Cuernavaca, Morelos a 25 de abril de 2018. Los 30 diputados de la LIII legislatura del Congreso del Estado de Morelos aprobaron un reordenamiento financiero que tiene como objetivo hacer un uso más eficiente de los recursos financieros para invertir en mejores servicios públicos, a partir de atender la difícil situación de los laudos laborales, que impiden a los ayuntamientos operar de manera adecuada.
Esta acción responde al reto que implica la deuda millonaria que representa para los municipios de Morelos, las demandas laborales de ex trabajadores que fueron dados de baja por cada término de administración y, que posteriormente demandaron a los ayuntamientos. Esto impide que, al orientar una cantidad importantes de recursos económicos a atender esta problemática, éstos puedan dotar a la población de servicios públicos eficientes.
Lo anterior ante la amenaza de la destitución de los alcaldes, por no liquidar a tiempo y con base en la Ley Federal del Trabajo, las demandas de laborales que incluso, no corresponden a su administración, si no se trata de deudas heredadas de gobiernos municipales anteriores, informó el diputado Jaime Álvarez Cisneros, coordinador de la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano.
“Adicional a este reordenamiento financiero, estamos trabajando el mecanismo bajo el cual se administrarán estos recursos a fin de hacer frente a la demanda ciudadana de mejores servicios públicos, al tiempo que atendemos a quienes por cambio de administración perdieron su trabajo y el sustento de su familia”, explicó el también presidente de la Comisión de Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos.
Jaime Álvarez Cisneros agregó, “este mecanismo de reordenamiento financiero implica que con ello se limita lo que hasta ahora era un continuo y mayor endeudamiento por parte de los municipios , así como un mejor uso de las participaciones federales”.
El Diputado Álvarez Cisneros señaló que de no haberse aprobado este reordenamiento financiero los presidentes municipales corrían el riesgo de ser destituidos conforme a lo que señalan las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia.