Ciudad de México; 28 de enero de 2016. Al participar en la Plenaria del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, aseguró que en Morelos no se va a permitir ningún Abarca más, “en Morelos vamos aplicar la Ley, y vamos aplicarla porque sabemos que la filtración del crimen organizado no reconoce siglas, se mete por donde quiere y como puede. No se permitirán delincuentes con camisetas del partido que sean”.
Frente a sus homólogos de Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera; de Michoacán, Silvano Aureoles; el presidente del PRD, Agustín Basave, y el líder del partido en la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, el mandatario morelense afirmó que en el caso de Gisela Mota, alcaldesa de Temixco, las investigaciones van a ir a fondo, sin importar a quién se afecte, “no seremos cómplices por conveniencias políticas”.
“Aquí no lo vamos a permitir, vamos actuar con toda firmeza para demostrar que en este partido no consentimos delincuentes, y no consentimos como en otros partidos que convivan delincuentes con la camisa de un partido político”, agregó.
Sobre los dichos del senador Fidel Demédicis, el Gobernador aseguró no tener problemas con él, su posible proceso de expulsión es cosa del partido y de las utilidades de la Fiscalía del Estado por su conducta.
“Hay una declaración muy contundente de compañeros de Temixco y de la familia de Gisela. No es mi dicho, no es lo que yo afirmo, las personas más cercanas a Gisela hicieron una denuncia muy clara con nombres y apellidos de lo que ocurrió”.
Graco Ramírez aseguró que Fidel Demédicis quiere justificar el asunto como un problema personal, “yo no tengo problemas personales, cuando se gobierna no se tienen problemas personales, hay responsabilidades políticas”.
Sobre la detención del alcalde de Tlaquiltenango, Alonso Plascencia, reconoció que es gente que anda armada indebidamente y son las cosas que queremos acabar en Morelos, porque no se quieren sorpresas como la de José Luis Abarca.
“Al que le quede el saco y el que sea en Morelos, yo no tengo ningún compromiso con la delincuencia, me estoy jugando el pellejo, los he enfrentado y no voy a permitir que mañana haya compañeros del PRD, como es el caso ya evidente del alcalde de Tlaquiltenango que engañó al partido con antecedentes penales, con procesos de trata de personas y que se opone al Mando Único por consejo de los delincuentes que no quieren que la policía actúe en el municipio”, expresó.
También dijo que a pesar de los temores del conservadurismo se ha logrado abrir el debate sobre la mariguana y que detrás de este tema está la criminalización de los jóvenes, está la violencia de este país y un paradigma de persecución y combate al narcotráfico.
No se toca a la maquinaria delictiva que se beneficia económicamente de esta actividad, se criminaliza a los jóvenes por posición de mariguana, se les manda a las universidades del crimen que son las cárceles de este país. Estamos ante una situación de violencia, gastando miles de millones en persecución, criminalización.
La prohibición no baja el consumo, la sigue acrecentando, la persecución es más violenta y se criminaliza a los jóvenes, por eso hay que corregir de tajo, manifestó.
Ciudad de México; 28 de enero de 2016. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos dio una conferencia de prensa en la emitió un pronunciamiento sobre la actitud que ha asumido el Gobierno del estado ante la ciudadanía y ante la propia UAEM.
El documento fue firmado por firmado por Rolando Ramírez Rodríguez Secretario Ejecutivo del Colegio de Directores, Belinda Maldonado Almanza, presidenta del Colegio de Directores Profesores Consejeros, Virginia Paz Morales, secretaria General del STAUAEM, Mario Cortés Montes, secretario General del SITAUAEM, Israel Reyes Medina, presidente de la FEUM y Jesús Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM, y en él se expone:
Morelos vive desde hace años una crisis sin precedentes que ha afectado de manera grave a su ciudadanía, una crisis de violencia y miseria que lamentablemente se ha agudizado con el actual gobierno y la falta de cumplimiento de los compromisos que había hecho con ella.
