Por Stella Turcato

Tiene complejo de escritora o de articulista, aunque por sí misma no sea capaz de redactar un enunciado ni de hilar una frase que constituya una idea propia. Pese a que la mayoría de sus textos se los elabora otra persona, ésos son, prácticamente, la única acción que justifica la ocupa de su curul y, sobre todo, la excusa para el cobro de las prerrogativas por el encargo que –hasta ahora– preside en el Congreso de Morelos, nada menos que la Comisión de Atención a las Personas Migrantes.

Y dado a que no suele presentar iniciativas de ley, no propone puntos de acuerdo, no hace declaraciones periodísticas ni manifiesta posturas ante temas de coyuntura, que apuntalen la posición de su partido o acompañen la tónica de los gobiernos estatal y federal, mucho menos hace posicionamientos acordes con la ideología del partido que supuestamente representa, y con excepción de la asistencia a uno que otro acto oficial, la difusión de textos de opinión sobre el tema de los “migrantes mexicanos en Estados Unidos”, mediante los cauces institucionales de Comunicación Social del Poder Legislativo, es su  exclusiva actividad como diputada, aunque esa no sea la labor propia de su encomienda constitucional.

Tampoco se le conoce alguna acción directa para atender a las personas migrantes, como lo mandata la comisión parlamentaria que preside.

Porque, como es de sobra sabido, ella no fue electa para distribuir artículos de opinión, que nada aportan ni proponen, por cierto, sino para legislar en favor de sus representados, adicionalmente de gestionar, debatir, reformar o proponer acciones de beneficio para el pueblo; por eso es representante popular.

Es Nayla Carolina Ruíz Rodríguez, diputada de Morena ante la LVI Legislatura del Congreso de Morelos, por el VII distrito local, con sede en Cuautla, posición que ganó gracias a la ola guinda, liderada por Claudia Sheimbaum y Andrés Manuel López Obrador, quien aún desde la presidencia de la república pidió ejecutar el “Plan C” (votar por ese partido para todos los cargos en juego en la elección constitucional de 2024). Y, claro, también triunfó gracias a Raúl Tadeo Nava, su gran protector.

Fue así como, inexplicablemente, ganó una candidata desconocida, sin militancia partidista y sin trayectoria política ni social. Ella nunca fue regidora, ayudante municipal, delegada, líder sindical, vaya, ni jefa de manzana ha sido.

La única cualidad para obtener la candidatura y el cargo constitucional es haber sido empleada de mucha confianza en las escuelas de nivel medio superior y superior de Raúl Tadeo Nava, el exdiputado local y exalcalde perredista de Cuautla, que hace cinco meses fue exhibido en un video viralizado en redes sociales por aparecer sentado a un lado de Júpiter Araujo Bernard, presunto líder del Cártel de Sinaloa en la zona, en una reunión en la que también aparecen los actuales presidentes municipales de esa demarcación, Jesús Corona Damián y  de Atlatlahucan, Agustín Toledano Amaro.

El videograbado encuentro con el supuesto jefe de un grupo delincuencial, según aclararon las autoridades de Seguridad Pública de Morelos, se desarrolló durante la campaña electoral de 2024, casi un año antes de que sea difundido masivamente, primero, con la imagen de Tadeo Nava difusa, por lo que no se percibía su identidad, hasta que posteriormente se conoció sin las distorsiones aplicadas al material gráfico, lo que permitió ubicar al personaje que parecía coordinar el encuentro entre sus colegas políticos y los hombres fuertemente armados, que a decir de las fuerzas de seguridad, son supuestos integrantes de la delincuencia organizada. De la ubicación física de Tadeo en la junta, se desprende el papel que pudo tener en la sesión, al estar sentado entre el supuesto líder delincuencial y el entonces candidato para presidir Cuautla, Jesús Corona, a su vez, sentado junto a Toledano Amaro.

¿A qué fue Tadeo a esa reunión si no era candidato en esa elección? Aunque el no contendía directamente, impulsaba a Nayla Carolina Ruíz, su paisana, su alumna, su exempleada de la mayor confianza y a la que él hizo candidata por Morena a diputada local por el terrunio de ambos. Y él tenía, claro, aspiraciones a presidir el partido guinda, una vez que concluyera el proceso electoral y que asumieran las autoridades ganadoras.

Muchos de los que lo apoyaban para dirigente partidista, los consejeros estatales de Morena como Rafael Reyes Reyes y su cuñado David Ortiz, hoy fingen que no ha pasado nada, pero también hay videos de ellos en actos muy concurridos y sospechosamente pagados con recursos del municipio de Jiutepec que esos dos presidieron, en el que ambos parientes impulsan con vehemencia la candidatura de Raúl Tadeo Nava para dirigir el partido fundado por AMLO y cuyo slogan reza el principio de “no robar, no mentir, no traicionar al pueblo”, aunque pareciera que el de “no delinquir” se hubiera omitido exprofeso para este tipo de personajes.

