Conurbados Morelos

Por Silvia Lozano Venegas

Cuernavaca, Morelos; 17 de febrero de 2016. La Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos (CMMC) denunció que la obra de remodelación de Plaza de Armas del centro de Cuernavaca, fue mediante una adjudicación directa a la empresa Kurse,  por  lo que no hubo licitación, como es el sello de la casa de este Gobierno.

En conferencia de prensa afuera del Congreso del Estado, Gerardo Becerra Chávez Hita, vocero de la CMMC, mostró el documento del contrato donde detalla que la secretaria de Obras Públicas del Gobierno del Estado, Patricia Izquierdo Medina, con base en los artículos 26, 27 último párrafo de obras públicas otorgó mediante el proceso de adjudicación directa el proyecto de remodelación de la plancha del zócalo a la empresa Kurse, con un monto de 48 millones de pesos.

El vocero de la CMM dijo que según la secretaria de Obras nadie se registró para la licitación y por eso se hizo la adjudicación directa, “pero bajo la óptica de la Coordinadora estamos ante un acto profundamente irregular como fue también la adjudicación directa del estadio Coruco, como lo que estamos viendo de la rehabilitación del auditorio Teponzolco y Juan Soriano; desde que está Graco parece que no transparenta las licitaciones y se da gusto asignando directamente”.

Chávez Hita indicó que este Gobierno simula las licitaciones y tiene empresas consentidas que no son de Morelos, como el caso de Kurse que tiene su domicilio en el Distrito Federal con dos socios de Morelos, ligados con el ex alcalde de Cuernavaca, Jorge Morales Barud.

“Es vergonzoso que la secretaria nos diga esto y que nos meta el dedo en la boca; estamos hartos de tanta simulación”, criticó Gerardo Becerra.

Agregó que ya fueron a la Procuraduría General de la Republica y “la averiguación previa se sigue integrando y estamos seguros que con estos hechos en un plazo corto, el gobernador será separado del cargo y sometido a instancias jurisdiccionales”.

 

Por Silvia Lozano Venegas
Cuernavaca, Morelos; 17 de febrero de 2016. Trabajadores sindicalizados del ayuntamiento de Cuernavaca protestaron en el Instituto de Crédito; exigieron la activación de sus créditos  y que se transparente el destino de los recursos.
Integrantes de la Coalición de los sindicatos, en apoyo a los trabajadores sindicalizados del ayuntamiento de Cuernavaca, exigieron se aclare el manejo de sus recursos, “pedimos que se nos respete y nos abran el Instituto y nos entreguen cuentas, porque es nuestro dinero, porque además el patrón retiene el 6 por ciento y es lo que entrega para que se pueda mantener el Instituto”.
Manifestaron que es injusto que el Instituto de Crédito les suspendió a mas de 6 mil trabajadores del ayuntamiento de Cuernavaca y del Sistema de Agua Potable, sus créditos, y otras instituciones que deben más como el propio Gobierno del Estado, no le han suspendido. “Para nosotros esto es político y no queremos que nos lleven entre sus pies por lo político, queremos ser respetados, somos rehenes de la institución porque no pagaron y somos  los que pagamos los trabajadores los platos rotos”, lamentó Otilia Reyes Soto, líder del sindicato Auténtico del ayuntamiento de Cuernavaca.
Por último, Otilia Reyes, dijo: “Exigimos que las autoridades del Instituto de Crédito se sienten con las autoridades del municipio y se llegue a una conclusión que sea benéfica para los trabajadores, y que estemos presentes la representación sindical”.

Por Silvia Lozano Venegas

Cuernavaca, Morelos; 17 de febrero de 2016. Padres de familia de la escuela primaria Benito Juárez García, de la colonia chipitlán, se enfrentaron a golpes; exigieron la salida de la directora Gabriela Ronaldi, por malos tratos a los estudiantes.

Verónica Ulloa, tesorera, relató que su marido intentó abrir la puerta de la escuela porque cuatro madres de familia quienes están en contra de la directora, cerraron y no permitían la entrada, por lo que se les hizo fácil ir por una herramienta para abrir y fueron golpeados.