Durante 2014, Morelos fue catalogado como el estado más violento del país. Durante 2015 la entidad se convirtió en el territorio de una lucha descarnada entre diversos cárteles de la delincuencia organizada, según datos oficiales reflejados en publicaciones hechas por sinembargo.mx, Proceso, El Universal, La Jornada, entre otros. En diciembre de ese mismo año se ubicó como el cuarto lugar nacional en materia de homicidios dolosos y secuestros. De acuerdo con el conteo realizado por los propios medios de comunicación de Morelos, durante los tres años de gobierno de Graco Ramírez, han ocurrido al menos 1,700 homicidios. Sólo en el mes de enero que transcurre han sucedido 33 en 25 días, cifra que supera los 25 que sucedieron en el mismo mes en 2015.
Al horror de todas estas muertes hay que agregar el asesinato de una niña de 10 años, un niño de 13, así como el asesinato, en su domicilio, de la alcaldesa de Temixco, Gisela Mota Ocampo, apenas unas 15 horas después de haber asumido la presidencia municipal. De igual forma, hay que destacar los 155 feminicidios durante la presente administración que propiciaron que la Secretaría de Gobernación, a mediados del año pasado, decretara la Alerta de Violencia de Género, convirtiendo a Morelos en el segundo estado de la República en hacerlo. A pesar de ello, los feminicidios no han disminuido. No podemos olvidar tampoco el flagelo de los desaparecidos que, según la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, es de 96 durante la presente administración.
Todos estos crímenes, en la medida en que el asesinato y la desaparición son deudas de Estado y no de gobierno, se suman a los cientos del sexenio anterior y muestra la incapacidad del Estado para procurar y administrar la justicia. Los casos más evidentes, en su atrocidad, son las fosas de la Fiscalía General de Justicia que se agregan a las 16 fosas clandestinas que se han descubierto en la entidad en los últimos tres años. Las fosas de la Fiscalía se encuentran en Tetelcingo, municipio de Cuautla, en donde 150 cadáveres fueron depositados ilegalmente y sin cumplir los protocolos forenses ni las normas más elementales de inhumación.
Aun cuando la UAEM ofreció su capacidad técnica y científica para ayudar a esclarecer estos hechos y darle certeza a las miles de familias que buscan, a lo largo y ancho del país, a sus familiares desaparecidos, el gobierno del estado bloqueó la posibilidad de hacerlo y con ello desdeñó el inmenso sufrimiento de las familias y la posibilidad de hacerles justicia. Además, ha anulado, en los hechos, la aplicación de la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y Violación a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos, aprobada por el Congreso en julio de 2013. Debido a ello, en Morelos no ha habido ni un solo caso de reparación del daño, a pesar de que fueron destinados para ello casi 30 millones de pesos.
La otra parte del flagelo, que se ha incrementado durante este sexenio, es la miseria, expresada en la exclusión social de miles de familias y en el incremento del crimen. Según la última medición del efecto de la política social realizada por el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (Coneval), Morelos, durante el sexenio que corre, fue el estado en donde más creció la pobreza, por encima de Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Una de las causas de ese incremento ha sido la imposición, por parte del gobierno, de los llamados “megaproyectos” que, al destruir los tejidos sociales de los pueblos de Morelos y dañar gravemente el medio ambiente y las tierras de cultivo, han multiplicado el deterioro social del estado que puede verse también en el incremento del consumo de drogas. Según la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en 2014, Cuautla es la segunda ciudad en el país con mayor consumo de ellas entre los niños de 10 años y los jóvenes de 17.
Frente a esta realidad, persistentemente negada por el gobierno del estado, encubierto tras una posición ideológica que pretende justificar la criminalidad y la desigualdad, la UAEM, consciente de su compromiso como una universidad socialmente responsable, ha puesto al servicio de la sociedad su capacidad humana, técnica y científica para develar la realidad y ayudar a enfrentar la problemática. Así, en materia de inseguridad, inauguró los Diálogos Políticos por la Seguridad Ciudadana, hizo el diagnóstico denominado Atlas de la seguridad y violencia 2014 y 2015, el Diagnóstico y plan de prevención social de la violencia y la delincuencia en el municipio de Cuernavaca, el Diagnóstico estatal de la precepción ciudadana sobre la violencia, la delincuencia, la inseguridad y la dinámica social e institucional, entre otros. También realizó diversos estudios para evaluar el impacto de la miseria y la exclusión en el bienestar desde diversos campos del conocimiento científico. Todas estas acciones pueden servir de base para la creación de políticas públicas y programas que respondan a las problemáticas más sentidas y urgentes en la entidad.
