Por Lola Olivares
Cuernavaca, Morelos; 11 de marzo de 2013. Una resolución del Juez Cuarto de Distrito que obliga a reinstalar a Gerardo Casamata Gómez en el puesto de auditor tiene “enredados” a los integrantes de la LII Legislatura, quienes no saben si acatar la sentencia del juicio de amparo 1080/2012 o mantener en su lugar a Luis Manuel González Velázquez, actual titular de la Auditoria Superior de Fiscalización (ASF).
Lo complicado del asunto es que de reinstalar a Casamata Gómez en su puesto vendría una nueva demanda por parte de González Velázquez por no tener motivos reales para quitarlo del puesto y precisamente para evitar que sea depuesto, González Velázquez e hizo llegar a los diputados una tarjeta informativa en la que asegura que el amparo es de efectos, no de fondo, con lo que se deja a plenitud de jurisdicción a la autoridad señalada como responsable, es decir, el Congreso para reiterar el acto o dictar uno nuevo.
Pero además subraya que el ex auditor está impedido para regresar al cargo porque cuenta con una suspensión de sus derechos políticos derivado del procedimiento de responsabilidad administrativa al que fue sometido, luego de que el ex diputado y ahora síndico, Fernando Martínez Cué lo acusara de otorgar información falsa.
El documento también señala que la resolución es “recurrible a través del Recurso de Revisión”, el cual tienen que interponer en los diez días hábiles siguientes a la notificación.
Además de que indica que el Congreso sólo estaría obligado a votar nuevamente el dictamen por el que fue depuesto y en el cual hubo inconsistencias, pues sólo lo votaron 20 de los 30 legisladores que integraron la LI Legistura.
Ante esta situación, el presidente de la Junta Política y de Gobierno, Juan Ángel Flores Bustamante, dijo que se analiza interponer un recurso de revisión debido particularmente a la afectación económica que tal decisión puede provocarle, pero en ello las diferentes fracciones “tendríamos que tomar la postura de acuerdo en este caso a lo que le convenga, más allá de los partidos políticos, al Congreso”.
Indicó que “podría manejarse también la reposición del procedimiento, que parece que es el fondo del asunto por el cual se está otorgando el amparo, y obviamente que también caeríamos en una situación de complicación con el actual auditor porque también se ampararía, entonces es una consecuencia de las malas acciones o determinaciones de la legislatura anterior”.
En tanto, Casamata Gómez declaró que esperará que se venza el término legal (que es este martes) para determinar qué hará el Congreso y de ahí seguir en la lucha por algo que considero como su derecho, pues dijo, pese a que lo destituyeron, los diputados no lo liquidaron conforme a derecho y ni siquiera le notificaron de la decisión.
