Diana Pérez García, comandanta del grupo de Investigación del Centro de la Justicia para las Mujeres, dio a conocer que se reciben de ocho a quince denuncias diarias por violencia familiar.
Expuso que hay diferentes tipos de violencia como la económica, psicológica, física y familiar, y las denuncias por estas dos últimas sobrepasan a las demás.
Dio a conocer que Cuernavaca, Xochitepec, Emiliano Zapata y Jiutepec son los municipios donde se registra el mayor número de casos de violencia en contra de las mujeres, y que los casos reales sobrepasan a los denunciados, por lo que es necesario que se informe a la población femenil sobre este fenómeno para que conozca y denuncie.
“Estamos haciendo “Marchas Exploratorias” para combatir la violencia contra la mujer, invitados por Prevención del Delito de la Comisión Estatal de Seguridad Pública: por medio de éstas informamos a la comunidad los diferentes tipos de violencia y que hay un centro especializado con ministerios públicos especializados para atender a las mujeres, que brindan atención inmediata. Estamos en los cuatro municipios mencionados”, refirió.
También dijo que el centro de atención se encuentra en avenida Morelos Sur 70, colonia Chipitlán; teléfonos 01800 9116537; 777 310 2406; 777 310 2220.
Cuernavaca, Morelos; 2 de agosto de 2016. Este 9 de agosto en la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), se presentará el trabajo de investigación Atrocidades innegables: Confrontando crímenes de lesa humanidad en México, informe realizado por la organización internacional Open Society Justice Initiative, que incluye más de tres años de estudio de un grupo de fundaciones internacionales que forman parte de la misma, así como de cinco organizaciones mexicanas independientes de derechos humanos.
Este informe de Open Society Justice Initiative y sus asociados mexicanos: la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), da a conocer que existen “fundamentos razonables” para considerar que tanto las fuerzas gubernamentales de México, como los cárteles del narcotráfico han cometido, a lo largo de la última década, crímenes de lesa humanidad contra la población civil.
El informe Atrocidades innegables: Confrontando crímenes de lesa humanidad en México, también acusa a los distintos gobiernos de ser prácticamente incapaces de garantizar la rendición de cuentas por crímenes atroces, como resultado de la obstrucción política primordialmente, además, exhorta a México a crear un organismo de investigación internacional con el poder para investigar los crímenes atroces y la corrupción.
La presentación de este informe contará con la participación de Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM; Eric Witte, director del Programa de Juicios Nacionales para Crímenes Graves; Ina Zoon, coordinadora de proyectos de justicia penal en América Latina; Jacobo Dayán, analista de derechos humanos y profesor de la Universidad Iberoamericana, además de Javier Sicilia Zardain, secretario de Comunicación Universitaria de la UAEM, en calidad de moderador.
En este informe se analiza la escalada en la violencia desde finales de 2006, cuando el gobierno federal ordenó un despliegue a gran escala de las fuerzas de seguridad para combatir al crimen organizado y concluye que hay una razón para creer que el gobierno federal y los grupos del crimen organizado (específicamente los miembros del cártel de los Zetas) han cometido asesinatos, tortura y desapariciones que han sido sistemáticos, generalizados y que han sido parte de una política para atacar a la población civil.
“En pocas palabras, existen bases razonables para creer que algunos de estos delitos constituyen crímenes de lesa humanidad. El reporte tiene como objetivo ayudar a México en la superación de ellos y el cumplimiento de su obligación de investigar y enjuiciar los delitos de forma genuina”, señala dicho informe.
La Open Society Justice Initiative forma parte de la Open Society Foundations, que preside desde 2012 Christopher Stone, en sustitución del fundador y presidente por 19 años, Aryeh Neier, y cuyas actividades son principalmente promover la gobernabilidad democrática, el respeto al estado de derecho, la protección de los derechos de las minorías y las libertades civiles y políticas, así como el compromiso en la lucha global por la sociedad abierta y la posibilidad de responder rápidamente a los desafíos y oportunidades del futuro.
La presentación de este informe se llevará a cabo en el auditorio de la Biblioteca Central de la UAEM, ubicada en el circuito interior del Campus Norte en Chamilpa, a partir de las 11 horas con entrada libre al público.
Cuernavaca, Morelos; 1 de agosto de 2016. Respecto a las reiteradas manifestaciones que realiza Antorcha Campesina, el Gobierno del Estado informa:
Desde el año 2012, la administración que encabeza Graco Ramírez, ha atendido diversas demandas de la Organización.
Como compromisos cumplidos se citan la perforación de pozos de agua, la construcción de sistemas de agua potable, alcantarillado, ampliación de red eléctrica, rehabilitación de aulas y sanitarios de planteles educativos, entre otros. En su momento, estos hechos visibles han sido reconocidos por los propios líderes.
En las últimas semanas, Antorcha Campesina pidió fertilizante para sus agremiados. En respuesta, el Gobierno del Estado dispuso boletas de canje por 622 toneladas de producto triple 16 para beneficio de 2 mil 76 productores.
Sin embargo, a pesar de que se procedió a la dispersión del producto, algunos representantes de Antorcha Campesina argumentaron que no correspondía al solicitado y prohibieron a los productores realizar su canje respectivo, algunos de los cuales no hicieron caso y acudieron a recogerlo.
