Por Máximo Cerdio
En Morelos, la Fiscalía General del Estado no cumple con su responsabilidad de persecución del delito de trata de personas, particularmente en el centro y en la zona sur de la entidad, aseguró Susana Díaz Pineda, integrante del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa.
Tampoco, el gobierno estatal, tiene datos concretos ni actualizados sobre la comisión de ese flagelo, consideró José Martínez Cruz, dirigente de la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH).
El activista criticó lo anterior y expuso que al Diagnóstico Situacional sobre Trata de Personas en el Estado de Morelos”, publicado en diciembre de 2012, no se le dio la suficiente difusión ni se aplicaron campañas en contra de este delito.
También lamentó que desde 2012 no se haya hecho otro diagnóstico parecido; aun cuando Morelos es una entidad en donde se da mucho esta transgresión.
En la zona sur niegan su existencia
En Jojutla, el día 27 de julio, en el marco de la campaña “Corazón Azul contra la Trata de Personas”, organizada por el gobierno del estado, el fiscal regional de la zona sur, José Alejandro Chávez Carmona, fue entrevistado sobre el tema y respondió que en la actualidad no tiene ninguna carpeta de investigación por el delito de trata:
“En el último cateo que realizamos hace dos meses, en la ‘zona de tolerancia’ de Jojutla entrevistamos a más de quince mujeres, que ahí están, con ninguna tuvimos éxito de que nos hablara que estuviera siendo ‘tratada’. Nos dijeron enfáticamente que estaban por su voluntad. Sin embargo, la Fiscalía todos los días trabaja en este tema y tenemos planeado otros operativos”.
José Alejandro Chávez también expuso que hay tres casos de menores de edad, pero se trata de secuestros.
En el caso de la niña Yamilé Sinahí, desaparecida en 2016, en Tlaltizapán, dijo que hay dos personas vinculadas a proceso, pero por secuestro.
141 mujeres desaparecidas este año
Sobre estas declaraciones, Susana Díaz fustigó el hecho de que la Fiscalía no profundice y descarte de inicio la línea de investigación de trata de persona cuando hay circunstancias e indicios de la existencia de este delito:
“Nosotros, en el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, de manera conjunta con la Fiscalía, hemos documentado más de ciento cuarentaiuna mujeres desaparecidas este año, cifra que ya sobrepasó las del año pasado que fueron ciento veintitrés. En todas se han activado la Alerta AMBER, y hay muchas chicas que regresan a sus casas y vuelven a desaparecer y se vuelve a activar la alerta y vuelven a aparecer y después se vuelven a ir, pero la Fiscalía no va más allá, no investiga”.
Puso como ejemplo un caso de una joven llamada Jennifer, con Alerta Amber y reporte AAMX836, desaparecida el 10 de junio de este año en Tlaltizapán, que apareció en fecha posterior y volvió a desaparecer el 6 de julio de 2017.
Díaz Pineda expuso que hay estudios que demuestran que los delincuentes atraen a las víctimas por medio de casting en las agencias de modelos, o las enamoran o les prometen matrimonio; también las privan de la libertad por la fuerza o ejerciendo violencia moral o les ofrecen trabajos y mejores condiciones de vida, entre otras formas. Asimismo, está el hecho de que las chicas se vinculan con personas mayores, quienes ejercen violencia en contra de ellas y a veces se escapan y no denuncian por miedo o por pena.
Explicó que todas estas circunstancias son del conocimiento de la autoridad pero que no las toma en cuenta.
“Detrás de esta alerta hay problema con la víctima del delito. Cuando la Fiscalía niega esta realidad está dejando en situación vulnerable a la víctima y sus familiares. No sabemos qué está ocurriendo con estas jovencitas”, aseveró Susana Díaz.
En la zona oriente se reportan casos
Elizabeth Morales Ibarra, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Regional Cuautla, dio a conocer que en lo que va del año se ha registrado un promedio de cuatro casos con carpeta de investigación y como cuatro denuncias por semana: en Cuautla hay 20 ó 30 casos, en carpetas de investigación (https://www.launion.com.mx/morelos/cuautla/noticias/110554-repuntan-casos-de-trata-de-personas-en-la-region-oriente.html).
También dijo que los municipios Jonacatepec, Axochiapan, Cuautla y Yautepec han sobresalido en casos de mujeres víctimas de trata de personas en la región oriente.
Reveló que las redes sociales han originado la mayor parte de denuncias recibidas en la fiscalía.
Puso como ejemplo un caso de una joven llamada Jennifer con Alerta Amber y reporte AAMX836 desaparecida el 10 de junio de este año en Tlaltizapán, que apareció en fecha posterior y volvió a desaparecer el 6 de julio de 2017.
Díaz Pineda expuso que ha estudios que demuestran que los delincuentes atraen a las víctimas por medio de casting en las agencias de modelos, o las enamoran o les prometen matrimonio; también las privan de la libertad por la fuerza o ejerciendo violencia moral o les ofrecen trabajos y mejores condiciones de vida, entre otras formas. Asimismo, está el hecho de que las chicas se vinculan con personas mayores, quienes ejercen violencia en contra de ellas y a veces se escapan y por no denuncian por miedo o por pena.
