Cuernavaca, Morelos; 18 de junio de 2015. De cara a las necesidades de los ciudadanos, del respeto a los derechos fundamentales y de la obligación de los servidores públicos de rendir cuentas, es que el Poder Legislativo y el órgano garante de transparencia en el estado, están redoblando esfuerzos a fin de dejar establecido el inicio de lo que será y de lo que se aplicará en el ejercicio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señaló Lucía Meza Guzmán, presidenta de la Mesa Directiva de la LII Legislatura.
“El pasado 4 de mayo el tema de la transparencia en el país tuvo un repunte importante, se promulgo la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; esto quiere decir que los órganos garantes de este derecho fundamental y tan importante como el derecho a nuestras garantías individuales, se transforman, y con ello sus marcos jurídicos, hechos que pondrán en orden a todos aquellos que ejerzan un presupuesto público”.
En este sentido, Lucía Meza aseguró que los trabajos legislativos sobre este tema han tomado fuerza estos últimos días: “estamos intercambiando ideas con la recién nombrada presidenta del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), Mireya Arteaga Dirzo; estamos conscientes de que debemos avanzar y dejar –al menos- bases sólidas o trabajos adelantados para que dicha ley pueda comenzar a operar a prontitud”.
Meza Guzmán hizo hincapié en que las leyes de acceso a la información en todo el país se armonizarán con la Ley General y al mismo tiempo se homologarán los principios, criterios y procedimientos de acceso a la información, esto con un solo objetivo:
“Hacer a este nuevo ordenamiento jurídico, una herramienta que contribuya –primero- en la difusión entre los ciudadanos de la importancia de dicho derecho; después, que la ley sea útil en el impulso por generar una verdadera rendición de cuentas y combatir la corrupción; y finalmente, que permita ampliar el conocimiento sobre las nuevas disposiciones y obligaciones en dicha materia, así como también promover que las organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, organismos garantes y ciudadanos, profundicen en el análisis del deber y de la responsabilidad de quienes los gobierna”.
Finalmente, la diputada encargada de la Mesa Directiva, aseguró que los trabajos que permitan aprobar esta nueva ley serán claves para que el IMIPE pueda comenzar a capacitar a los sujetos obligados existentes, pero sobre todo, informar de manera puntual a los nuevos sujetos obligados, como por ejemplo, en muchos estados del país, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como también –ahora- a cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación y las entidades federativas”.