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Por la redacción

Cuernavaca, Morelos; a 14 de junio de 2013. El diputado Juan Ángel Flores Bustamante presentó ante el Pleno legislativo una iniciativa de decreto por la que se adiciona una fracción al artículo 61 de la Ley del Transporte del estado, para que sea cancelada la concesión de aquellos transportistas que resulten vinculados a ilícitos en la prestación del servicio público.

El legislador, quien preside la Junta Política y de Gobierno, al presentar el instrumento parlamentario dijo que a últimas fechas los delitos cometidos a bordo de unidades del servicio público han ido en aumento, pues un alto porcentaje de delitos de diversa índole, tales como robo a casa habitación, robo a pasajeros o delitos mayores como secuestro y privación ilegal de la libertad se cometen con la ayuda, auxilio o participación de una unidad del servicio público de pasajeros en su modalidad de taxis.

“Esta situación es grave para la ciudadanía que se ve afectada en su integridad personal y en sus bienes, mientras que los vehículos de servicio público que participan en estos hechos delictivos no sufren sanciones y siguen en circulación”, indicó el también coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Refirió que su iniciativa tiene por objeto facultar a la autoridad para que independientemente de los delitos que cometa el conductor, si se comprueba la participación del vehículo a sabiendas de que el propietario de la concesión conozca las actividades ilícitas que se realizaban en dicho vehículo o por medio de él, proceda a cancelarle la concesión de transporte público, y si es el propietario del vehículo quien se ve involucrado de manera directa en un ilícito con el mismo opere el mismo principio de cancelarle la concesión.

Expuso que la Secretaría de Transporte y Movilidad del gobierno del estado cuenta entre en sus atribuciones otorgar concesiones a los particulares para la prestación de algún servicio público, por lo que en uso de sus facultades la autoridad puede proceder a hacer lo que le mandata la ley; por ello se propone plasmar en la ley, la facultad de esta dependencia para que en los casos mencionados pueda cancelar la concesión.

El diputado Flores Bustamante estimó que esta medida “promoverá en los propietarios de las concesiones y los propios choferes de los vehículos, una cultura de cuidado y prevención del delito, beneficiando con ello a la sociedad”.

Por la redacción

Cuernavaca, Morelos; a 14 de junio de 2013. “Si en México persistimos en aplicar modelos de crecimiento que ya ni si quiera funcionan en los países que los inventaron, los costos sociales humanos serán cada vez mayores, así como el riesgo de entrar a una etapa de crecientes conflictos sociales”, advirtió Rodolfo Satevenhagen, durante su conferencia magistral titulada Cómo sacar al buey de la barranca, perspectivas para el México actual, impartida esta mañana en el auditorio “Gral. Emiliano Zapata” de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) en el marco del 25 aniversario del Colegio de Bachilleres.

Rodolfo Stavenhagen, distinguido por la UAEM el pasado 30 de mayo con el grado de Doctor Honoris Causa, analizó las problemáticas que vive nuestro país como la pérdida de la soberanía alimentaria, la violencia, el acceso a la educación superior entre otras, las cuales dijo, “son producto de la agudización del proceso de modernización que vive México desde hace 30 años”.

En ese sentido Stavenhagen llamó a los estudiantes a tener un compromiso  social y humanismo para responder a dichas problemáticas, “hoy la respuesta le corresponde a las nuevas generaciones, las que llegan a la edad de la crítica razonada y que inician su vida profesional armados de un compromiso social, con la justicia, el humanismo y las causas del pueblo, que tengan una visión de un México mejor para todos. Y entonces si todos jalamos parejo, pues a lo mejor lograremos sacar al buey de la barranca”, aseguró.

De igual manera Stavenhagen señaló que para realizar los cambios que requiere nuestro país, se necesita una sociedad civil activa, clarividente, comprometida, luchadora y participativa que se auto organice para saber dialogar pero que también reclame y resista. Por último,  destacó que los avances en materia de derechos constitucionales de los pueblos indígenas, fueron resultado de su actuar emergente como sujetos sociales y políticos.

