Cuernavaca, Morelos; 17a de marzo de 2016. Debido a las 32 recomendaciones, siete de ellas por tortura contra ciudadanos y más de 200 quejas abiertas contra elementos policiacos del Mando Único, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), decidió acompañar a las familias de las víctimas convirtiéndose en defensora de los derechos humanos, no sólo de la comunidad universitaria sino de la sociedad en general, aseguró Roberto Villanueva Guzmán, coordinador del Programa de Atención a Víctimas de la UAEM.
Lo anterior, luego de que Jaime Domínguez Pérez, activista social que ha luchado en contra del Proyecto Integral Morelos que aglutina obras como el acueducto, la termoeléctrica y el gasoducto, fue detenido en dos ocasiones, golpeado y torturado por elementos del Mando Único, y no fue sino con ayuda de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, que lograron que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) haya decidido emitir una recomendación al gobierno de Graco Ramírez.
Villanueva Guzmán, dijo que a partir de estas detenciones ilegales, se inició un proceso de denuncia por violación al derecho a la seguridad y legalidad jurídica, violación al derecho de la libertad y violación al derecho a la integridad y seguridad personal, puesto que ningún elemento del Mando Único mostró alguna documentación que avalara la detención de Jaime Domínguez, primero en el año 2012 y posteriormente en el 2013, sin mediar notificación alguna, ni orden de detención, violando así sus derechos fundamentales.
A través de un comunicado que se dio a conocer en conferencia de prensa este 16 de marzo, el Programa de Atención a Víctimas informó que seguirá el caso de Jaime Domínguez, “mismo que está enmarcado en una política de imposición de modelos desarrollistas utilizando los recursos al alcance del gobierno, principalmente la represión policiaca a líderes sociales y prueba de ello es la utilización del Mando Único como instrumento represivo y de control social que, desde su creación se ha convertido en la corporación con más denuncias por tortura, detenciones arbitrarias e incluso asesinato”.
En este sentido, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Tlaxcala y Puebla (FPDTA-MPT) manifestó que la recomendación de la CDHEM no es una muestra de justicia por parte de las instituciones gubernamentales, sino un logro de la sociedad civil organizada y que la institución se vio obligada a reconocer las violaciones a los derechos humanos de los habitantes de Jantetelco, sin embargo, esta organización social reprobó que por la extemporaneidad en la actuación de la CDHEM, se permitieran nuevos actos de violación aún más graves contra el defensor de derechos humanos Jaime Domínguez y comunidades afectadas por el Proyecto Integral Morelos.
“Lo que hace evidente la atemporalidad con que la CDHEM dicta sus recomendaciones, pues si hubiera sido oportuna, pronta y expedita al dictar las recomendaciones sobre los hechos del 4 de diciembre de 2012 que hoy emite, muy probablemente no hubieran ocurrido los hechos lamentables del 19 de septiembre de 2013 y se hubiera revisado oportunamente la legalidad de construcción del gasoducto Morelos”.
