Magda Díaz
Cuernavaca, Morelos; 4 febrero de 2026. Familiares de Serymar Soto Azúa, una joven de 21 años de edad que fue víctima de feminicidio en 2017, en Torreón, Coahuila, a manos de su prometido, solicitaron al estado mexicano que los responsables de delitos graves como feminicidios no puedan acceder a beneficios jurídicos como la apelación, el amparo y otros para poder reducir las sentencias que tienen por la conducta delictiva que cometieron.
Sandra Soto Azúa, hermana de la víctima, recordó que hace nueve años, su hermana falleció tras ser atropellada por su cuñado, quien desde el 2018, año en el cual se le condenó a 46 años y tres meses de prisión, intenta junto con sus representantes legales salir de prisión antes del tiempo señalado.
«Estamos levantando la voz porque, hace nueve años, Jorge Alejandro Ugarte Hernández nos sentenció como familia a un dolor inmenso y eterno; nuestro grito de justicia siempre es poniendo el renglón y la presión para que los feminicidas no vuelvan a la calle, porque ellos vuelven a violentar a las mujeres. Él ha sido siempre provocador de estos medios de impugnación», comentó Soto Azúa.
