Cuernavaca, Morelos; 7 de abril de 2013. Este lunes se tiene planeada la instalación de la Mesa de Consenso Para una Sociedad de Derechos, con la cual el gobierno del estado pretende concretar la “Reforma del Estado” que inició durante el periodo de gobierno del priista Jorge Carrillo Olea.
En la mesa participarán los legisladores, partidos políticos y hasta organizaciones civiles, ya que uno de los propósitos crear un Consejo Ciudadano de Morelos, donde además de integrar miembros de los tres poderes se abra la participación a gente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), de la Asociación de Instituciones de Educación Superior Privada (AIESPEM), la Academia de las Ciencias, los organismos cúpula del sector privado de Morelos, etcétera.
Esta mesa incluirá tres mesas redondas que versarán, la primera sobre derechos políticos, participación ciudadana y derechos humanos. Los tres temas se basarán en recientes reformas constitucionales federales.
De acuerdo con algunos analistas políticos los participantes de estas mesas no realizarán su trabajo de manera gratuita, sino que quienes estén incorporados de lleno recibirán un apoyo mensual de alrededor de 30 mil pesos.
En relación al nuevo intento por tener una “Reforma del Estado”, el vicecoordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Manuel Agüero Tovar dijo que en el Congreso ya hay varias iniciativas de los temas fundamentales que tocará esta mesa como la Ley de Víctimas o de Derechos Humanos, por lo que confió que realmente dé el apoyo y que no sólo quede en papel la mesa, sino que pase a algo concreto.
Cuernavaca, Morelos; 7 de abril de 2013. Los resultados que muestran posibles anomalías en el manejo administrativo y financiero en áreas del Poder Ejecutivo estatal, son derivados de una auditoría a cargo de un despacho contratado en partes iguales por la administración que encabezó el equipo designado por el entonces gobernador Marco Adame Castillo y por el equipo de transición de la Nueva Visión, por lo que no ha lugar el señalamiento de que las denuncias presentadas por posibles irregularidades respondan a una venganza política, aseguró Graco Ramírez.
En el marco de la ceremonia para conmemorar el Día Mundial de la Salud, el gobernador de Morelos aseguró que no existe ningún otro interés en esta auditoría más que transparentar el manejo de recursos públicos, y que se cuenta con pruebas y evidencias de un tercero, un despacho externo prestigiado, que no está realizando una auditoría a modo, rechazando caer en viejas prácticas como acuerdos políticos para tapar a los gobernantes salientes con los entrantes.
En presencia de diputados y autoridades del Sector Salud, Graco Ramírez reiteró que en el Gobierno de la Nueva Visión hay cero tolerancia a la corrupción: “La auditoría que hicimos fue firmada por el gobierno saliente de Marco Adame y por el gobierno entrante que encabezo yo, bajo un compromiso de transición; la mitad del precio de la auditoría que nos dio el despacho que aceptamos, el gobierno saliente y el entrante, es la que nos ha arrojado resultados. Aquí no hay ninguna venganza política”.
Y recordó que lo anterior no fue un acto unilateral, ya que fue firmado por el representante del gobierno saliente y el entrante en este caso Jorge Messeguer, secretario de Gobierno, a partir de la condición de que el Gobierno de la Nueva Visión no aceptaba la entrega – recepción si no había un despacho externo de por medio, por lo que se vieron tres, y del elegido es resultado de un acuerdo mutuo, por lo que el que el gobierno saliente pago la mitad y el resto fue asumido por el Gobierno de la Nueva Visión.
Finalmente, el mandatario estatal, insistió en que no solapará ningún acto en detrimento de los recursos públicos del estado; ésta una medida que el mandatario estatal pidió también se le aplique cuando concluya su administración: “Yo no conjugo el verbo ‘tapaos los unos a los otros’, y se los digo porque así quiero que me traten cuando me vaya, sin que me tape nadie, porque sé lo que voy hacer”, resaltó al tiempo de hacer un llamado a los diputados a contar con una Auditoría Superior de Fiscalización que responda a las expectativas de vigilar y pedir cuentas en las esferas gubernamentales del ámbito estatal y municipal.
Cuernavaca, Morelos; 4 de abril de 2013. José Manuel Agüero Tovar, integrante de la bancada priista en el Congreso de Morelos, criticó el dispendio de recursos que realizó el poder ejecutivo en los conciertos gratuitos que llevó a cabo en los últimos meses.