Explicó que todas estas circunstancias son del conocimiento de la autoridad pero que no las toma en cuenta.
“Detrás de esta alerta hay problema con la víctima del delito. Cuando la Fiscalía niega esta realidad está dejando en situación vulnerable a la víctima y sus familiares. No sabemos qué está ocurriendo con estas jovencitas”, aseveró Susana Díaz.
Elizabeth Morales Ibarra, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Regional Cuautla, dio a conocer que en lo que va del año se ha registrado un promedio de cuatro casos con carpeta de investigación y como cuatro denuncias por semana: en Cuautla hay 20 ó 30 casos, en carpetas de investigación (https://www.launion.com.mx/morelos/cuautla/noticias/110554-repuntan-casos-de-trata-de-personas-en-la-region-oriente.html).
También dijo que los municipios Jonacatepec, Axochiapan, Cuautla y Yautepec han sobresalido en casos de mujeres víctimas de trata de personas en la región oriente.
Reveló que las redes sociales han originado la mayor parte de denuncias recibidas en la fiscalía.
Políticos y empresarios en el delito
En un acto alusivo del 17 de febrero de este año, Rosi Orozco, presidenta de “Unidos contra la Trata”, dijo que Cuernavaca, Cuautla, Jojutla, Tepoztlán y Huitzilac, tienen zonas de prostitución y toleran la trata de personas:
“Hay empresarios y políticos de la actual administración de los gobiernos municipal y estatal que fueron clientes de la menores que prostituidas”, aseguró (http://www.surdigital.com.mx/2017/02/17/cinco-municipios-en-morelos-toleran-la-trata-de-personas/).
También afirmó que para resolver el problema se necesita que sea reconocido por las autoridades; y después es necesario que los habitantes de cada lugar pidan cero tolerancia.
Asegura el gobierno que erradicó la trata
El domingo 30 de Julio de 2017, en el boletín 11678, el gobierno del estado anunció: “Se erradica en Morelos el delito de trata de personas”; esto en la plaza de armas “Emiliano Zapata”, durante el cierre de la campaña “Corazón Azul contra la Trata de Personas”, en el que el director general de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno estatal, Antonio Sorela Castillo, afirmó:
“Morelos pone fin a la trata de personas y el Gobierno de Graco Ramírez trabaja en la implementación de políticas públicas”, y llamó a las víctimas a no quedarse callados o calladas y denunciar, para que se actúe de manera pronta y oportuna y se salvaguarde la vida e integridad de las personas.
En la campaña, que consistió en ferias informativas en Jojutla, Cuautla y Cuernavaca, que según el gobierno del estado fue para conmemorar el Día Mundial contra la Trata de Personas, sólo participaron siete o diez municipios de 33 que tiene el estado.
Susana Díaz Pineda criticó la ligereza con la que se realizó esta “estrategia” y que ni el gobierno del estado ni la Fiscalía dieran a conocer cifras del delito:
“El gobierno oculta las cifras, o peor, no las tiene ni le interesa tenerlas, porque no le importa qué está sucediendo con los gobernados”, concluyó Díaz Pineda.
La situación en Morelos
En la actualidad este ilícito está previsto y sancionado por la “Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos”, de aplicación federal y obligatoria para todas las entidades.
En Morelos el Congreso del Estado derogó el delito en 18 de febrero de 2015, previsto y sancionado en el Capítulo VII Trata de Personas del Título Cuarto Delitos Contra la Libertad y otras Garantías, así como los artículos 148 Bis y 148 Ter, del Código Penal para el Estado de Morelos. Antes de esta fecha, la entidad lo sancionaba.
En la página 27 del documento “Diagnóstico Situacional sobre Trata de Personas en el Estado de Morelos” (del 5 de diciembre del año 2012, editado por el Instituto de la Mujer http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:kFeQ6I8eqzIJ:cedoc.inmujeres.gob.mx/ftpg/Morelos/MOR_MA3_1_dx_trata_2012.pdf+&cd=4&hl=es-419&ct=clnk&gl=mx) se expone que de 2009 a noviembre de 2012 se encontraron 14 carpetas de investigación y un acta de investigación, son 17 víctimas del delito de trata de personas, la edad más vulnerable de las mujeres es de los 14 a los 19 años, y el medio más utilizado por los tratantes es por amenaza y/o chantaje dirigido hacia sus hijos, toda vez que ocho de las víctimas tienen hijos con persona diversa o con el mismo tratante, en algunos casos, sostuvieron una relación sentimental, las mujeres captadas no rebasan el grado de educación elemental, la mayoría al momento de captación eran solteras y con un empleo de baja remuneración, según se especifica en los datos que arrojaron las carpetas de investigación. Respecto a la atención a la víctima, solo dos mujeres fueron albergadas, a una se le canalizó para la valoración y tratamiento psicológico; y en un caso el médico legista, valoró realmente su situación psicofísica, esto se notó al sugerir una valoración y manejo en el programa de apoyo a víctimas de delitos sexuales. Las mujeres más vulnerables a la trata son residentes de la Zona Oriente del Estado ya que ocho de las víctimas se encontraban residiendo en dicho lugar del Estado, tres en la Zona Metropolitana, dos en la Zona Sur y dos en el Estado de Puebla”.