Endogamia judicial

 

Por Laura Cevallos

 

Endogamia. Según el diccionario, es como se le llama al conjunto de enfermedades genéticas que padece el producto de uniones consanguíneas, que son peligrosas y condenan a las descendencias a su desaparición dada la enorme cantidad de defectos por la baja y pobre diversidad de genes.

No es éste un tratado de genética o biología, sino un comparativo sobre lo que hace a una especie la reproducción limitada entre miembros de la misma familia y, en este caso, vamos a platicar del Poder Familiar de la Federación, como se ha denominado, desde hace años, a los personajes que completan las plantillas laborales de uno de los tres Poderes de la Unión, cuya función no es menor, porque determina la justicia que la aplicación de una ley o norma en un caso particular, tiene, sabiendo que la creación, modificación y abrogación de tales, corresponde única y exclusivamente al Poder Legislativo y que son aplicadas por el Ejecutivo, a través de las políticas públicas y demás actos inherentes a sus facultades. En pocas palabras, estas son las tareas de cada operador político, legislativo o judicial.

La Presidenta expuso una investigación sobre el Consejo de la Judicatura y la Suprema Corte, por parte de Valeria Durán, Dulce González y Raúl Olmos para Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, cuyo titular es Claudio X. González, cuando les parecía oportuno criticar sus formas, bajo el título “El Poder Familiar de la Federación” (https://contralacorrupcion.mx/web/magistrados/) y del que he hablado en otras ocasiones, señalando la oportunidad de la reforma -de volver a dar forma, pues-, al Poder Judicial. Esta investigación exponía en 2018, la red de nepotismo que tenía a más de siete mil familiares dentro del servicio judicial federal. Y hay que señalar que, aun cuando parece una exposición profunda, solo hace énfasis en los parentescos, sin adentrarse en los efectos de los mismos.

Esta red familiar ha sido una agencia de colocación de parientes en los ámbitos judicial (desde oficial hasta secretarios y titulares de órganos jurisdiccionales) y administrativo, impidiendo por un lado, que el personal de los juzgados y tribunales se refresque y se llene de nuevas ideas, porque se limitan a los razonamientos que se deben seguir, dictados por los demás organismos, en “identidad de criterios”, aun y cuando la función jurisdiccional permite y, de hecho, exige la emisión de nuevos discernimientos, a la luz de una progresividad de derechos humanos que la propia Constitución prevé; y, por otro, dadas las presiones de parte de sus verdaderos patrones: la oligarquía, el clero, los gringos, que no les permite disentir de los conceptos totémicos que han mantenido la apariencia del buen derecho pero que, debajo de la primera capa, no hallamos más que corrupción e impunidad…

Otra vez, por si alguien se preguntaba si era necesario que se re-formara el procedimiento para nombrar nuevos titulares, que se separaran de facto de los demás procesos y no solo de la producción de sentencias, sino también para cortar lazos y vicios que los han mantenido obedientes de los cabildeos con aquellos que han hecho de la violación de leyes una práctica profesional, aquí es donde la respuesta viene sola: de 1994 a la fecha, en las tres décadas de la presente conformación judicial, se han degenerado principios universales como el de la justicia pronta y expedita o de la progresión de derechos, cuando a quienes se “aplica” la justicia, la han esperado por muchísimos años, viendo como se ejecutan contra ellos, las violaciones a sus derechos humanos.

Lo que más refuerza el atino de la reforma es el comportamiento arbitrario y ilegal de los miembros de la corte que, como esos especímenes defectuosos por la endogamia, son capaces de justificar lo que siempre fue causa de improcedencia para admitir recursos de parte de los partidos políticos, porque los 8 de siempre suponen que la supremacía la ostentan ellos y no es característica de la Constitución Federal, y pueden torcer el espíritu de la ley, según les plazca. La endogamia judicial es el efecto tangible de lo que debemos rechazar en una democracia, es decir, la reproducción de los viejos vicios de miembros caducos que se han perpetuado en los puestos y han mantenido privilegios que se oponen por antonomasia, al principio más básico de la democracia: que el pueblo ponga y el pueblo quite.