En relación con las víctimas creó los programas de Atención a Víctimas y, ante la falta de capacidad de las autoridades para responder en materia técnica y científica en la identificación de cuerpos, el de Identificación Humana. También realizó múltiples acciones de difusión y extensión de servicios en sus distintos campus, sedes y unidades académicas, para enfrentar la terrible realidad social y política que vivimos.
Esta posición ética, social y política, que está en la vocación fundamental del ser universitario, que implica un compromiso irrenunciable con la sociedad morelense, con sus pueblos y sus comunidades, y que tiene como uno de sus objetivos develar la realidad para transformarla, ha generado molestia en el gobierno y en los grupos de poder. Dicha molestia se ha expresado no sólo en amenazas y violencias a varios de los miembros de la comunidad universitaria, cuyas denuncias se encuentran bajo investigación en la Procuraduría General de la República (PGR), sino también en los agravios cometidos por parte del gobierno del estado en contra de la UAEM. Presentamos sólo algunos de ellos:
La no construcción del hospital universitario y de la escuela preparatoria de Cuautla, promesas de campaña en la propia UAEM.
Las obras de infraestructura, que ejecuta el gobierno del estado con recursos de la federación asignados a la Universidad, están estancadas o inacabadas. Los ejemplos más visibles son la Torre de Laboratorios, el edificio del Centro de Investigación en Biotecnología y el edificio de la Facultad de Humanidades.
Desde el mes de octubre de 2015 la UAEM entregó al gobierno del estado la relación de obras autorizadas por la federación para firmar los convenios respectivos en materia de infraestructura, por un monto de 391.7 millones de pesos. Pese a que el convenio del estado con la federación fue firmado desde el mes de octubre, el gobierno del estado no ha iniciado, hasta el momento, los procesos para la realización de las obras.
La no entrega del recurso para la rehabilitación de la Biblioteca Miguel Salinas, a pesar del enorme descontento de la sociedad morelense y de la comunidad estudiantil por la situación en que se encuentra.
La eliminación del 5% del Impuesto Pro Universidad en la iniciativa de egresos 2016 enviada al Congreso por el Ejecutivo.
La iniciativa del Ejecutivo enviada al Congreso en 2015 para reducir la autonomía universitaria.
La no devolución del Impuesto Sobre la Renta (ISR) establecida por el SAT, que para la Universidad representan 120 millones de pesos aproximadamente. Hasta el momento el SAT ha devuelto 10 millones de pesos, mismos que el gobierno del estado no ha entregado a la Universidad.
En diciembre pasado, el gobernador se comprometió con los trabajadores académicos y administrativos a dar 100 millones de pesos para el pago de los aguinaldos. Esta acción, ampliamente publicitada, nunca ocurrió. Los 100 millones de pesos, recibidos por la UAEM, llegaron vía las economías de la SEP —tal y como consta en el Convenio de fecha 7 de diciembre de 2015 y en el Oficio 219-2/16-008— y no por las supuestas gestiones del gobernador.
El gobierno del estado no ha firmado el Convenio de Subsidio Ordinario 2016, por lo cual la UAEM no ha recibido la primera ministración federal y no dispone de los recursos para pagar la nómina.
Ante esta realidad, y en el marco de los emplazamientos a huelga de los trabajadores académicos y administrativos, que vencen el próximo 1º de febrero, la Universidad exige al gobierno de Graco Ramírez:
Que cumpla con la construcción del hospital universitario y la preparatoria de Cuautla.