Rodolfo Stavenhagen ha sido gestor en organismos nacionales e internacionales, fue ex relator especial para los Derechos Humanos de los pueblos indígenas por la Organización de la Naciones Unidas (ONU), subdirector general de la UNESCO, investigador principal de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y secretario general del Centro Latinoamericano de Investigaciones en Ciencias Sociales.

Por Alejandro Torres

Cuernavaca, Morelos; a 11 de junio de 2013. Isidro Añorve Sánchez de Grupo Equidad y Participación Comunitaria de Morelos, dijo que se oponen al bloque denominado G13 integrado por diputados locales del PRI y el PAN que rechazan el reconocimiento de la diversidad sexual.

Por lo cual, pidió que no sólo se reconozca el matrimonio entre personas del mismo sexo en Morelos, sino también se elaboren políticas públicas que permitan la efectiva aplicación de los derechos establecidos en la Constitución Política: derecho a créditos, vivienda, seguridad social e igual jurídica.

En este sentido, integrantes de organizaciones como Pactos Violeta, Radio Chinelo, Consejo de Diversidad Sexual, entre otras, señalaron que no exigen la creación de nuevos derechos, sino que los diputados legislen con base en los principios de libertad, igualdad y no discriminación.

Además, consideraron que es necesario que los diputados locales del PRI y PAN debatan el tema desde una perspectiva de Derechos Humanos y respetando el Estado Laico, con base en argumentos jurídicos y no de índole moral.

Por la redacción

Cuernavaca, Morelos; a 10 de junio de 2013. El gobernador Graco Ramírez aseguró que la resolución de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para negar la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) a la empresa canadiense “Esperanza Silver de México, S.A de C.V”, que busca la explotación de una mina para extraer oro y plata en el municipio de Temixco, es un hecho histórico en el que la sociedad organizada y el gobierno por las vías institucionales ejerciendo sus derechos, se sumaron en sus respectivos ámbitos para proteger el patrimonio ambiental y ecológico de Morelos.

En conferencia de prensa, Graco Ramírez acompañado del secretario de Desarrollo Sustentable, Topiltzin Contreras MacBeath, sostuvo que la explotación de esta mina, cuya autorización del proyecto se expidió en las administraciones federal y estatal pasadas, representa un peligro no sólo en lo ambiental sino también en la salud y otras actividades enfocadas al desarrollo de las comunidades.

Con esta acción, el mandatario estatal aseguró que Morelos se convierte en un ejemplo para  otros estados del país, al cancelar un proyecto que no cumple con la  norma de protección ambiental para los sistemas de lixiviación de oro y plata, debido a que el diseño se hizo sin contar con los estudios de geohidrología, para la categorización del patio de lixiviación y se consideró un clima que no corresponde al sitio del proyecto.

Por Lola Olivares

Cuernavaca, Morelos; 10 de junio de 2013. Si bien, el pasado viernes se dio a conocer la negativa de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para que la minera Esperanza Silver explotara terrenos cercanos a la comunidad de Tetlama para la extracción de oro, todavía hay 37 empresas interesadas en realizar minería en Morelos, así lo dio a conocer Martín Vargas Prieto, delegado de la Semarnat en la entidad.

El funcionario comentó que la Secretaría de Economía a nivel federal otorgó 39 permisos para que empresas mineras exploraran el estado, pero que de esos permisos sólo dos compañías han decidido aprovechar la oportunidad.

“El primero ya lo conocemos es Esperanza Silver que pretende extraer oro de Tetlama y la segunda es una empresa que se llama la Corazonada, ella trabaja en el municipio de Jantetelco”, indicó el funcionario.

Sin embargo, precisó que La Corazonada no ha pedido permiso para explotar, sólo para explorar el terreno, puesto que está en busca de molibdeno, un metal que se usa como materia prima para obtener aleaciones, entre la que destacan los aceros más resistentes.

Vargas Prieto indicó que como Semarnat, ellos no otorgan los permisos, sino que sólo verifican el daño ambiental que puedan ocasionar al ecosistema y cómo lo podrían resarcir, que la verdadera dependencia de otorgar éstos es la Secretaría de Economía por ello no descartó que en un futuro otras empiezas puedan explorar el territorio morelense en busca de metales.