De acuerdo a datos otorgados mediante transparencia, el gobierno que encabeza Graco Ramírez gastó dos millones 61 mil 465 pesos en los conciertos del 8, 9 y 12 de diciembre de Natalia Lafourcade y la banda de Tlayacapan en Morelos.
En los recitales que ofrecieron Regina Orozco y Omara Portuondo el gasto fue de 886 mil 894 pesos; mientras que los dos conciertos de la oaxaqueña Lila Downs el gobierno pagó 708 mil 751 pesos.
“No podemos darnos esos lujos de tirar más de dos millones de pesos en estas actividades, bienvenidos los artistas de talla internacional, pero creo que ese dinero debió haberse invertido en infraestructura en más obras culturales, invito por ejemplo a que vayan a visitar las casas de culturas de los municipios están en ruinas, es una propuesta equivocada”, acotó el legislador.
Al cuestionarlo sobre el parecido que tienen estos programas a los que desde el 2005 implementó Andrés Manuel López Obrador en el Distrito Federal y luego Marcelo Ebrard, el diputado subrayó que evidentemente son una “copia”, pero indicó que Morelos no es el DF, “no tiene ni el presupuesto, ni el tipo de personas, pero además en el DF la mayoría de las necesidades está resuelta y en Morelos no”.
No obstante, indicó que él no está en contra de difundir la cultura, sino de que se haga sólo para un sector porque este tipo de eventos no llega a todo el estado sólo se centraliza.
“Me queda claro que hay que difundir la cultura, pero las acciones están equivocadas no estoy muy de acuerdo en que hayan gastado más de dos millones de pesos y más cantidad por el tema de la publicidad, es una política incongruente”, finalizó.
Cuernavaca, Morelos; 3 de abril de 2013. El coordinador de la bancada panista en el Congreso, Javier Bolaños Aguilar, denunció un “claro manejo político” en el análisis para dictaminar las iniciativas turnadas a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Explicó que en esa Comisión hay rezagadas entre 30 y 40 iniciativas, entre ellas la que presentó para crear la Ley de Protección y Atención a Víctimas del Estado de Morelos.
“Evidentemente hay un rezago y no debemos pagar las consecuencias de la falta de trabajo, no pediremos el cambio de la presidenta –la perredista Lucía Meza- sino que sólo exigiremos resultados”, abundó.
El legislador indicó que el periodo de análisis y dictaminación venció la semana pasada y que por esa razón interpuso ante la Mesa Directiva una petición para que pusiera fecha de término a la Comisión para dictaminar esta y otras iniciativas como la que tienen que ver con el bulying.
“Esa fecha tiene vence la segunda semana de este mes, es decir el 15 de abril, si ese día no está dictaminada, retiraremos la iniciativa de la Comisión y la entregaremos a la Junta Política y de Gobierno para que sea ella quien la dictamine”, detalló el diputado, quien espera que en caso de que la Comisión cumpla con su trabajo no sea sólo para emitir dictámenes negativos.
Además de la iniciativa para la Ley de Víctimas en la Comisión está “atorada”, la que presentó la diputada Teresa Domínguez y que tiene que ver con la despenalización del aborto.
Cuautla, Morelos, 3 de abril del 2013. “Con la finalidad de atender las demandas legítimas de la sociedad morelense, encaminadas a la consolidación del cambio de rumbo verdadero, a partir del 15 de Abril y hasta el 15 de Mayo del presente, Movimiento Ciudadano iniciará con su campaña de afiliación en los 33 municipios del Estado de Morelos”, enfatizó Luis Alberto Machuca Nava, Coordinador de la Comisión Operativa Estatal de este partido político.
El líder partidista manifestó, “hacemos una cordial invitación a todas las y los ciudadanos que deseen participar activamente en la transformación de Morelos, aquellos que quieren ver las cosas distintas, para que se sumen a este proyecto, a fin de que juntos podamos construir una clase política que le dé un nuevo rumbo al Estado”.
“Nuestro principal compromiso es con la ciudadanía, debemos brindarles una oportunidad a todos esos talentos que existen en Morelos, aquellos jóvenes o gente adulta que cuenta con amplias capacidades y que no son tomados en cuenta; Movimiento Ciudadano abre sus puertas a la gente de Ocuituco, de Tetela del Volcán, de Yecapixtla y de todos los demás municipios, para escucharla y convertirnos en el instrumento para acceder al poder, a fin de que sean atendidas sus legítimas demandas, queremos decirles que aquí estamos y que juntos podemos construir el Estado que queremos, para darle una renovación a esta clase política, que insisto está caduca y ya no sirve de mucho”, destacó Machuca Nava.
