Autor: Redaccion

Cuernavaca, Morelos; 12 de junio de 2017. “La universidad hace lo que no está haciendo el gobierno, enfrenta la realidad desde sus distintas áreas y con sus capacidades sociológicas, antropológicas, políticas y  sociales, para entender la realidad tal y como es, y como la niega el gobierno”, señaló Javier Sicilia Zardaín, coordinador general de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

En el marco de la presentación del libro Violencias graves de Morelos. Una mirada sociocultural, llevada a cabo este 12 de junio en al auditorio de la Facultad de Farmacia de la UAEM, Javier Sicilia destacó la importancia de generar debate a partir de las investigaciones serias que se generan en la UAEM para enfrentar la problemática social y generar trabajos que deben conocer los aparatos de gobierno, judiciales y otras universidades.

“Este libro debería estar en manos de los legisladores, de las procuradurías, de los ministerios públicos, es un trabajo muy importante que evidencia aquello que no están queriendo asumir y que saben que existe, y que borran porque no tiene capacidades ni herramientas para entenderla en las partes sanas que hay en el Estado, es un trabajo que tenemos que difundir más, sacarlo del aula, hay que llevarlo a las asambleas legislativas, hay que llevarlo a las policías”, expresó Sicilia Zardaín.

Por su parte, Morna Mcleod, profesora investigadora de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla (FESC), refirió que esta publicación surgió como  resultado del seminario sobre violencia realizado en esa unidad académica como una iniciativa para abordar las distintas violencias que se viven en el estado de Morelos.

Para presentar el libro participaron Lourdes Eshiliny Flores Reséndiz, Bertha María Alcántara Sánchez, Mario Arturo Cruz Zavala y Mirsa Roxana Gálvez Ramírez, estudiantes de posgrado en Ciencias Sociales de la FESC, que participaron en la conformación de este libro.

Las estudiantes explicaron que dicho libro se organiza en tres apartados: Muertes violentas y violencia de género, donde se busca delinear los perfiles sociodemográficos de los homicidios ocurridos en Morelos de 1990 a 2004;  Violencias que perduran donde se analizan casos de secuestro, desaparición forzada y desplazamientos en Morelos; y Grupos especialmente afectados   donde se examina la delincuencia juvenil en Morelos bajo la lupa del género y la exclusión.

Dicho libro es coordinado por Morna Mcleod, Dubranka Mindek y Jorge Ariel Ramírez Pérez, profesores investigadores del posgrado en ciencias sociales de la FESC, a cuya presentación organizada por el Programa Universitario de Estudios de la Complejidad y Formación de ciudadanía, asistieron alumnos y docentes universitarios.

Por Magda García

Cuernavaca, Morelos; 12 de junio de 2017. Durante 50 minutos,  previo  al inicio de la entrada a sus labores dentro del Poder Judicial de la Federación, personal sindicalizado se concentró de forma pacífica en las entrada del recinto para solicitar a los integrantes del Consejo de La Judicatura Federa respeto a sus derechos laborales  y humanos.

En la entrada principal al recinto judicial federal, los trabajadores encabezados por la líder general del sindicato sección tres, Leticia Anica Ortega exigieron el cese al hostigamiento laboral del que son objeto la base trabajadora, el pago de horas extras laboradas, un incremento a su percepción salarial que desde hace 17 años no  ha sido regulada.

La lideresa, explicó  que se está buscando  derogar del artículo 51 bis del Acuerdo General del Consejo del Judicatura Federal,  en el cual da se faculta a los  jueces y/o magistrados para que sin justificación alguna se cese a una persona.

“Esta es una manifestación nacional  hemos estado solicitando al Consejo de la Judicatura  Federal, la derogación del  artículo 51 Bis en donde nos afecta, nos repercute porque si un titular  quiere despedir  aun compañero lo despide sin previo juicio”, expresó la líder sindical.

Manifestaron que en los últimos años se ha agudizado el hostigamiento laboral en contra de algunos  titulares del Poder Judicial, puntualizaron que su jornada Laboral es de nueve de la mañana  a tres de la  tarde y de cuatro a seis de la tarde, sin  embargo por la carga de trabajo  el personal sindicalizado concluye sus labores hasta entres las 22 y las 23 horas sin que haya remuneración de horas extras laboradas e incluso problemas de salud.

“El trabajo fuera de horas merma físicamente  y mentalmente porque es un desgaste constante es un desgaste de varios días, ha habido compañeros  que tienen crisis nerviosa conato e infartos si realmente merma nuestra salud”, dijo una de las trabajadoras.

