Tetelcingo, Cuautla; Morelos; 23 de mayo de 2016. Después de seis horas de retraso y ante la presión de los familiares de víctimas, Javier Pérez Durón, fiscal general del estado de Morelos, acudió a las fosas clandestinas de Tetelcingo en el predio El Maguey, para dar inicio a las diligencias de exhumación de los cuerpos que ahí se encuentran.
Luego de constatar que no había impedimento para los trabajos de exhumación que realizarán los peritos de la Procuraduría General de la República (PGR), de la fiscalía del estado, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y observadores de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos y de la sociedad civil, iniciaron los trabajos en el lugar.
Previamente en conferencia de prensa, Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM, dijo que las fosas de Tetelcingo “son una manifestación de la descomposición en la que nos encontramos como sociedad y de la colusión de algunas instancias encargadas de la procuración de justicia con la delincuencia y el crimen organizado”.
El rector reiteró que “ante la negativa de la Fiscalía General del Estado de Morelos, de reconocer los derechos más elementales de las víctimas del estado y del país, la UAEM se encuentra aquí para exhumar, identificar y dignificar los cuerpos que de manera criminal se inhumaron en esta fosa clandestina, y así aliviar la agonía de decenas de familias que están buscado su seres queridos”.
Vera Jiménez expresó que “el contexto de las fosas de Tetelcingo es francamente desolador. De acuerdo con las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los últimos cuatro años, los índices de criminalidad del país ubican al estado de Morelos entre los cinco primeros lugares”.
Alejandro Vera expresó que es necesario que la opinión pública del estado, del país y del extranjero ayude a visibilizar el horror que se vive en Morelos, por lo que exigió al gobierno estatal reconocer ante los ciudadanos y la opinión pública “esta lacerante realidad”.
El rector reconoció la lucha de los familiares y organizaciones de víctimas de más de 30 mil desaparecidos en el país, la labor de los medios de comunicación, en particular de los reporteros, fotógrafos y analistas, que han acompañado a los familiares de las víctimas, así como al juez de control del Tribunal Superior de Justicia de Morelos a favor de las víctimas y la voluntad política de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y de la Procuraduría General de la República (PGR), para acompañar esta diligencia.
Pero por otra parte, lamentó que la denuncia que interpuso la Fiscal Regional Oriente en contra de las víctimas y de sus defensores, a quienes denunció de sabotaje, entre otros delitos, no se haya retirado todavía en los términos planteados en la reunión del martes 17 de mayo de 2016 ante la PGR, la CEAV, la CNDH y la CNS.
Exigió también que se castigue a las autoridades responsables, por acción u omisión, de inhumaciones clandestinas de las víctimas de la violencia, y que nunca más una fiscalía vuelva a hacerlo.
“Y desde aquí alzamos nuestra voz en contra de las reformas constitucionales aprobadas por los diputados del Congreso de nuestro estado en donde nos cierran rotundamente y violentan derechos adquiridos en materia de participación ciudadana al cancelar la conformación del Consejo de Participación Ciudadana y retirar la revocación de mandato”, dijo Alejandro Vera.
El rector en su mensaje enfatizó, “hacemos responsables al gobierno y a la Fiscalía del Estado de Morelos de cualquier atentado en contra de los familiares de las víctimas, de sus abogados, de sus peritos, de los representantes de sus organizaciones, de los integrantes de la comunidad universitaria y de los especialistas que están trabajando en esta diligencia. También los hacemos responsables de cualquier cosa que pueda sucederle a nuestras familias y a las familias de todos los defensores de derechos humanos”, dijo.