Reconoció que la directora es estricta pero que la mayoría la apoya y “no es justo que por que un grupo de madres de familia que desde hace 6 años tienen este problema, se cierre la escuela”.

Por su parte, la señora Celia Sánchez, abuela de un estudiante que fue suspendido tres días por pelearse con tres niños, dijo que exigen la salida de la directora Gabriela Ronaldi porque maltrata y les llama sicarios a todos los niños.

“Mi niño salió llorando de la escuela porque lo suspendieron tres días, pero no lo tenían porque suspender, va contra la ley, entonces cuando vine hablar con la directora se puso muy prepotente, me dijo que no tenía nada que hablar conmigo, sino con la madre, me dijo que el niño vive en un ambiente agresivo y que le pongo películas de sicarios”, detalló la abuela del menor.

Otra madre de familia comentó que incluso ya radicaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos por malos tratos a sus hijos. “La directora ya ha hecho muchas anomalías, por eso la queremos sacar de la escuela. Hay muchos casos de niños que han sido agredidos, en la mañana varios niños se quejaron”.

Por lo que exigieron al director del IEBEM, Fernando Pacheco que quite a la directora porque maltrata a sus hijos, los humilla y los pone a barrer, y que además la maestra de aula de medios  les cobra 2 pesos para entrar a la clase, y si no le pagan no los deja entrar.

Cuernavaca, Morelos; 17 de febrero de 2016. Los diputados del Congreso de Morelos, dieron entrada a una iniciativa de ley para crear el Código para el Acceso a la información Pública, de la Transparencia y de la Protección de Datos Personales para el Estado de Morelos, que establece el acceso a la información pública en posesión de los sujetos obligados, así como regula y protege el acceso a la información personal que guardan en sus archivos las entidades públicas.

El derecho a la información constituye una pieza clave en la consolidación de todo Estado democrático, en razón de que facilita a los ciudadanos el escrutinio y participación en los asuntos públicos, al tiempo que es un vehículo que contribuye a la vivencia efectiva de los derechos humanos, señala el planteamiento expuesto ante el Pleno por el diputado Julio Espín Navarrete a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza.

La iniciativa en materia de protección de datos en posesión de entidades públicas del sector Estatal y Municipal, está integrada por 12 títulos, 25 capítulos y 141 artículos.

En su título primero señala las excepciones generales al derecho a la protección de datos personales; en tanto, en su título segundo reconoce y desarrolla los principios relativos al tratamiento de los datos personales; y el título tercero está dedicado a la regulación de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

Continúa con el título cuarto donde incluye cuestiones como los mecanismos para cumplir con el principio de responsabilidad. El título quinto prevé las reglas básicas para la realización de transferencias y remisiones de datos personales tanto a nivel nacional como internacional, que sean solicitadas a alguno de los integrantes de los poderes del estado de Morelos.

Asimismo, el título sexto es relativo a acciones preventivas, refiere a dos temas innovadores incluidos en la iniciativa; por una parte, aborda cuestiones inherentes a la manifestación de impacto a la privacidad, y por otro lado versa sobre mejores prácticas que los responsables podrán desarrollar o adoptar para el cumplimiento de las obligaciones previstas.

El título octavo refiere la integración del Comité de Información; en tanto, en el título noveno establece las bases de la coordinación y promoción del derecho a la protección de datos personales; y el título décimo, es relativo a la coordinación del Instituto con el ente Superior de Fiscalización, el Instituto de documentación del Estado de Morelos y la Secretaria de la Contraloría.

En materia de medios de impugnación en el título décimo primero se establecen tres mecanismos que son el recurso de revisión que conoce el IMIPE, el recurso de inconformidad por parte del INAI y su  facultad de atracción en asuntos de relevancia.

El título décimo segundo aborda cuestiones relativas a la facultad de vigilancia y verificación que tiene el Instituto, y el título décimo tercero está dedicado a establecer las medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de las resoluciones del Instituto.

La propuesta, que fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación para su análisis y dictamen, destaca que “una sociedad bien informada será más participativa, más propositiva y contará con las herramientas necesarias para evaluar, de una mejor manera, a sus gobernantes, y ejercer sus derechos”.