Cuernavaca, Morelos; 12 de junio de 2017. En Morelos se combate la impunidad y la corrupción sin importar coyunturas ni costos políticos, enfatizó la secretaria de la Contraloría, Adriana Flores Garza, al dar a conocer la suspensión del proceso de regularización de taxis del primero de enero de 2014 y la realización de un nuevo procedimiento que brindará mayor seguridad a los usuarios.

Lo anterior, tras una Revisión de Cumplimiento que detectó irregularidades, la funcionaria explicó que por ello, el Gobernador instruyó al titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), Jorge Messeguer Guillén, cese el efecto de los nombramientos de cinco servidores públicos.

En rueda de prensa, Adriana Flores informó que desde el inicio de la presente administración, en octubre de 2012, por instrucciones del gobernador Graco Ramírez, en Morelos se estableció una política de cero tolerancia a la impunidad y combate a la corrupción.

“Esta decisión se tomó por convicción personal y política del Gobernador, pero también en respuesta a un legítimo reclamo de los morelenses que quiere, como en todo el país, servidores públicos honestos, con ética, y profesionalismo”.

Recordó que el primero de enero de 2014, se abrió un proceso de regularización de concesiones para taxis que se realizó sin apego a la normatividad, lo que puso en riesgo su legalidad.

“Se trata del proceso publicado en el periódico oficial ‘Tierra y Libertad’, número 5153 de fecha primero de enero de 2014, para la regularización del transporte público de pasajeros, con y sin itinerario fijo, exclusivamente para la Zona Metropolitana conformada por los municipios de Cuernavaca, Jiutepec, Huitzilac, Tepoztlán, Temixco, Emiliano Zapata y Xochitepec”.

Agregó que el 27 de marzo, y mediante oficio se notificó al titular de la SMyT el inicio de una Revisión de Cumplimiento que comprendió el periodo del primero de enero de 2014 al 31 de marzo de 2017, la cual, en su primera etapa, arrojó diversas inconsistencias en el proceso de regularización del transporte público.

“La revisión se realizó sobre un universo de cuatro mil 391 solicitudes de concesión; de éstas, al 30 de mayo de este año, se han otorgado y validado mil 034”.

Detalló que las otras tres mil 357 solicitudes, no están en condiciones de continuar el trámite debido a las siguientes razones: La regularización del servicio público del transporte no se llevó a cabo de manera inmediata, como se instruyó en el Acuerdo del primero de enero de 2014; La información para participar en el proceso no se puso a disposición del público en general; no se registró el trámite de Regularización ante la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, ente encargado de autorizar los trámites y ponerlos a disposición de los ciudadanos; todos los trámites se hicieron a través de terceros; se aceptó documentación improcedente, como solicitudes y constancias de residencia con fecha anterior a la expedición del Acuerdo de Regularización; se encontraron constancias de antecedentes no penales e identificaciones del INE con fecha posterior al acuerdo de Regularización; falta de cotejo con documentos originales y documentos alterados.

Por lo anterior, agregó, el gobernador Graco Ramírez mandató al titular de la SMyT para que, con base en el Artículo 8 de la Ley del Servicio Civil,  cese el efecto de sus nombramientos a los funcionarios involucrados en las irregularidades antes mencionadas: director general Jurídico, director general de Administración o Enlace Financiero Administrativo, subdirector de Servicios y Concesiones, director de Procesos Internos o quien realice las funciones de dicho cargo y el actual delegado en Cuautla.

Flores Garza subrayó que además se procederá a dar vista a la Fiscalía Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción, a efecto de que se inicien los procedimientos que deriven de las actuaciones mencionadas.

“El Gobernador instruyó se suspenda el proceso iniciado el primero de enero de 2014, y se lleve a cabo uno nuevo procedimiento de regularización, cuyos detalles daremos a conocer en los próximos días”.

No obstante, adelantó que se revisarán debidamente los expedientes y se signará un acuerdo para mantener la comunicación con los concesionarios a fin de brindar mayor seguridad a los usuarios.

Hizo especial énfasis en que Gobierno del Estado de Morelos no tolera ni oculta actos de corrupción, en ninguna dependencia del Poder Ejecutivo.

Resaltó el compromiso del Gobierno del Estado desde el inicio de la administración en el combate a la corrupción mismo que fue reiterado el pasado tres de mayo cuando se firmó, sin dudarlo, en la Conferencia Nacional de Gobernadores los 10 compromisos por la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas.

“En Morelos, estamos haciendo las cosas bien, estamos comprometidos con la transparencia, la rendición de cuentas y la legalidad. Sabemos que las cuentas claras en el Gobierno generan confianza entre la ciudadanía, y la única manera de obtener esa confianza es a través de resultados concretos y medidas contundentes para responder a una de las mayores exigencias de los morelenses hoy en día: que los servidores públicos se desempeñen con honestidad y que se aplique todo el peso de la ley a quienes cometan actos de corrupción”.