El Coordinador de la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano reiteró “tendremos presencia en todos los municipios, iniciaremos con una campaña que durará en principio un mes, sin embargo después será una campaña permanente; será un año naranja, estableceremos módulos de afiliación en los diferentes municipios, estaremos todos trabajando con mucho entusiasmo en esta campaña de afiliación, que va a ser la primera de muchas que vendrán, nos vamos a poner a prueba y ahora seremos un partido hegemónico de las izquierdas para el 2015”.
Machuca Nava destacó, “nuestro principal objetivo será impulsar las candidaturas ciudadanas, somos una de las principales fuerzas políticas de izquierda del país y estamos comprometidos con este principio, además de que es un mandato federal; abriremos espacios a la gente de la sociedad, la gente que quiera participar, nosotros impulsaremos esta figura y creo que con ello le daremos esa apertura a la sociedad para que pueda participar, porque la sociedad es muy crítica y necesita de espacios en los que puedan establecer ese círculo de diálogo o de crítica o de poder incidir o influir en las decisiones del Estado”.
Cuernavaca, Morelos; 2 de abril de 2013. “Se ha violentado el principio fundamental del nuevo sistema de justicia adversarial, que es la presunción de inocencia. Después de las declaraciones del Secretario de Gobierno, se ha producido un linchamiento social en contra de personas, a las que con nombres específicos se refirieron los tres secretarios de despacho”, denunció el diputado panista Javier Bolaños Aguilar, luego de que ayer el secretario de Gobierno afirmara que Alejandro Villareal, entre otros ex funcionarios y militantes del Partido Acción Nacional (PAN), estaría involucrado en desvío de recursos
Bolaños Aguilar también dijo: “En estricto respeto al estado de derecho nunca debió mencionar los nombres de los ex servidores públicos, en todo caso, y en cumplimiento de su obligación de informar a la sociedad, debió referirse al hecho como una denuncia presentada por presuntos delitos imputables a ex servidores públicos de la desaparecida Secretaria de Planeación y Finanzas, hoy Secretaria de Hacienda”.
En sus declaraciones el legislador Javier Bolaños recordó que apenas la semana pasada, en rueda de prensa el Gobernador del Estado declaró que en adelante, la comunicación oficial omitiría los nombres de presuntos delincuentes, dejaría de citar o de referir el nombre de grupos delincuenciales y no haría apología del delito, y en contraste su Secretario de Gobierno, ayer sale públicamente a acusar y sentenciar a personas, en contra de quienes no existe ni orden de aprensión, pues la carpeta de investigación apenas se va a integrar.
Por otra parte, dijo Bolaños Aguilar, el Secretario de Gobierno es incompetente para determinar si existieron o no desvíos, irregularidades o malversación de fondos públicos, derivados de las procedimientos de auditoría que tiene en curso la Auditoria Superior de Fiscalización. Esa es responsabilidad y tarea de la Auditor una vez que hayan concluido y quedado firmes las imputaciones o desvíos detectados en los procesos de revisión.
El Secretario de Gobierno ha faltado a los principios de derecho derivados de la auditoria gubernamental al asumir funciones de auditor que no le corresponden y al violar la reserva de los procedimientos y resultados de las auditorias, hasta en tanto estos no hayan quedado firmes, como es el caso de las múltiples observaciones a las que ayer se refirió el funcionario.
Todo lo anterior, dijo Bolaños Aguilar, me lleva a concluir que la rueda de prensa que protagonizaron ayer tres secretarios de despacho, encabezados por el responsable de la coordinación del gabinete, es una maniobra política que pretende descalificar “a priori” a un gobierno emanado de Acción Nacional, además de un acto grave de linchamiento político y social, que ha dañado el prestigio, la buena fama y la trayectoria de las personas mencionadas por los referidos funcionarios, así como el honor de sus familias, por lo cual, de no acreditarse las acusaciones, la violación de la presunción de inocencia, podrá dar motivo a las demandas de reparación del daño que procedan.
Finalmente, Bolaños Aguilar, lamento la actuación política del Secretario de Gobierno y expresó su solidaridad para las personas acusadas y sus familias, por el grave daño moral que les ha producido la violación a su derecho fundamental de presunción de inocencia que les consagran nuestras leyes. De la misma forma, Bolaños Aguilar, reitero su compromiso personal y el de Acción Nacional, con la transparencia y la honestidad en la función pública y se dijo a favor de los procedimientos e investigaciones a que haya lugar, cuyos resultados deben determinar las autoridades judiciales competentes.
Cuernavaca, Morelos; a 2 de abril de 2013. La Junta Política y de Gobierno (JPyG) deberá debatir si procede o no a la remoción del titular de la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF), Luis Manuel González Velázquez, a propuesta del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) y a fin de que este órgano dé resultados en la revisión del manejo de los recursos públicos y su consecuente aplicación de sanciones en caso de anomalías.
Lo anterior lo dio a conocer esta tarde el diputado Juan Ángel Flores Bustamante, presidente de la JPyG y coordinador del GPPRD, quien explicó que la propuesta emana de su bancada y obedece al deficiente papel mostrado por la ASF y su titular, Luis Manuel González Velázquez, quien parece no estar buscando más que sus intereses económicos particulares.
En conferencia de prensa previa a la reunión semanal de la JPyG, Flores Bustamante expuso con relación a la ASF que “lo que estamos viendo es que no se actúa en contra de nadie”, por lo que su eventual remoción “depende de todos los grupos parlamentarios” y podría tardar un mes o más, lo que sea necesario para que se ajuste a derecho y se eviten problemas posteriores para el Congreso, como ha ocurrido con diversas acciones efectuadas por la legislatura anterior.
Expuso que el tema deberá ser tratado en la Junta porque “ya nos cansamos de ver cómo en base a documentos, a firmas, a nombramientos hechos con anterioridad, vemos que la gente no está respondiendo, no está funcionando”.
Por ello: “Así categóricamente lo digo, el auditor actual no tiene esa calidad ahorita para decir, porque ya hemos puesto plazos y no ha dado respuesta”, por lo que planteará la remoción del auditor.
Dijo que “si esto nos va a costar meter a (Gerardo) Casamata y volverlo a dar de baja, tendremos que ver jurídicamente cómo se va a hacer, pero no podemos permitir que se siga abusando del poder, que se siga violentando en este caso a los ciudadanos que están viendo cómo el auditor no está sancionando a los que deban ser sancionados”.
Al destacar que la ASF no ha dado resultados en la revisión de las cuentas públicas municipales de los últimos dos trienios y el actual, consideró que “está siendo más que evidente la complicidad del auditor con los actuales o con los anteriores presidentes municipales”.
Cuernavaca, Morelos; a 2 de abril de 2013. No puedo meter las manos al fuego por los ex funcionarios acusados de desvíos de recursos, dijo Norma Alicia Popoca Sotelo, presidenta del Partido Acción Nacional (PAN) en el estado, después de que se le preguntó sobre los supuestos desvíos de recursos que detectó el Gobierno estatal en la Cuenta Pública del año 2010 y en donde acusan a el ex candidato a la gubernatura por el PAN Alejandro Villarreal Gasca.
Exigió al gobierno de Graco Ramírez que con el mismo rigor que hoy revisan las cuentas públicas del año 2010 al 2012, hagan los propio con sus cuentas desde que entraron al poder y se castigue con la misma vara a Cuernavaca, pero sobre todo conforme a la ley.
“Es muy fácil escudarse en los hechos del pasado cuando hoy no hayan la suya cuando cometen una serie de errores, pasar sobre la ley sin ningún miramiento, el congreso ha sido muy responsable de estar evitando que se aprueben situaciones anómalas y ha estado muy presionado y obligado a estar entrando en condiciones a modo del ejecutivo y creo que tenemos que hacer una separación de poderes”, señaló Popoca Sotelo.
Manifestó que su postura como partido es de transparencia y de claridad, que a pesar de la postura de este gobierno, no van abandonar la mesa de la gobernabilidad, porque es algo que ya habían pedido por los síntomas de autoritarismo de este gobierno.
“Hoy ya no somos gobierno y en Acción Nacional reconocemos los errores para enfrentar lo que viene, ya no queremos estar lamiéndonos las heridas, eso es del 2012, hoy como partido tenemos que exigir a este gobierno que prometió mucho, que dijo tener una nueva visión lo demuestre en los hechos”, recalcó.
