Por Máximo Cerdio
Zona sur. Angustia por la falta de información, ni un peso para pagar un abogado particular o para ir a visitar a sus parientes trasladados a miles de kilómetros, escasos o nulos recursos para comer y satisfacer las necesidades en el hogar son algunos de los problemas que enfrentan familiares de detenidos acusados por delitos graves. En familias pobres de comunidades alejadas, como el caso que aquí se documenta, la situación se agrava.
Ninguna autoridad u organización ayuda a estas víctimas, sólo cuentan con el apoyo de sus vecinos, familiares y amigos, en el mejor de los casos.
La nota
El día 14 de enero en medios locales y nacionales se dio a conocer una noticia sobre la detención por la Policía Federal de seis presuntos secuestradores.
El titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la Procuraduría General de la República, Gualberto Ramírez, informó que la captura del grupo ocurrió en Tlaquiltenango y que los detenidos reconocieron en sus declaraciones que forman parte de una organización criminal –Los Rojos– que opera en Tlaquitenango y Tlaltizapán, Morelos, dedicada a la comisión del delito de secuestro y haber cometido por lo menos cinco. “A las víctimas las mantenían en cautiverio en un cerro”, abundó.
Entre las personas que los probables responsables “reconocían” haber plagiado estaba una niña de 12 años, que desapareció el 11 de enero de 2016, en Santa Rosa 30, municipio de Tlaltizapán, cuando iba camino a la secundaria Enrique González, ubicada en Zacatepec.
Hasta el cierre de esta edición, dicha menor no aparece y,sobre el caso, el fiscal general del estado, Javier Pérez Durón, señaló a la reportera Magda García,de Conurbados, que no se puede confirmar que se trató de un secuestro, dado que hasta la fecha no se han comunicado con los padres para solicitar el pago de un rescate a cambio de la vida de la menor.
Asimismo, y violando la presunción de inocencia, algunos periódicos, portales de internet y noticiarios dieron a conocer nombres, apellidos y exhibieron los rostros de los detenidos.
Creía que nos iban a matar a todos
A las 4:30 de la madrugada del día jueves 14 de enero de este año, la familia Figueroa Muñoz dormía en su humilde casa en la colonia Pueblo Nuevo, municipio de Tlaltizapán. El silencio de esa colonia apartada fue despedazado por un comando de 20 policías federales que entró de manera violenta y sin permiso. Los ocupantes de la vivienda gritaban aterrados mientras los agentes, equipados con armas largas,gritaban un nombre. Segundos bastaron para que la persona a quien buscaban saliera en paños menores de una de las habitaciones. Fue sometido y sacado del domicilio por varios efectivos. Los demás ocupantes –dos niños y tres mujeres– lloraban aterrorizadas. Uno de los policías puso la punta de su fusil en la frente de una niña de trece años. ¡Dónde esconde las armas!, gritó el uniformado. La niña gritaba asustada; la madre y la abuela lloraban y pedían que no le dispararan. En minutos, los federales catearon cada rincón, recogieron los celulares de los ocupantes y entraron a donde dormía una mujer joven con un bebé, la obligaron a destaparlo para cerciorarse de que no era droga o algún artefactode los que buscaban. Una y otra vez ordenaron a los habitantes que entregaran las armas. Como vieron que no las había, salieron del domicilio llevándose al jefe de familia y se alejaron por las calles de la colonia a gran velocidad.
–¡Dios mío. Ya nos van a matar a todos! Eso pensé –relató entre lágrimas y aún muy nerviosa Gabriela Muñoz Millán, esposa deldetenido.
