Conurbados Morelos

Elsa Castorela Castro

México, Distrito Federal.- En el marco del Foro de Nacional de Mujeres Indígenas, Marcelina Bautista Bautista presentó la campaña permanente “Ponte los guantes por los derechos de las trabajadoras del hogar”, con la cual visibiliza el trabajo de estas mujeres, cuyos derechos aún están sin ser reconocidos por las leyes mexicanas.

El tema de las trabajadoras del hogar fue colocado en este foro por la activista del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, cuyas integrantes son mujeres organizadas que demandan horarios fijos de ocho horas, salario mínimo, seguridad social, pago de horas extras, días festivos e incapacidades por maternidad, entre otros.

Las trabajadoras del hogar son mujeres migrantes discriminadas y carecen de garantías laborales; frente a esta realidad, las mujeres –se expuso en el foro– prefieren trabajar como jornaleras agrícolas que como trabajadoras del hogar porque su trabajo no es reconocido, como tampoco su contribución a la economía.

Desde los diversos espacios y procesos organizativos impulsan las reformas a la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social y de la Confederación latinoamericana y del Caribe de trabajadoras del hogar (Conlactraho).

Entre las propuestas de reforma a la Ley del Trabajo, se refiere al Titulo XIII de “trabajadores domésticos” y la ratificación del Convenio 189 de la OIT.

Las trabajadoras del hogar propusieron también el reconocimiento de sus derechos; prevenir y eliminar la discriminación, evitar accidentes y enfermedades de trabajo; capacitación con la perspectiva de género y cuidados familiares.

Anunciaron la construcción de alianzas con sindicatos, feministas, academia y empleadas, empleados, y que éstas reconozcan y exijan sus derechos.

Elsa Castorela Castro

México, Distrito Federal.- En el manifiesto de las mujeres indígenas se declaró que hoy más que nunca están articuladas de manera intergeneracional, con pensamiento, voz y decisión propia en el ejercicio de sus derechos para decidir el tipo de vida que quieren.

Esto como resultado del Foro Nacional Indígena “Desafíos Políticos para la implementación de agendas nacionales de mujeres indígenas”, en donde estuvo presente Phumzile Mlambo-Ngcuka, directora Global de la ONU Mujeres.

A veinte años de haber surgido en México una lucha articulada para el reconocimiento de los pueblos indígenas y sus derechos, las mujeres hacen un balance de su caminar en el contexto actual del Estado mexicano, y concluyeron que:

“Pese al reconocimiento constitucional de la existencia de los Pueblos Indígenas y de algunos derechos plasmados en instrumentos internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aún persiste el racismo, la discriminación, la violencia sistemática hacia los pueblos, expresados más crudamente hacia las mujeres indígenas”.

El documento firmado por un centenar de mujeres que acudieron al Foro se pronunciaron en contra de los megaproyectos, que lejos de potenciar el desarrollo de sus pueblos, los dividen, aculturan y tienden a desaparecerlos, y provoca que las mujeres sean objeto de trata, prostitución y feminicidio; por tal razón, aseguraron que continuarán en la exigencia de la cancelación de esos megaproyectos

En el documento se  inscribe: “señalamos que la apropiación de nuestra forma de gobiernos indígenas, como Cherán, Michoacán, las buenas prácticas de las mujeres de Cuetzalan, Puebla, las Casas de la Mujer Indígena y la Policía Comunitaria de Guerrero, son ejemplos de resistencia y organización para hacer frente a las violaciones sistemáticas a nuestros derechos humanos, la criminalización de nuestras autonomías, gobiernos y sistemas normativos internos”.

En el documento de cuatro cuartillas se exige al Estado y sus instituciones: “una nueva relación política con las mujeres indígenas y sus pueblos; trato igualitario y horizontal; respeto a sus derechos y sus propias instituciones, justicia para las y los presos políticos de todo del país, con especial énfasis a las mujeres indígenas presas, la liberación inmediata de la Nestora Salgado, integrante de la Policía Comunitaria en Guerrero y la aparición con vida de los 43 estudiantes de la Escuela Rural Normal “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero.

También se pide el cese a la criminalización de las luchas y protestas sociales en el país, ya que la represión, el encarcelamiento, la militarización y las desapariciones forzadas, no son formas de resolver los grandes problemas que hoy en día enfrenta México.

En el foro también se pidió la revisión de los perfiles de las y los servidores públicos que usurpan los espacios de representación indígena en la estructura gubernamental; asimismo, que de manera inmediata se realicen los trámites para la visita oficial a México de la señora Vicky Tauli Corpuz, Relatora para los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas.

 

 

Elsa Castorela Castro

Xochitepec.- Representantes de los movimientos sociales en el estado de Morelos se reunieron en Alpuyeca y constituidos en Asamblea Estatal de Resistencia en Morelos acordaron establecer una coordinación “de las resistencias” para consolidar una política de alianzas.

Consideraron articularse con los movimientos convocados por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) reconocida como “Diálogos con los pueblos de Morelos”, así como apoyar otras luchas sociales desde la trinchera de cada organización y desde la Asamblea de Resistencia que es permanente.

La UAEM aglutina alrededor de 30 movimientos sociales en todo el estado, algunos de estos también participan en la Asamblea de la Resistencia.

