Cuernavaca, Morelos, 9 de marzo de 2018. El magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral, informó que la secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado le ofreció 3 MDP para que este pueda operar por el año electoral, lo cual consideró como ofensivo toda vez solo serviría para poder rentar las copiadoras y sacar copias de los expedientes que se turnen al TEE.
Francisco Hurtado Delgado, lamentó que Morelos sea el único en todo el país en el cual no haya repuesta a las solicitudes que los órganos electorales hacen para poder dotarlos de más recursos que permitan hacer los ajustes necesarios por el proceso electoral.
Advirtió que habrá de enviar la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), un incidente de inejecución a fin de que se pueda garantizar que el recurso de 23. 5 MDP llegue,
Criticó que se convoque a mesas que solo están alargando el cumplimiento de la sentencia emitida a finales de enero.
“De los 32 Estado de la República Mexicana somos el único Estado que estamos siendo sometidos de manera financiar, es decir nos están coartando, nos están limitando, para mí como morelense me dio pena hacer ese pronunciamiento y escuchar que a nivel nacional somos el único Estado en donde el Congreso y el Ejecutivo no garantizan la democracia; el tribunal, quiero dejar claro y categórico que el Tribunal no va a someterse a ninguna situación de presión y/o sometimiento; en los próximos días si no se da cumplimiento pues estaríamos levantando un incidente de inejecución de sentencia; la secretaría de hacienda propuesto 3MDp que considero es una cuestión de ofensa y que pues si entramos en un campo de ponderación no es posible que haya más recurso para una Feria que para la democracia del Estado”.
Expresó que en caso de no poder ampliarle el presupuesto se pone en riesgo poner atender en tiempo y forma, por falta de personal no poder entregar, Hurtado Delgado indicó que 32 MDP serán erogados por concepto de honorarios para las personas que se contrate.
Cuernavaca, Morelos; 9 de marzo de 2018. El presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Matías Quiroz Medina, se deslindó del edil de Tlaquiltenango, Enrique Alonso Plasencia, quien fue mencionado en un medio nacional, de que el crimen organizado financió su campaña, al igual que otros ediles de la zona sur del estado, ante esto, adelantó que pondrán filtros en sus candidatos y han establecido un código de ética y compromiso legal para evitar esas prácticas.
En entrevista, Quiroz Medina dijo que sería muy lamentable que los ediles pudieran tener alguna vinculación con algún grupo delictivo, “pero para el PRD, el alcalde de Tlaquiltenango desde un inicio presentó una actitud muy errática, nunca aceptó la estrategia del Mando Único, su actuar ha sido muy indefinido en decisiones de materia de inseguridad, ante ello el PRD ha definido la separación de la responsabilidad del edil de Tlaquiltenango, tan es así que está participando como candidato independiente ligado a grupos delictivos”.
A pregunta expresa de qué medidas se van a tomar para evitar que candidatos reciban dinero del narco, Quiroz Medina respondió: “Hemos establecido condiciones de código de ética y compromiso legal y la transparencia en los patrimonios de los aspirantes, que sepan el origen de sus recursos y blindarnos todos ante actores”.
Insistió que tendrá que haber filtros que permitan garantía, “porque no podemos seguir permitiendo la vulnerabilidad ante el embate de la inseguridad.
Lo anterior, luego de que este viernes, en primera plana, el periódico Reforma publicó que El jefe del Cártel de Los Rojos, Santiago Mazari, financió en 2015 campañas a 11 candidatos de 8 partidos en Morelos para que una vez que llegaran a la presidencia municipal, le garantizaran impunidad en sus actividades criminales.
La nota del periódico Reforma no está firmada, y se implica sobre todo a ediles priistas y del PSD, de los municipios de Amacuzac, Zacatepec, Xochitepec, Tlaquiltenango, Jojutla, Mazatepec, Puente de Ixtla, previo a que arranque el proceso electoral en la entidad.
Cuernavaca, Morelos; 9 de marzo de 2018. El coordinador estatal de la Cruz Roja en Morelos, José Luis Alquicira, reveló que en el municipio de Cuautla detectaron a gente que se hace pasar por personal de la Cruz Roja para pedir dinero, en el marco de la colecta anual, por lo que hizo un llamado para no dejarse sorprender por este tipo de personas, debido a que la Cruz Roja solo está pidiendo cooperación en las casetas y centros comerciales.
En entrevista, José Luis Alquicira dijo que detectaron a varias personas en Cuautla que se hicieron pasar como personal de la Cruz Roja, por lo que pidió a la ciudadanía que este atenta y no se deje sorprender por personas que sólo quieren sacar un beneficio y que por seguridad, la Cruz Roja está en casetas y centros comerciales, donde la gente puede hacer su donativo, con toda la confianza y no en calles ni negocios.
Indicó que el año pasado, recolectaron 4 millones 200 mil pesos y la meta de este año, de aquí hasta el 30 de abril, es de 5 millones 500 mil pesos.