Presos trasladados a Chiapas
Desde ese día,Gabrielano ha hablado ni ha visto a su cónyuge:
“Nosotros no sabíamos qué había pasado y por qué se lo llevaron. En la madrugada pensamos que lo habían secuestrado, porque aunque iban uniformados los policías, no sabe uno si son policías o no. Fue un vecino el que nos dijo ese mismo día que mi esposo le había hablado y les dijo que estaba en la SEIDO –Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada–. Como no teníamos dinero, ese día nos movimos para conseguir algo y al día siguiente mi suegra se fue a la Ciudad de México. La mamá de mi esposo llegó a la SEIDO pero no pudo hablar con su hijo porque le dijeron que ya lo habían trasladado a Chiapas –al Centro de Readaptación Social número 15, con sede en Villa Comaltitlán, en la región de la costa de esa entidad, muy cerca de Guatemala–“.
Relató que no han podido juntar dinero para ir a ver a su esposo hasta Chiapas, ya que su marido era el único proveedor en su hogar, porque ella tenía que cuidar a sus hijos y a su suegra.
Todo estos días que ha estado detenido hemos recibido ayuda de vecinos, familiares y amigos, nos traen despensas y platican con nosotros y nos dan aliento porque saben que mi esposo es inocente. Él y yo estudiamos hasta la secundaria abierta, somos gente humilde, nunca había sido detenido por ninguna causa, siempre se ha dedicado a trabajar; antes era ayudante de herrero pero después se puso a trabajar de cargador de pollos, eso es lo que ha hecho desde hace mucho tiempo.
Gabriela expuso que uno de los problemas que no ha podido solucionar es la manera en que estos hechos han afectado a dos de sus hijos: una niña de 13 años y otro pequeño de siete, que estuvieron presentes el día de la detención. Ambos no quieren ir a la escuela porque sienten miedo. “No sabemos en qué momento van a volver a legar a la casa y nos van a llevar a nosotros o nos van a querer matar, no lo sabemos. Cuando pasa alguna camioneta por la calle temblamos de miedo”, dijo.
Dio a conocer que pusieron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y pidió a las autoridades que hagan justicia y suelten cuanto antes a su esposo ya que es inocente y que si es procesado lo trasladen al penal de Morelos para que tengan oportunidad de verlo sus hijos, su suegra y ella, porque no tiene dinero para viajar hasta Chiapas.
Más agraviados
Claudia Angélica Barba Arellano, esposa de otro de los detenidos, relatóque su esposo y ella se dedican a la matanza y entrega de pollo, y el jueves 14 de enero,como todos los días, a las a las cuatro de la madrugada su marido iba a entregar a su dueño la camioneta que alquilan para repartir, cuando fue cercado por muchos policías federales; éstos lo obligaron a que los llevara con el dueño del vehículo y cuando llegaron a la casa del propietario los agentes lo sacaron del domicilio y los llevaron a un cerro. Ahí los golpearon durante varios minutos. Los policías les ordenaban que confesaran que pertenecían a Los Rojos y que habían participado en varios secuestros en Morelos. Los detenidos tuvieron que confesar que eran secuestradores para que no los mataran a golpes.
Claudia afirmó que todo lo que relató se lo contó su esposo a su cuñado el 15 de enero, en los separos, día en que ella y el hermano de su cónyuge llegaron, con cooperación de vecinos, familiares y amigos, a la Ciudad de México en la SEIDO a visitarlo, pero que ella no pudo verlo porque no llevaba su credencial para votar con fotografía.
Desde un patio de cemento dentro de una vecindad precaria en donde hay un tanque de agua, lavaderos y un espacio que hace menos de un mes servía como rastro donde destazaban las aves de corral, la joven ama de casa, esposa del detenido explicó que su marido tiene 29 años, es una persona honrada, nunca había estado en la cárcel y se dedica a la matanza y reparto de pollo y es la única persona que provee a ella, sus dos hijas y su suegra que tiene muy poco tiempo que enviudó.
