
Cuernavaca, Morelos; 26 de enero de 2016. En el tema de la solicitud de juicio político contra el gobernador de Morelos, el Congreso actúa absolutamente apegado al Estado de Derecho y no a un estado de capricho, afirmó categórico el presidente de la Mesa Directiva, diputado Francisco Moreno Merino.
En entrevista con representantes de diversos medios de comunicación, el legislador respaldó la decisión tomada al interior de la Junta Política y de Gobierno, que otorga 90 días más para brindar la respuesta jurídica a la denuncia de juicio político presentada por los integrantes de la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos.
El Presidente del Congreso aseguró que dentro de lo manifestado en esta demanda se alega desvío de recursos públicos del crédito de dos mil 806 millones de pesos obtenido por el Poder Ejecutivo en 2013, por lo que los diputados deben esperar el informe final de la auditoría especial por parte del titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, Vicente Loredo Méndez.
Aclaró que será en no más de 30 días cuando la ESAF entregue este resultado y se pueda revisar, con información oficial, lo presentado en el cuerpo de la denuncia; ya que los diputados no pueden estar en el Congreso guiándose por emociones ni sentimientos personales, sino que su actuación debe estar apegada a lo que dictan las leyes.
El diputado Moreno Merino fue cuestionado también con relación a la crisis política que atraviesan los municipios de Temixco y Tlaquiltenango, en cuyos casos se pronunció también por el respeto irrestricto a la ley.
Sobre Temixco dijo que el Congreso del estado de Morelos espera y será respetuoso de lo que decidan las autoridades electorales, pues que serán éstas quienes emitan oportunamente una determinación para satisfacer las inquietudes de los demandantes.
En el caso del municipio de Tlaquiltenango, reiteró que el Congreso es respetuoso de la ley y analiza este tema desde tres escenarios, que son el jurídico, el político y el que tiene que ver con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que el representante del Municipio recurrió a la justicia federal ante del decreto del Ejecutivo por el que se implementa el Mando Único en esa demarcación.