En ese sentido, hizo un llamado a los 33 ayuntamientos para que se sumen y cooperen con la Cruz Roja, porque lamentó que hasta el momento no se han sumado todos los municipios, “casi siempre es Cuernavaca, Jiutepec, Xochitepec, pero no todos”.
Lamentó que los gobiernos no han sido suficientemente solidarios con la Cruz Roja y es motivo de vergüenza, porque “en otros estados los gobiernos dan aportaciones muy significativas y en nuestro estado solo el gobierno estatal ha apoyado con una cena blanco y rojo, pero a las ayuntamientos les hace falta hacer conciencia”, externó el coordinador estatal de la Cruz Roja en Morelos.
Cuernavaca, Morelos; 9 de marzo de 2018. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación (Canacintra), Jorge Matar Vargas, lamentó el conflicto interno entre el sindicato y la empresa llantera Firestone; no obstante confía que se resuelva pronto.
En entrevista, Jorge Mátar Vargas, presidente de la Canacintra, dijo que el posicionamiento como líder de la Canacintra, es de respeto y que han entablado pláticas con ellos para ponerse a su disposición y ayudar.
“El tema de Firestone es un tema interno de sindicatos blancos, que traen un conflicto que esperan resolver en los próximos días, es una empresa privada que tendrá que arreglar sus temas internos y estamos en la mejor disposición de ayudar si así lo piden”, aseveró Jorge Mátar.
Como se recordará, el pasado domingo, los trabajadores de la empresa Firestone bloquearon la autopista México Cuernavaca, a la altura de Diana y anunciaron que en esta semana emplazarían a huelga, ante la falta de diálogo de la empresa para solucionar el conflicto, lo que podría derivar que la empresa emigre a otro estado.
Asimismo, cuestionado sobre los 550 despidos en la empresa Nissan, Jorge Mátar respondió que no tiene ningún pronunciamiento al respecto, porque tenía el conocimiento de que las inversiones se iban a ampliar.
Ciudad de México; 9 de marzo de 2018. La Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos (CMMC) demandó hoy a la Procuraduría General de la República que actúe con la misma rapidez que se condujo en el caso del precandidato presidencial Ricardo Anaya y desahogue las cuatro denuncias presentadas por presuntas conductas ilícitas del gobierno de Graco Ramírez Garrido que representan un quebranto al erario público morelense superior a los 2,000 millones de pesos.
Es urgente que la PGR indague y sancione a la brevedad las averiguaciones previas que involucran desvíos multimillonarios de funcionarios, amigos y familiares del primer círculo de Graco Ramírez, en un caso muy similar a las malversaciones de recursos sancionadas en Veracruz contra Javier Duarte, ya que en Morelos se presume que el dinero público malversado están siendo utilizado para la campaña a la gubernatura del hijastro de Graco, Rodrigo Gayosso Cepeda, afirmó Gerardo Becerra, fundador de la CMMC.
El activista social informó que hoy fue presentada una nueva denuncia ante la PGR. Se trata de la compra de un bien inmueble por la cantidad de $1,600,000.00 USD (un millón seis cientos mil dólares moneda de curso legal en los Estados Unidos de América) –alrededor de 22 millones de pesos- donde se presumen los delitos de ASOCIACIÓN DELICTUOSA, DEFRAUDACION FISCAL Y OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA, que involucran a JOSE MARÍA ALEJANDRO FABRICIO FERNANDEZ MICHEL, el notario público JOSE ANTONIO MORENO ACOSTA y PEDRO JOSE RUIZ DE CHAVEZ SOTO, este último padre de ANDRIK RUIZ DE CHÁVEZ, ex funcionario del gobierno del Estado de Morelos a quien se conoce como operador financiero de Gayosso Cepeda.
Pedro José Ruiz de Chávez Soto es padre de Andrik Ruiz de Chávez, amigo de la infancia de Gayosso Cepeda, es quien conocido por su cercanía con el gobierno de Graco Ramírez y fue subsecretario de Administración de la Secretaría de Salud, cargo en el cual se le acusó de malversación de recursos públicos por más de 500 millones de pesos en la compra de medicamentos e implementos para hospitales lo cual se encuentra documentando en la averiguación previa que también inició la CMMC en marzo de 2015.
“Hoy sumamos ante la Procuraduría General de la República una nueva denuncia penal por hechos presuntamente constitutivos de delitos atribuibles a uno de los operadores financieros del precandidato a la gubernatura Rodrigo Gayosso Cepeda, hijo del gobernador Graco Ramírez Garrido”, expresó Gerardo Becerra.
Son ya 4 expedientes –agregó con pruebas documentales que tiene la PGR donde se confirman la presunción de delitos como malversación de recursos públicos, asociación delictuosa, defraudación fiscal y operaciones ilícitas que involucran al propio Ramírez Garrido, familiares y amigos.
El caso denunciado hoy se refiere a la residencia con terrenos contiguos en el lote 850 del condominio residencial “La Herradura Norte”, en Cuernavaca, Morelos, con una superficie total de 1,927 metros cuadrados con 1,659 metros cuadrados de construcción, que fue adquirida de manera inicial en enero de 2000 por el matrimonio con régimen de separación de bienes formado por la finada actriz Marianne Levy Fernández y el Arquitecto Fernández Michel.