“Desde que lo detuvieron hemos sobrevivido con ayuda de los vecinos. Nos cooperaron para que fuéramos a México a la SEIDO porque nosotros no reuníamos para el pasaje, pero ahora se lo llevaron al penal de Chiapas y no tenemos dinero para viajar hasta allá. Yo rentaba un cuartito pero como no tengo dinero para seguir pagando me desalojaron y mi suegra, que también arrienda y depende de mi esposo, me dio permiso de meter mi cama y algunas cosas en un cuartito donde vivo con mis dos niñas. Estoy buscando trabajo para mantener a mi familia porque no tenemos ni para comer”, dijo la víctima.
La mujer víctima dijo que encontraron un abogado defensor en la Ciudad de México, pero que les cobraba 50 mil pesos sólo por ver el expediente y para defender a su esposo, les cobraría 300 mil pesos.
“No tenemos ese dinero, nunca he visto tanto dinero junto, apenas vamos al día y hemos sacado algunos electrodomésticos y ropa en abonos, somos pobres”,
Claudia Angélica Barba Arellano expuso que en la actualidad esperan un exhorto por medio del cual se solicitará a las autoridades judiciales delCentro de Readaptación Social que traslade a su marido al PenaldeAtlacholoaya para que pueda seguir el proceso aquí y lo puedan visitar.
Dijo que lo único que tiene es el número de averiguación PGR/SEIDO/UEIDMS/554/2015, y la queja que interpusieron en enero de este año ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos número 4290/2016, por tortura en contra de los policías federales.
Manuel García Martínez, pariente de uno de los detenidos dio a conocer que el viernes 5 de febrero se habían enterado que a su hermano y a los demás detenidos les habían dictado auto de formal prisión por secuestro, delincuencia organizada y delitos contra la salud y que solicitarían que trasladaran a su hermano al Penal de Atlacholoaya.
No tenemos dinero para pagar a un abogado particular para mi hermano. No sé cómo le vamos hacer para resolver este problema, puntualizó.
No quieren saber más de juicios
Miguel Ángel Rosete Flores, abogado litigante, expuso que las detenciones arbitrarias son bastante frecuentes: lo más común es que pasen un año o más encerrados. Con una detención se destroza la familia, la dignidad, la fuente de ingreso; nadie puede pagartodo lo que se pierde, es imposible resarcir un daño así.
Rosete Flores dijo que esas detenciones ilegales ocurren, en lo que respecta a Morelos, porque sólo hay 90 o 100 elementos de investigación criminal (antes Policía Judicial), hay falta de capacitación de policías y mandos medios y superiores y, asimismo, falta de voluntad de hacer las cosas por lo que se da fabricar delito para justificar trabajo.
Por último mencionó que las víctimas y familiares no ejercitan alguna acción en contra de esas violaciones porque hay un desgaste económico, físico y emocional y un juicio implica más desgaste en esos aspectos y las víctimas ya no quieren saber nada de eso.
Policías, las corporaciones más violatorias de derechos humanos
Con independencia de que si las detenciones se realizan conforme a derecho o no, las policiacas son las corporaciones que más violan los derechos humanos.
De acuerdo con el Informe Anual de Actividades 2015 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en 2015, las autoridades señaladas con mayor frecuencia en los expedientes que integró este organismo está la Policía Federal, que acumuló 783 y se posicionó en tercer lugar; el primer sitio lo ocupó el Instituto Mexicano del Seguro Social con dos mil 185 quejas.
En el informe también se precisa que entre los10 principales hechos presuntamente violatorios de derechos humanos más señaladospor los quejosos en 2015 se encuentra la detención arbitraria, con 879; de trato cruel, inhumano o degradante hubo 663 casos y se registraron 452 en el concepto de “Omitir motivar el acto de autoridad”. El rubro de mayor incidencia fue el de “Prestar indebidamente el servicio público”, que registró tres mil 152 casos.
En nuestra entidad, el año pasado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos registró contra el Mando Único195 quejas y emitió 31 recomendaciones en contra de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (cuatro aceptadas, tres aceptadas parcialmente y en 24 no ha habido pronunciamiento).