Que concluya la Torre de Laboratorios y que cumpla con la construcción del edificio del Centro de Investigación en Biotecnología y del edificio de la Facultad de Humanidades.
Que instruya a quien corresponda a que se inicien las gestiones requeridas para la aplicación de los 391.7 millones de pesos en las diversas obras de infraestructura que requiere la UAEM para el desarrollo de sus actividades sustantivas.
Que haga entrega del recurso para la rehabilitación de la Biblioteca Miguel Salinas.
Que vuelva a establecer la obligación de la aportación municipal del 5% Pro Universidad.
Que no vuelva a atentar contra la autonomía universitaria.
Que reintegre inmediatamente el monto de los recursos que la UAEM gestionó por concepto de devolución del Impuesto sobre la Renta, de los cuales el SAT ya liberó 10 millones de pesos.
Que entregue los 100 millones de pesos que comprometió en diciembre pasado con los trabajadores de la UAEM.
Que firme de inmediato el Convenio de Subsidio Ordinario 2016, para que la Universidad tenga disponibilidad y solvencia financiera.
Por lo anterior, convocamos a la comunidad universitaria y demás organizaciones que quieran solidarizarse con la misma a:
Sumarse a las acciones y manifestaciones a las que convocaremos oportunamente.
Emplazar al Congreso del estado para que, en un término de 15 días, dé vigencia al artículo 19-bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como a la Ley de Participación Ciudadana (ley reglamentaria del mismo artículo) y se conforme el Consejo Estatal de Participación Ciudadana con presencia de la UAEM y de organizaciones de la sociedad civil.
Por lo anteriormente expuesto, convocamos a la ciudadanía a construir —en el marco de la Constituyente ciudadano-popular que recorre el país, y de cara al 2018— un Constituyente Originario para el estado de Morelos, que le dé cauce a un nuevo pacto social, y nos garantice la seguridad, el bienestar, la justicia y la paz para todos los que vivimos y amamos a Morelos.
Tepoztlán, Morelos; 28 de enero de 2016. Al grito de “No queremos alcohol, queremos diversión”, “Carnaval sin alcohol” y “Queremos disfrutar de nuestros carnaval” alumnos de distintos educación básica de Tepoztlán salieron a las calles de la cabecera municipal del pueblo mágico para participar en un caravana que pretende disminuir la vendimia de alcohol en esta localidad.
A más de una semana de que arranquen las actividades propias del carnaval, los educandos de jardines de niños, primarias, y secundarias del pueblo mágico, con pancartas en mano acompañados de sus padres y profesores, los niños recorrieron las calles aledañas a la presidencia municipal a fin de crear conciencia sobre la importancia de preservar las tradiciones sin el abuso de bebidas embriagantes.
La caminata fue organizada por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Tepoztlán) en donde La directora de este organismo declaró que se busca evitar que en carnaval de Tepoztlán próximo a celebrarse los comercios efectúen una venta indiscriminada de alcohol.
La funcionaria Juana María García, expresó que este carnaval el Ayuntamiento ubicará en un predio las famosas “Barras”, sitio donde se venderán y consumirán las bebidas o de lo contrario se actuará en consecuencia.
A partir del seis y hasta el próximo nueve de febrero el municipio de Tepoztlán se celebrará como parte de la temporada de Carnavales en Morelos la edición 2016 del brinco del chinelo en el pueblo mágico.
Cuernavaca, Morelos; 28 de enero de 2016. El delegado en Morelos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) comentó se busca reubicar las oficinas centrales de esta dependencia, localizadas en Avenida Plan de Ayala.
Guillermo del Valle refirió que la decisión surgió luego de verificar que las instalaciones son incomodas para los derechos habientes de este instituto, sobre todo la de los mayores a los 60 años y explicó que de igual forma la actual ubicación representan un riesgo para los derecho habientes dado que tiene que cruzar una vía de comunicación que concreta alto flujo vehicular.
Puntualizó que cambiarían las oficinas centrales del ISSSTE a Avenida Morelos Sur, justo en el predio en donde muchos años estuvo la tienda de este instituto.
