Por Laura Cevallos
El viernes 25 de octubre, la Presidenta se refirió a Claudio X. como un “junior tóxico”, porque, -siendo hijo de uno de los grandes empresarios magnates que antaño formaban parte del directorio que en realidad era el gobierno federal, cuando los prianistas amalgamaban el poder económico-fáctico con el poder soberano-político-, durante el sexenio anterior abanderó las causas más infaustas que, en lugar de propiciar una oposición saludable, demostraron que todo lo que respaldan, son caprichos fundamentados en sus posiciones clasistas. Ahora, lo que está apoyando, es “La Independencia Judicial” y se opone terminantemente a la Reforma en vigor porque está decidido a apoderarse del espacio público, a costa de seguir haciendo el ridículo. La Presidenta les recomendó a los ministros y demás personajes de la justicia, que no se aferraran a un sujeto que está en contra del pueblo de México.
El circo de oposición que protagonizaron por varias semanas los trabajadores del Poder Familiar de la Federación ha causado miles de afectaciones en los procesos de justicia, haciendo evidentes las muchas y profundas deudas que tiene el poder judicial federal, para con los ciudadanos, usuarios (o víctimas) del sistema de justicia, al que se suman irremediablemente las policías locales, los ministerios públicos/fiscales y los juzgados y tribunales locales.
Se dice que justicia que no es pronta y expedita no es justicia y nada hay más cierto que esto, pero es aún mas injusto si, quien tiene el poder de reparar un daño y prevenir la comisión de otros más, se opone a que se brinde la protección de quienes han sido víctimas inocentes y sin posibilidad de defenderse por sí mismos, cuando se trata de defender a sus amigos.
Este sistema de “justicia” que hoy tenemos, local y federal, no se hace responsable de lo que suceda durante todo el tiempo que las víctimas pasen en el limbo de la indefensión y, mientras que en el Poder Judicial de la Federación han seguido cobrando, como desde que inició el paro hace 69 días, afectando a más de 50 mil impetrantes de justicia y, en lo local ni se inmutan por los abusos inhumanos, como el del fiscal de Querétaro y su ratificación de prisión de 3 años y multa a la niña indígena de 14 años de edad, violada y que abortó espontáneamente, sin que interese que ella misma sea víctima antes que culpable.
Lo que más nos puede dar esperanza en la nueva #JusticiaMexicana, es que los impartidores de justicia en México serán personas probas, honestas y con un compromiso para con la ciudadanía, antes que con los caciques partidistas que los imponían; que deberán trabajar con la consigna de que sus acciones serán revisadas y calificadas según su desempeño y que se afectará positivamente el mecanismo con el que se van construyendo las carpetas de investigación desde el inicio y hasta la judicialización, proveyendo actuaciones de calidad y que hagan válida la premisa de justicia pronta, expedita, completa e imparcial, según lo garantiza el artículo 17 de nuestra Constitución Federal. Será, sin duda, la oportunidad que los mexicanos tendremos de decir adiós a una camada de juniors tóxicos en el sistema de justicia, donde no tendrán más influencia externa en sus juicios, ni serán apadrinados por capos empresarios para seguirlos protegiendo en sus excesos y abusos, pero tampoco deberán responder a presiones de grupos de poder fáctico para blindarse de la voluntad popular, que es, a fin de cuentas, el objeto mismo de ser del Estado mexicano.