La Secretaría de Desarrollo Agropecuario demostró que el argumento utilizado por la organización era falso, ya que el producto sí correspondía al Triple 16. Este lunes, integrantes de Antorcha Campesina lo validaron al reconocer que hasta el viernes el fertilizante fue entregado en las bodegas del proveedor.
Estas acciones demuestran la disposición gubernamental por atender las necesidades de los grupos vulnerables.
No obstante, el Gobierno del Estado aclara y puntualiza que en rubros que rebasan su competencia, jurídica y presupuestal, no puede ni debe ceder.
El Gobierno del Estado de Morelos reitera que el diálogo es la mejor herramienta para construir acuerdos; por ello invita, una vez más, a anteponer el bien común a favor de los morelenses en su conjunto.
Cuernavaca, Morelos; 1 de agosto de 2016. En la actual administración no hay complicidad con la delincuencia, expresó enfático el gobernador Graco Ramírez, al reiterar que el compromiso del Gobierno del Estado de Morelos para trabajar a favor de la seguridad de los ciudadanos se refrenda día con día.
En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el mandatario reconoció los hechos delictivos que afectan a México y a Morelos, y lamentó que durante las gestiones anteriores las instituciones encargadas de proteger a la población hayan sido debilitadas, al extremo de que exservidores públicos se vincularan con la delincuencia.
Graco Ramírez refirió que llevó dos años construir la policía nueva que hoy tiene Morelos y las dificultades que hubo para reconstruir la Fiscalía del Estado. Por ello, calificó como un despropósito el pretender comparar la problemática de inseguridad actual con la registrada en la administración de Jorge Carrillo Olea.
“La diferencia ahora es que hemos construido un modelo de policía, tenemos un C-5, tenemos cámaras (de videovigilancia), tenemos una investigación criminógena muy efectiva, que antes no teníamos. Tenemos, sobre todo, una voluntad inquebrantable sobre el tema. La reducción de los delitos ha sido notable en Morelos a partir de hace dos años”.
El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, reconoció que el problema de seguridad que vive Cuernavaca y su zona metropolitana “por supuesto es grave”, pero afirmó que se combate con las nuevas instituciones que se han construido.
Instituciones como la Unidad Especializada Contra el Secuestro y la Extorsión, considerada por el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, y organizaciones civiles como una de las mejores del país, misma que ha permitido detener a 324 secuestradores y vincularlos a proceso.
Hechos que hablan de eficacia y generan confianza, no sólo para que la ciudadanía ahora esté denunciando, sino que se traduce en la generación de empleos.
“El temor no es tal, porque hay inversiones que no había antes. Hay 450 nuevas habitaciones en hoteles y dos plazas con cerca de 7 mil millones de inversión. Todo eso también habla de que hay un factor de confianza”, de parte del sector empresarial hacia Morelos, sostuvo Graco Ramírez.
Apuntó que esta es la diferencia entre su gobierno y los de Sergio Estrada Cajigal y Marco Antonio Adame Castillo, ya que él no negocia con los cárteles del crimen organizado, como Guerreros Unidos y Los Rojos, que operan en la entidad.
En su oportunidad, el fiscal Javier Pérez Durón señaló que las propias investigaciones obligan a la autoridad a actuar con secrecía, sin embargo, aclaró que hay resultados, y citó como ejemplo la detención de dos hombres vinculados con el homicidio de una empresaria del ramo de gastronomía; la captura de otra persona por el homicidio de una mujer embarazada y su hija, así como los avances en el caso del dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
Asimismo, destacó que con base en el Secretariado Nacional de Seguridad Pública, hay una reducción del 65 por ciento en la incidencia de delito de secuestro.
El gobernador Graco Ramírez reiteró que el tema de la seguridad: “Es un problema que reconocemos y estamos enfrentando desde que llegamos al Gobierno… Me levanto con el compromiso de la seguridad de las familias de Morelos. No vamos a aflojar”.
Cuernavaca, Morelos; 1 de agosto de 2016. Los transportistas de la organización Central Cardenista Campesina protestaron afuera de la Secretaría de Movilidad y Transporte, denunciaron que las autoridades han duplicado permisos hasta para tres personas.
Desde las 10 horas, los transportistas colocaron sus unidades de taxis con la leyenda “exigimos la destitución de Piere”, y con pancartas protestaron en el estacionamiento de las nuevas oficinas de Movilidad y Transporte.
J. Belem Barreto, del municipio de Temoac, dijo: “Venimos a exigir la solución de algunos permisos para taxi que no han sido resueltos y se ha notado que ha habido duplicidad de parte de la autoridad que no solo le entregan la concesión a una sola persona, sino hasta a tres personas juntas, por eso estamos peleando que se termine de una vez, el gobierno debajo del agua entrega a sus allegados, a gente que está de acuerdo con ellos.
Manifestaron que desconocen cuantas han duplicado pero que “posiblemente sean la mayoría” y que tan sólo de su organización son 600 transportistas afectados.
Subrayaron que este gobierno ha hecho negocio con las concesiones y los ha afectado, por lo que exigieron la solución inmediata.