Informó que se buscará consolidar un proyecto denominado Plaza ISSSTE, dado que cuenta con espacios suficientes e instalaciones más cómodas para la población, y sería el sitio en donde estarían las oficinas del Sistema de Agencia Turísticas (TURISSSTE), del Fondo de la Vivienda (FOVISSSTE) y del órgano encargado de administrar el retiro de los trabajadores al servicio del gobierno (PENSIONISSSTE).
“Hoy estamos en un edificio de departamentos que hace siete ocho años está la delegación, ahí y que no tiene las condiciones, nosotros atendemos a 50 mil adultos mayores quienes van con cierta frecuencia a al delegación y tienen que subir escaleras o subir por un elevador para cuatro personas, es decir, no hay condiciones en el edificio actual para que la delegación pueda seguir funcionando”.
Cuernavaca, Morelos; 28 de enero de 2016. En entrevista, Alberto Sánchez Ortega, presidente municipal de Xochitepec, adelantó que el cuerpo edilicio de esta localidad aprobó disminuirse su percepción salarial.
El munícipe dijo que actualmente se analiza el monto que habrán de bajarse, sin embargo aseveró que este acto es congruente con el plan de austeridad que ellos asumieron desde el primer día de gobierno a fin de hacer frente al tema económico y con ello en la medida de lo posible sanear las finanzas de la comuna.
Manifestó que aunado a la reducción de su salario se contempla efectuar una disminución en la nómina, o personal que, a decir del edil, debe reducirse en un 20 por ciento.
“Nosotros vamos a reducir la nómina, no volveremos a formar la misma plantilla; yo creo que de un 20 o 30 por ciento –será la reducción-, todos los compañeros están de acuerdo hay una reducción de salarios, no hemos estipulado bien qué porcentaje», dijo Sánchez Ortega
Explicó que se ha logrado llegar a acuerdo con 78 personas de las cuales prescindieron de sus servicios, lo que ha permitido concluir la relación laboral Ayuntamiento –trabajador en buenos términos.
Tlaquiltenango, Morelos; 28 de enero de 2016. El presidente municipal de Tlaquiltenango, Enrique Alonso Plascencia, desmintió que fue detenido esta mañana en la caseta de Tlalpan como lo confirmó el secretario de Gobierno, Matías Quiroz y medios nacionales.
En entrevista, el alcalde dijo: “vengo llegando de Hacienda, fuimos a firmar y mi cita fue a las 11:24 de la mañana, estuvimos desde temprano, no he ido a México para nada, quiero aclarar que ayer estuve en México y hubo un retén de federales para revisar a toda la ciudadanía y yo no me iba a oponer y por supuesto que hay elementos armados pero son oficiales que tienen portación y tienen la identificación, todo está dentro del marco de la ley no sé porque hay está situación”.
Enrique Alonso manifestó que le queda claro que todo esto es parte de una denostación de parte del Ejecutivo, con la intención de dañar su imagen por defender a su pueblo.
Aclaró que lo ocurrido en la caseta de Tlalpan fue una simple revisión y que como cualquier ciudadano cumplió su deber, por lo que pidió al Gobierno del Estado que si tiene pruebas contra él que las presente, porque si las tuvieran ya lo hubieran detenido.
“Ya van más de 20 días y no pueden proceder, si tuvieran prueba real no lo estarían mandando a medios”, aseveró el edil.
Asimismo, cuestionado sobre su expulsión del Partido de la Revolución Democrática (PRD) señaló que están en su derecho de pedir su expulsión, sin embargo, lamentó que se han violado sus derechos y lo han dejado en una situación de indefensión, pero que tiene pruebas de que es inocente.
“Espero que el presidente del PRD no vuelva a cometer un error más ante la ciudadanía, puesto que dijo que tengo antecedentes penales, eso es una gran mentira, yo presenté mi carta de antecedentes no penales, dice que tengo vínculos con una persona presa, ella está pagando su condena y cada quien es responsable de sus propios actos”, declaró Enrique Alonso.
