Por Laura Cevallos.
En México, el acceso a la justicia sigue siendo un camino escabroso, especialmente para las víctimas que la persiguen. En muchas ocasiones, el proceso judicial se convierte en una travesía decepcionante y desgastante, en la que más que la correcta aplicación del derecho, prevalecen las relaciones de complicidad entre litigantes y autoridades judiciales. Esto nos obliga a cuestionarnos: ¿es justicia lo que realmente se alcanza en estos casos, o simplemente el resultado de negociaciones ajenas a la valoración objetiva de las pruebas?
Un ejemplo paradigmático de esta problemática es el caso de Mónica Peyró, originaria de Durango, quien desde hace casi seis años ha luchado por el acceso a la justicia para sus dos hijas, víctimas de abuso por parte de su progenitor. En lugar de recibir protección inmediata por parte de las autoridades competentes, tanto ella como sus hijas han sido revictimizadas una y otra vez. Desde el inicio, el sistema de justicia, lejos de garantizar su seguridad, ordenó medidas que las expusieron aún más, incluyendo la posibilidad de otorgar la custodia al agresor. Además, se les impusieron exámenes físicos y psicológicos que, en vez de salvaguardarlas, profundizaron su trauma.
El proceso judicial en Durango no solo ignoró el principio de perspectiva de género y de infancia, sino que, de manera alarmante, protegió al agresor. A pesar de las pruebas existentes, las resoluciones estatales determinaron que la víctima era el padre, y que debían restituírsele sus derechos de custodia, minimizando el daño irreparable sufrido por las niñas. Como parte de esta serie de irregularidades, incluso se prohibió que las menores recibieran atención psicológica en ADIVAC (Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas A.C.), evitando así que pudieran integrar sus testimonios y fortalecer la evidencia en su contra.
La gravedad de estas anomalías llevó a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajera el caso. En su momento, el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea impulsó la revisión del expediente, y tras tres años de análisis, la Ministra Loretta Ortiz emitió un fallo determinante: las niñas debían ser protegidas y recibir la atención psicológica necesaria en ADIVAC, como parte de la reparación del daño.
En la sentencia emitida el 23 de octubre de 2024, la SCJN ordenó al Juez Segundo Familiar de Durango lo siguiente:
«Que dicte una nueva determinación en la que, habiéndose allegado de la opinión especializada en los términos precisados en la sentencia constitucional, tomando en cuenta las manifestaciones del padre y la madre, así como las evaluaciones psicológicas y todas las constancias en autos, además de las opiniones de la tutriz y la representante especial, y respetando cabalmente el derecho de participación en el juicio de las menores, resuelva de manera fundada y motivada sobre el tipo de proceso terapéutico que deberá llevar cada una de ellas en lo individual.»
Sin embargo, en un acto que representa un abierto desacato a la SCJN, el juez de Durango ha reinterpretado la sentencia de manera arbitraria, negando el derecho a la salud mental de las niñas con el argumento de que la terapia no serviría para ayudarlas, sino que podría generarles más traumas. En otras palabras, está minimizando el impacto del abuso sufrido y perpetuando la violencia institucional contra ellas y su madre.
Este tipo de resoluciones no solo atentan contra los derechos fundamentales de la infancia, sino que violan principios básicos del derecho internacional y de la Convención sobre los Derechos del Niño. La progresividad de los derechos humanos es un principio constitucional que prohíbe la regresión en su protección. Un juzgado estatal no tiene facultades para reinterpretar ni invalidar un fallo de la SCJN, y mucho menos para revictimizar a quienes han sido protegidos por el máximo tribunal del país.
Es imperativo que la SCJN intervenga de manera enérgica para exigir el cumplimiento estricto e inmediato de su resolución. No podemos permitir que los tribunales locales actúen con impunidad y en complicidad con los generadores de violencia, poniendo en riesgo a las víctimas y anulando el acceso a la justicia. De lo contrario, quedará demostrado que en México, la justicia no es más que un privilegio manipulado por quienes detentan el poder, mientras que las infancias siguen siendo rehenes de un sistema que, en lugar de protegerlas, las expone a nuevas formas de violencia.
