Autor: Redacción

 

Por Silvia Lozano

Venegas

Cuernavaca, Morelos; 22 de marzo de 2017. Los integrantes de Frentes Unidos en Defensa de Tepoztlán denunciaron que el gobierno federal cometió desacato al reanudar los trabajos de ampliación de la autopista la Pera – Cuautla, porque no se ha resuelto el amparo que interpusieron.

En conferencia de prensa, José Contreras Maya, integrante de Frentes Unidos en Defensa de Tepoztlán, dijo que desde hace una semanas, seis empresas están “en nuestro territorio devastando el Área Nacional Protegida, a pesar de que el amparo federal 1466/13 no ha causado estado, ya que existe un recurso de reclamación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aún no resuelve”.

En ese sentido, expusieron que al reanudarse los trabajos de la ampliación de la autopista la Pera – Cuautla, el gobierno comete desacato e infringe la ley.

Respecto a las declaraciones que hizo el secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina, de que se protegerá el Amate Amarillo, para la construcción de esta autopista, declararon que lo que no dijo el secretario “fue que se talaron todos los árboles que estaban alrededor del Amate Amarillo y que el INAH destruyó buena parte de los vestigios arqueológicos de Tlaxomolco”.

Manifestaron que ni la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ni la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales cambiaron el trazo por convicción, sino porque se vieron obligados a modificarlo por las intensas movilizaciones de la sociedad civil.

Revelaron que con la ampliación de esta autopista, se talarán más de cinco mil árboles, y se pondrá en peligro la fauna.

Por lo que propusieron al gobierno que en lugar de impulsar proyectos como el Paso Exprés que “son trampas de muerte” y la ampliación de la Pera Cuautla, regule la circulación de los tráileres de doble remolque, porque son los que ocasionan los accidentes.

 

 

 

 

 

 

 

Por Silvia Lozano Venegas

Cuernavaca, Morelos; 22 de marzo de 2017. Tras la publicación en el periódico oficial “Tierra y Libertad” de las contrarreformas a la Ley del Instituto de Crédito, la Coalición de Sindicatos de los tres Poderes, retiró el plantón y entregó las instalaciones del Congreso del Estado.

Alrededor de las nueve horas, al ritmo de la banda, los líderes de los sindicatos del  Poder Legislativo, Ejecutivo, Judicial y de los jubilados, acompañados por los diputados perredistas y el dirigente del Partido de la Revolución Democrática, Rodrigo Gayosso, encabezaron la entrega de las instalaciones del Congreso local, que estuvo tomado por ocho meses, por la inconformidad de los trabajadores, luego de que los diputados reformaron la Ley del Instituto de Crédito.

Al respecto, Jesús Román, secretario general del sindicato de los trabajadores del Poder Legislativo, agradeció a los diputados que rectificaron y reformaron la ley, luego de que intervino el dirigente perredista, Rodrigo Gayosso.

“Gracias a los diputados, y principalmente al licenciado Gayosso fue que se dio esto que estamos disfrutando, muchas gracias diputados por haber admitido que hubo un error y habernos escuchado”, externó Leticia Castro Balcázar, del sindicato del Poder Judicial.

Por su parte, Rodrigo Gayosso, dijo que no se les descontará a los trabajadores de su prima vacacional como se manejó en algunos medios de comunicación, y reconoció a todos los diputados que votaron las reformas a la Ley del Instituto de Crédito, “porque todas las leyes son perfectibles y siempre hay algo que pueda modificarse a favor de la gente”.

 

 

 

 

Por Silvia Lozano Venegas

Cuernavaca, Morelos; 22 de marzo de 2017. El comisionado de Seguridad Pública del estado de Morelos, Jesús Alberto Capella Ibarra, dio a conocer que investigan a 13 presidentes  municipales de la zona sur, que pagan entre 50 mil y 100 pesos mensuales al crimen organizado; los invitó a que presenten sus denuncias si son amenazados, o de lo contrario tienen una complicidad o complacencia con los delincuentes.

En el marco de la comparecencia ante diputados, por la glosa del cuarto informe de gobierno, el comisionado de Seguridad les dijo a los legisladores: “Estamos en un proceso de investigación de 13 ediles, principalmente del sur del estado, en donde información recabada por áreas federales y estatales, se ha detectado cierto pago mensual y permanente de cantidades que fluctúan entre los 50 y 100 mil pesos”.

Por lo que Alberto Capella aprovechó la comparecencia ante los diputados para hacer el llamado a los alcaldes para que denuncien ante la Fiscalía o la PGR si están siendo amenazados o extorsionados por grupos delictivos que operen en esa zona del sur, porque en caso de que no lo hagan “hay cierto nivel de complicidad, más que una situación de miedo”.

Dijo que en lo del caso del hermano del alcalde de Xochitepec, que fue secuestrado la semana pasada, tiene que ver con otras variables, y ya tienen avances importantes sobre ese caso.

Asimismo, acusó que algunos medios de comunicación buscan desestabilizar al Mando Único, virilizando cosas que ni suceden en Morelos o difunden mantas del crimen organizado,” cuando ni se colocó; nos da la impresión de que es parte de comunicación que tiene el grupo delictivo con medios de comunicación, una red de comunicación para denostar lo que estamos haciendo”.

Aseguró que la  incidencia delictiva en Cuernavaca, bajó en el 2016, pero que tras el conflicto político con el alcalde Cuauhtémoc Blanco, desestabilizó y se incrementó la inseguridad.

 

 

 

Por: Magda García

Pedro Amaro, Jojutla de Juárez, Morelos, 21 de marzo de 2017.  A tres días de que se cumplan cinco años de la desaparición de su hija,  Alejandro Tamez, llegó a Morelos para verificar si en los más de treinta cuerpos que serán exhumados e inhumados en Jojutla y Cuautla  se encuentra el de su joven hija quien desapareció en 2012 en  la sultana del Norte.

El familiar de la joven comentó que desafortunadamente la desaparición de un familiar  los ha movilizado en Nuevo León y en Morelos.

Destacó que si bien la Red de Eslabones por los Derechos Humanos ha solicitado ser tomados en cuenta para diligencias de este tipo, en Reynosa Tamaulipas la autoridad estatal se limita a  cumplir con  este tipo de tareas.

“Aquí  y en todo el país están tratando de esconder lo que pues ya se les salió de control, es una gran cantidad de personas las desaparecidas, por ahí se habla de 23 tres mil, pero según el INEGI es el diez por ciento lo que se reporta nada más, entonces estamos hablando de 300 mil  desaparecidos”, dijo Alejandro Tamez, quien criticó que la autoridad no haga trabajo de campo pero sí mucho de oficina.

Alejandro Tamez fue uno de los familiares de desaparecidos que acudieron al panteón de Jojutla para practicarse la prueba genética que permita corroborar si los restos de su familiar fue depositado en Jojutla.