Ésta se propone crear una red de luchas y resistencias contra la represión y ocupación de sus territorios y las transnacionales y la articulación global con otros pueblos.

En lo que fue la Cuarta Asamblea, se dio lectura a un documento en el cual se explica que en México y en Morelos se vive en una situación muy compleja con un Estado debilitado, en donde los partidos políticos ya “no nos representan”, se insiste que ha ganado el “no ir a votar”, por lo que “esa no es, nuestra salida”.

Por lo anterior hicieron un llamado a la construcción de un proceso organizativo o dejar que gane “el no ir a votar”.

Durante la asamblea, cada uno de los participantes dio a conocer el trabajo que ha realizado en sus procesos de organización de los pueblos. Como un ejemplo, el participante de Amilcingo, Temoac, ofreció un resumen de lo que han hecho en esta comunidad contra los megaproyectos en esa zona, como la termoeléctrica y el gasoducto.

Por Silvia Venegas

Cuernavaca, Morelos; 29 de enero de 2015. El presidente de la Junta Política y de Gobierno, del Congreso local, Javier Bolaños Aguilar, señaló que si el gobierno del estado tuviera voluntad política ya hubiera procedido contra alcaldes que tienen imputaciones.

Lo anterior, luego de que fue cuestionado de que hará al respecto el Congreso del Estado en contra del edil de Amacuzac, Noé Reynoso, tras la recomendación que emitió la Comisión de Derechos Humanos por sus constantes violaciones a las garantías de sus ciudadanos y quien ha sido señalado por utilizar a trabajadores del ayuntamiento para su servicio personal y por supuestos vínculos con la delincuencia organizada.

El coordinador de la bancada panista, dijo que en efecto el legislativo conoce que existe una recomendación en contra del presidente municipal, la cual va a analizar y “y después seguramente ya tomaremos decisiones en lo que compete al legislativo y como posicionamiento político si fuera el caso”.

Bolaños Aguilar dijo que se han dicho muchas cosas en contra del edil Noé Reynoso y que en efecto existe un total desorden en su administración, que lo llevaron como diputado acudir al municipio de Amacuzac a un diálogo con los habitantes ante la falta de operación política del estado.

Indicó que varias imputaciones que señalan al presidente municipal ya fueron turnadas a la fiscalía y en ningún momento ésta envió al legislativo el inicio de un juicio político que es la forma donde el Congreso puede actuar.

“Por eso hablo de mucha simulación, porque se le ha solicitado a la fiscalía que actué con celeridad y pues ahí están los expedientes sin avance alguno. Hemos insistido que procedan contra alcaldes y no pasa  nada, ahora el Congreso está desahogando juicios en contra de diputados y si hubiera voluntad política ya estuviera resuelto desde hace varios meses”, externó  Javier Bolaños.

 

 

 

Por Magda García

Cuernavaca, Morelos; 29 de enero de 2015. Rodrigo Dorantes aseveró que a su considerar no se violó el derecho de presunción de inocencia del diputado Alfonso Miranda Gallegos.

“Vamos a aceptarla parcialmente, vamos a en estos días a definir cuál fue o cual va a ser  nuestra respuesta se las haremos de su conocimiento detalladamente pero por lo pronto no podemos aceptar que estemos vulnerando derechos” acotó el fiscal.

Al ser cuestionado sobre  la recomendación que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDH Morelos) emitió el responsable de la procuración de justicia argumentó  no se ha sentencia a los imputados dado que no son jueces.

“Nosotros como autoridad tenemos la obligación de informar a la gente de lo que estamos haciendo jamás hemos sentenciado porque no somos jueces al diputado ni a las personas siempre hemos hablado de la presunción de inocencia”.

Dorantes Salgado dijo que será el Congreso del Estado los que definan si procede o no el juicio de procedencia que se interpuso, y posteriormente el órgano jurisdiccional quien tendrá que llamar a citación para formular la imputación por el delito que queremos.

También refirió que se está en tiempo de dar respuesta a esta recomendación hecha el pasado 22 de enero.

El fiscal concluyó diciendo que la dependencia  a su cargo continuará trabajando para conocer lo que hace esta área del gabinete de seguridad del Poder Ejecutivo.

 

Por Magda García

Cuernavaca, Morelos; 29 de enero de 2015. Por el extravío d un documento que versaba presuntas irregularidades de la administración 2000-2003 el ex auditor superior de Fiscalización Gerardo Casamata Gómez fue condenado a pagar tres años de prisión, y resarcir una multa de mil 558 pesos por su responsabilidad en el delito de ejercicio indebido de la función pública,

La justicia oral también determinó que el servidor público reparé el daño causado que asciende  la cantidad de nueve millones 400 mil pesos recurso que irá directamente al erario de la comuna de Puente de Ixtla, cantidad que en un momento estaba obligado a devolver el presidente municipal Julio Espín Navarrete

El órgano jurisdiccional  también estableció que Casamata Gómez  durante dos años estará  inhabilitado para no trabajar en ninguna dependencia pública de los tres niveles de gobierno.

La pérdida del documento no permitió que se ejercitara la acción legal en contra del alcalde de Puente de Ixtla por el delito de peculado durante su primer mandato.

Gerardo Casamata Gómez a fin de no ingresar a un centro penitenciario  el ex auditor Superior depositó una fianza de 250 mil pesos, lo que le permite gozar de su libertad.