Por último, dijo que esto no es una guerra declarada pero si instalarán módulos para otorgar asesoría a los ciudadanos para que se amparen contra el seguro con daños a terceros que calificó de ilegal porque viola la ley. “El Congreso no se lo autorizó, por lo tanto está violando el derecho de los ciudadanos, de aquellos que tienen acceso a vehículos, es la clase media, escúchenos señor gobernador, es necesario que permita hacer las cosas bien y como lo marca la ley”, puntualizó.
Edmundo Javier Bolaños Aguilar , diputado PAN Morelos
Por Lola Olivares
Cuernavaca, Morelos; 1 de abril de 2013. Javier Bolaños Aguilar, coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Morelos, criticó la forma “unilateral” con la que trabaja el gobierno en la integración de la “Ley de Atención a Víctimas”, además de que declaró, tienen “detenida” la iniciativa que él presentó en febrero pasado.
Bolaños Aguilar, adelantándose al gobernador del estado, subió a tribuna, el 26 de febrero pasado, una iniciativa para crear la Ley de Protección y Atención a Víctimas del Estado de Morelos, sin embargo su revisión no ha prosperado y continúa en la Comisión de Puntos Constitucionales.
“Tal parece que lo que quieren es que se venza el periodo de mi iniciativa para calificarla y desecharla y así impulsar la que el propio gobierno está integrando y de la cual no hemos sido partícipes”, comentó el diputado.
Esto luego de afirmar que en diversas ocasiones “les pedimos que nos invitaran a los foros que están haciendo, pero no hemos recibido la invitación”.
De ahí que calificó la actitud del gobierno como “unilateral” en la creación de la Ley de Víctimas, una de las principales promesas de campaña del gobernador.
Cuernavaca, Morelos; a 27 de marzo de 2013. La Secretaría Gobernación (SEGOB), a través de la Subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Lia Limón García, hizo un reconocimiento al gobierno que encabeza Graco Ramírez, por cumplir en tiempo y forma con la documentación de desaparecidos y la elaboración de la Ley de Atención a Víctimas.
Así lo informó en entrevista el secretario de Gobierno, Jorge Messeguer Guillén, quien precisó que existe la disposición de trabajar de manera coordinada para la implementación de políticas públicas en materia de seguridad, toda vez que a la fecha se tienen registrados a nivel nacional 26 mil desparecidos, mientras que en Morelos se tenían 113, de los cuales a la fecha 62 ya aparecieron y 51 todavía están en la lista para ser ubicados.
Durante este encuentro efectuado en las instalaciones de la SEGOB, también participaron Ricardo Francisco García Cervantes, Subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República (PGR); Juan Mayolo Medina Linares, titular del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia de la PGR; y Patricia Corona Juárez, Subdirectora de Análisis de Riesgo del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información (CENAPI).
“Bajo estas circunstancias y en esta política nueva a partir del cambio de sexenio, se da otro enfoque al tema de seguridad, un enfoque que tiene que ver con las víctimas, con trabajo social, ya no es un enfoque sólo policíaco, ya no estamos en guerra, ahora estamos en la reconstrucción del tejido social; y eso va a evitar que haya delito, es otro enfoque diferente, humanista”, agregó Jorge Messeguer.
El secretario de Gobierno resaltó que a tan sólo 22 días de que iniciara el Gobierno de la Nueva Visión, se atendió de manera prioritaria el tema de las víctimas, lo que significa que se está trabajando en una política que tiene que ver con la reconstrucción del tejidos social, ya que a nivel nacional Morelos es ejemplo y las víctimas juegan un papel importante.
Messeguer Guillén agregó que derivado de los cinco foros de consulta sobre la Ley Estatal de Atención a Víctimas, en los cuales participaron organismos de carácter ciudadano, se recabaron diversos puntos de vista y propuestas de la gente, así como su opinión en materia sobre todo lo que significa la reparación del daño, que es uno de los temas fundamentales que tiene que ver con ello.
Así mismo, dijo que está revisando el espacio donde se instalará el Consejo Consultivo de Atención a la Víctimas, así como el memorial de la gente que fue víctima de la violencia que el escritor Javier Sicilia solicitó, a fin de que se tenga presente para que nunca más vuelva a suceder.
Finalmente, convocó a la población para que acuda a la presentación el próximo 22 de abril de la Ley de Atención a Víctimas, donde se contempla la asistencia entre otros actores sociales y políticos, del Juez Baltasar Garzón Real.
