Magda Díaz
Cuernavaca, Morelos; 3 de abril de 2025. Familiares de más de 180 internos que durante el primer trimestre del 2024 fueron remitidos a diferentes establecimientos penitenciarios de toda la República Mexicana, el día de hoy se manifestaron de manera pacífica a las afueras del palacio de gobierno para solicitar a la mandataria estatal Margarita González Saravia se dé cumplimiento a la instrucción que un juez emitió en torno a que las Personas Privadas de la Libertad (PPL) deben ser restituidas a los centros de reinserción de Morelos en los que estaban compurgando sus sentencias, hasta antes de su traslado.
Familiares y esposas de las personas trasladadas aseguraron que hoy en día, a un año de esta acción injustificada, se deben dar garantías de que los reos puedan ser visitados, toda vez que la mayoría, desde que fueron remitidos a otros estados, no han podido tener visitas de sus familiares por lo costoso de que éstos acudan a otras entidades.
Elsa, esposa de un interno, expresó su descontento de que a un año del traslado, pese a que tengan ganas de laborar al interior de un establecimiento penitenciario en los diferentes talleres, a la fecha las personas privadas de la libertad no puedan llevar a cabo este tipo de actividades dado que no están siendo tomadas en cuenta por las direcciones de los centros a los que fueron remitidos.
«La autoridad había dicho en el papel que nos entregaron que los movieron porque ellos se dedicaban a hacer motines; sin embargo, esto no es cierto y sólo se quejaban por los abusos excesivos en el cobro para poder recibir sus visitas. En noviembre del año pasado, un juez emitió una sentencia para que fueran regresados a los establecimientos penitenciarios morelenses; ellos tienen derecho de estar cerca de sus familiares. En este año yo no he podido ir a ver a mi esposo, que está en Sinaloa, porque está muy lejos y yo tengo que trabajar para mantener a nuestros hijos», manifestó Elsa.
Asimiso afirmó que el traslado de las más de 180 personas surgió por la inconformidad de este grupo en torno a los cobros excesivos que se hacían al interior de los diferentes establecimientos penitenciarios locales, para permitir las visitas dominicales e íntimas de cada uno de ellos.
