor abre la puerta y nos mira con desconfianza, el calor hace que la camisa se le pegue al cuerpo, le preguntamos por Walfre; todo lo que se comunica en esa casa a partir de la búsqueda para hablar con la familia se hace en susurros para no perturbar a la mamá.
Después de que su hermana fue sepultada, pasaron al menos dos meses más esperando avances en la investigación de la muerte de Martina pero la familia se cansó y se desgastó. Walfre y su familia son personas de bajos recursos económicos, él es albañil y tiene familia propia que mantener, otros integrantes de la familia comparten el terreno para vivir; a las 7 de la noche apenas está comiendo porque trabajó todo el día en una construcción, dar declaraciones a la prensa sobre los avances de la investigación del asesinato de su hermana no es su prioridad pues su mamá está enferma, le vino una embolia tras la muerte de su hija Martina y su salud fue mermando con el paso de los meses, ahora en lugar de vueltas a la Fiscalía, hacen visitas constantes al hospital para atender a la jefa de la familia.
“Luego me pregunta en qué mes estamos, y mejor la distraigo con otra cosa porque ya sé que se va a acordar de que tiene un año que Martina no está o que se cumplen meses de su muerte”, dice Walfre sobre su mamá.
Tlatenchi es una de las comunidades con altos índices de violencia en sectores juveniles, principalmente; por eso Walfre refiere que a veces es mejor “no mover las aguas” porque pueden reaccionar, y deja en las manos de Dios el castigo para el o los culpables.
Le apuestan al cansancio de las víctimas
“Muchas de las familias de víctimas se agobian, se agotan, porque de por sí el sufrimiento ya es mucho de perder a un familiar, perderla en estas circunstancias, y todavía estar perdiendo tu tiempo y hasta el dinero de estar todo un día esperando para que te den una respuesta, pues es muy complicado seguir buscando justicia para que las autoridades que sí están cobrando, hagan su trabajo. Pareciera que cansar a la familia es un método contra la familia o quien busque justicia”, expresa Ixlol Cielo Preciado Bahena, coordinadora del Comité Contra el Feminicidio (Cocofem).
El caso de Martina Labra es un ejemplo claro de un feminicidio, explica Ixlol, donde previamente hubo violencia física y amenazas de muerte de parte de su pareja, “es un feminicidio muy claro y parece ser que no hay avances del caso”.
Cocofem, CIDHM y otras organizaciones ocupadas en la lucha por la defensa de los derechos humanos han exigido al gobierno del estado y al propio gobierno federal la instalación de la Alerta de Violencia de Género, que es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad; sin embargo no se ha tenido éxito.
“La política del gobierno federal y la del Estado es la misma: hacer como que no pasa nada, acciones mediáticas y solo algo para la foto pero nada de fondo”, lamentó Ixlol Preciado.