Por Magda García
Cuernavaca, Morelos; 20 de julio de 2016. Cinco integrantes de la Asociación de Verificentros en el Estado de Morelos afirmaron que el cierre de sus negocios desde el primero de julio es un acto ilegal.
El vocero de este pronunciamiento fue Jesús Becerril Cedeño, afirmó que la determinación del decreto publicado en el ejemplar 5407 del periódico oficial del día 30 de junio del presente año, por el cual se ordena se suspenda la vigencia del Programa de Verificación Vehicular obligatoria para el estado de Morelos, es un hecho que repercute en diversos afectos, por lo cual decidieron ampararse ante la mencionada determinación.
“En el amparo estamos pidiendo que se decreté la ilegalidad del decreto emitido por el gobernador y por ende se revoque ya que no se han cumplido ninguno de los extremos previstos como para emitir este decreto”, declaró el vocero.
Expresaron su inconformidad de que la secretaría de Desarrollo Sustentable que encabeza Topiltzin Contreras MacBeath, no haya encontrado alguna falla en los centros de verificación y que haya decidió cerrarlos, puesto que afirmaron cuentan con todos los lineamientos para poder seguir prestando sus servicios.
“Este decreto es arbitrario e ilegal por qué si bien es cierto el 6 de julio que se aprueba esta norma emergente, la Secretaría de Desarrollo Sustentable jamás no hizo saber que a los 42 establecimientos nos hacía falta algún requisito para poder operar, sin embargo , de una forma arbitraria llegan y nos suspenden todos los centros de verificación”, dijo
Criticaron que personal de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Morelos (PROPAEM) colocó en cada puerta de los centros de verificación sellos de suspensión los propietarios de los mismos expresaron que mil 500 personas se vieron afectadas con esta determinación que a la fecha a representando una pérdida de varios millones de pesos.
Expresaron que esta medida, tiene un trasfondo por el cual Gobierno quiere desplazarlos, adjudicarse este servicio para poder vender nuevas concesiones.
Indicaron que con el cierre de los centros se deja en un estado de incertidumbre económica a mil 500 personas y pérdidas económicas del orden de los
Finalmente indicaron que su protesta ocasionará que la SDS tenga algún tipo de reacción en contra de ellos.