Las presuntivas de conductas ilícitas se encuentran en el Instrumento 900-VOLUMEN XX-PAGINA 108 fechado el 19 de diciembre 2017, mediante la cual, el notario público Moreno Acosta formalizó un contrato de compra venta Ad Corpus y No Ad Mesuram celebrado el 30 de marzo de 2004 –hace 13 años- entre el arquitecto JOSE MARIA ALEJANDRO FABRICIO FERNANDEZ MICHEL, como la parte VENDEDORA, y el señor PEDRO JOSE RUIZ DE CHAVEZ SOTO, como la parte COMPRADORA.
Esta operación constituye una severa ilegalidad ya que el notario Moreno Acosta pretende evadir la LEY FEDERAL PARA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, toda vez que cuando se hace cierta la fecha de un documento privado es aquella que se tiene a partir del día en que tal instrumento se inscriba en el Registro Público de la Propiedad; desde la fecha en que se presente ante un fedatario público es decir en este caso concreto la fecha cierta para el contrato de compraventa lo es el día 19 de diciembre del 2017 y no así como lo pretende hacer valer el Notario Público Número 8.
De acuerdo a la jurisprudencia aplicable, el Notario debió de haber cumplido con la LEY FEDERAL PARA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, toda vez que dicha Ley protege el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional, que tenga como fines recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con estos últimos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento.
Otra irregularidad es que el notario jamás verificó ni solicitó la información sobre su actividad u ocupación de quienes realizan la compra venta, basándose entre otros, en los avisos de inscripción y actualización de actividades presentados para efectos del Registro Federal de Contribuyentes; no verificando de donde procedía la cantidad de $1,600,000.00USD (un millón seis cientos mil dólares moneda de curso legal en los Estados Unidos de América) sin importarle y dar cumplimiento a su obligación de acuerdo a la LEY FEDERAL PARA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, tal y como lo establece el artículo 19 y 24 de la ley antes mencionada:
Artículo 19. El Reglamento de la Ley establecerá medidas simplificadas para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo anterior, en función del nivel de riesgo de las Actividades Vulnerables y de quienes las realicen. Asimismo, el Reglamento deberá considerar como medio de cumplimiento alternativo de las obligaciones señaladas en los artículos anteriores, el cumplimiento, en tiempo y forma, que los particulares realicen de otras obligaciones a su cargo, establecidas en leyes especiales, que impliquen proporcionar la misma información materia de los Avisos establecidos por esta Ley; para ello la Secretaría tomará en consideración la información proporcionada en formatos, registros, sistemas y cualquier otro medio al que tenga acceso.
Artículo 24. La presentación de los Avisos se llevará a cabo a través de los medios electrónicos y en el formato oficial que establezca la Secretaría. Dichos Avisos contendrán respecto del acto u operación relacionados con la Actividad Vulnerable que se informe, lo siguiente: I. Datos generales de quien realice la Actividad Vulnerable; II. Datos generales del cliente, usuarios o del Beneficiario Controlador, y la información sobre su actividad u ocupación de conformidad con el artículo 18 fracción II de esta Ley, y III. Descripción general de la Actividad Vulnerable sobre la cual se dé Aviso. A los notarios y corredores públicos se les tendrán por cumplidas las obligaciones de presentar los Avisos correspondientes mediante el sistema electrónico por el que informen o presenten las declaraciones y Avisos a que se refieren las disposiciones fiscales federales
Así mismo, el notario MORENO ACOSTA no verificó o le acreditaron como se realizó el pago entre PEDRO JOSE RUIZ DE CHAVEZ SOTO y ALEJANDRO FABRICIO FERNANDEZ MICHEL , ya que la operación fue de $1,600,000.00 USD (Un millón seis cientos mil dólares moneda de curso legal en los Estados Unidos de América) monto que excedía un valor superior al equivalente a ocho mil veinticinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, lo cual está prohibido liquidar o pagar operaciones mediante el uso de monedas o billetes en la constitución o trasmisión de derechos reales sobre bienes inmuebles, por lo que el notario debió haber acreditado dentro de la formalización del acto del 19 de diciembre del 2017, de forma cierta con documentos que acreditaran como se realizó el pago, ya que estaba obligado por la cantidad que representaba la operación de $1,600,000.00USD (un millón seis cientos mil dólares moneda de curso legal en los Estados Unidos de América) en verificar que no se realizó en monedas y billetes en moneda nacional lo cual se fundamenta con la LEY FEDERAL PARA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA en su artículo 32 lo anterior precisamente para la identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita:
Artículo 32. Queda prohibido dar cumplimiento a obligaciones y, en general, liquidar o pagar, así como aceptar la liquidación o el pago, de actos u operaciones mediante el uso de monedas y billetes, en moneda nacional o divisas y Metales Preciosos, en los supuestos siguientes: I. Constitución o transmisión de derechos reales sobre bienes inmuebles por un valor igual o superior al equivalente a ocho mil veinticinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación.