Por último, dijo que no descarta renunciar al PRD, “me voy a retirar de un partido porque no puedo estar en un partido que someta a merced a la militancia”, concluyó.
Cuernavaca, Morelos; 28 de enero de 2016. El subsecretario de Asesoría y Atención Social del Gobierno del Estado, Jorge Meade González, informó que con el consenso o sin él la remodelación de Plaza de Armas se llevará a cabo.
El funcionario estatal dijo que están trabajando todos los días con los comerciantes establecidos como ambulantes para llegar a un acuerdo, pero que ha sido complicado, sin embargo, indicó que independientemente de eso la obra tiene que realizarse, “la obra llevará tres, cuatro, cinco meses y los comerciantes siempre encuentran que hacer, lo que queremos en el gobierno es ofrecer oportunidades para que puedan establecerse”.
Meade González detalló que sólo reconocen a un padrón de 70 comerciantes de Plaza de Armas como tolerados y es a los que van a reubicar en algún lugar, pero que aún no encuentran el espacio porque “cuando les hablas que tienen que pagar, se complica el asunto, pero hay que entrarle porque la parte mas cómoda es así, hay un lugar para que quepan los 70.
Admitió que falta socializar este tema porque es complicado, pero que todos los días lo están atendiendo, y que desconoce cuando iniciará la obra a pesar de que la secretaria de Obras Publicas informó que los trabajos iniciarían a finales de este mes.
Cuernavaca, Morelos; 28 de enero de 2016. Ante el incremento de violencia en el municipio de Cuernavaca, el regidor del Partido Social Demócrata (PSD), Eduardo Bordonave Zamora, anunció que mediante el cabildo solicitarán que el comisionado de Seguridad Publica, Jesús Alberto Capella, rinda un informe porque es el responsable de la seguridad del municipio.
“El comisionado tiene que dar cuentas de lo que está pasando, estamos muy preocupados, como ayuntamiento vamos a ver los alcances del convenio de Mando Único porque tenemos derecho a pedir explicaciones de que es lo que está pasando porque afecta la imagen de Cuernavaca, afecta el turismo, es mentira que Cuernavaca ya está más tranquilo, al contrario, este mes se ha recrudecido la violencia”, externó el regidor.
Comentó que podría ser la próxima semana cuando se pida la presencia del comisionado y también revisarán el convenio del Mando Único porque no están de acuerdo porque ellos pagan salarios de los policías y de altos mandos, así como la gasolina y el estado ordena.
“Estamos en discusión de ver como es el convenio porque ni ellos tienen claro cuáles son los alcances del convenio. Antes de que termine febrero estaremos delimitando el convenio porque tienen tránsito y Protección Civil (PC) y es algo absurdo porque la seguridad no tiene nada que ver con PC y tránsito”, concluyó.
Cuernavaca, Morelos; 28 de enero de 2015. Maestros jubilados manifestaron que a pesar de que se suspendió la marcha que se tenía programada para este jueves para exigir el pago de adeudos como el bono del día del maestro, prima de antigüedad, tienen las armas listas para defender sus derechos laborales.
En una reunión afuera de Palacio de Gobierno, decenas de maestros jubilados se dieron cita, donde expresaron su inconformidad por la desactivación de la marcha que se tenía programada para este día, porque es como si les dieran un dulce y se tranquilizan.
Una de las docentes jubiladas dijo que bueno que se les va a pagar pero que es necesario sentar la precedencia de sus pagos, por lo que se darán a la tarea de fundamentar las circunstancias legales de sus prestaciones adquiridas como los bonos decembrinos, del día del maestro y el aguinaldo de 90 días.
“No vamos a marchar, que no se preocupen, una vez informados aquí vamos hacer lo que sigue, vamos hacer nuestra tarea, de la parte de ustedes van hacer sus propias tareas”, declaró otra profesora.
Asimismo, subrayaron que van a insistir en fundamentar sus exigencias, porque “no se trata de marchar por marchar, sino todo lo tenemos fundamentado y las armas listas para defender nuestros derechos”, concluyeron.