A todo esto, y paradójicamente, Tadeo Nava es propietario de dos instituciones educativas, donde se forman jóvenes, en la multicitada heroica e histórica ciudad del oriente morelense (hasta la fecha no se sabe que dichos establecimientos hayan sido clausurados, aunque su dueño se reúna con presuntos jefes de la mafia).

También, el propio Tadeo era director del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Gobierno de Morelos (Cecyte), cargo del que fue removido, en marzo de este año, en medio del escándalo por la divulgación del video de la “narco reunión”.

Al mismo tiempo y en tal contexto, el cuautlense promovió un amparo indirecto contra actos privativos de la libertad, órdenes de aprehensión, captura, detención, búsqueda, localización, presentación, comparecencia o cualquier otra.

Según su propio curriculum, publicado por el organismo Morelos Rinde Cuentas, Nayla Carolina estudió Licenciatura en Educación, en la Escuela Superior de Cuautla, propiedad de Tadeo. De recién egresada, fue contratada de inmediato para trabajar en esas escuelas y hasta dirigió esas empresas educativas del político cuautlense, su protector.

“Durante el periodo de 2013 a la fecha, me he desarrollado profesionalmente en la institución Educativa Centro Educativo Sofista (también propiedad de Tadeo Nava) y Escuela Superior de Cuautla, instituciones de educación media superior y superior en el municipio de Cuautla, Morelos”, dice ella misma en su perfil de “trayectoria” profesional.

“Desde 2018, desempeño la dirección administrativa de la institución y en 2022 también se me asignó como directora general adjunta del Centro educativo Sofista y escuela Superior de Cuautla”, finaliza en primera persona, lo que constituye toda su experiencia laboral.

Si la diputada no legisla, no gestiona apoyos para el grupo vulnerable que debe ayudar y tampoco se le ve defender el proyecto de la Cuarta Transformación, ¿a qué fue a ocupar una curul en el Congreso estatal? ¿Por qué le interesaba a Tadeo apoyarla para un cargo más que a sí mismo? Porque se ve que para él no consiguió gran cosa.

Todo lo que conlleva a esas interrogantes, las fallidas actuaciones de legisladores locales y federales, la conocida imagen de corrupto del coordinador parlamentario local, Rafael Reyes y la inútil dirigencia estatal, son cuestiones que las cúpulas de Morena en el poder –las que mandan de verdad– deben revisar de manera urgente, y desmarcarse a tiempo, porque el próximo proceso electoral, aunque oficialmente empieza dentro de un año, en la práctica ya inició.

Por Stella Turcato

De acuerdo con el listado de personas aspirantes inscritas para presidir la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos (CDHM), lo más probable es que “el Congreso” elija a una mujer.

Con base en la mayoría de los perfiles de la lista, habría muchas posibilidades de que la elegida sea Clara Elizabeth Soto Castor.

Desde la elección de ombudsperson del año 2016, esta persona había recibido muy buenas opiniones, pero su parentesco político con la entonces presidenta del Congreso y su consanguineidad con un funcionario estatal muy allegado del entonces gobernador Graco Ramírez, la habrían descartado.

Lo paradójico sería que lo que antes no le permitió llegar a la titularidad de la CDHM, sea lo que ahora le ayude a acceder a ese cargo; es decir, la cercanía con el exgobernador perredista.

Al momento de la votación se verá si interviene la mano del experimentado político y ex mandatario de Morelos. Como es su costumbre, el tabasqueño tendría Plan A y Plan B. Este último sería la acomodaticia Nadxieelii Carranco Lechuga, quien hizo un pésimo papel al frente de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, precisamente en la administración graquista (2012-2018).

Como sea, Soto Castor sería más apropiada que muchas de las otras personas que se postulan.

De las que van por el cargo, sin importar servir a la ciudadanía sobran ejemplos.

Baste mencionar a Claudia Aponte Maysse, quien, al igual que Lorena Elizabeth Castillo Castillo, Nadxieelii Carranco Lechuga, Lucero Benítez Villaseñor y Eva Penélope Picazo Hernández se anotan en todas, como si fueran expertas todólogas.

Ahí están los casos de Castillo Castillo que actualmente y, por segunda vez consecutiva, es funcionaria del Ayuntamiento de Cuernavaca, en el puesto de directora del Instituto de la Mujer. O el otro caso semejante, el de Picazo Hernández quien es la actual titular de la Comisión de Atención y Reparación de Víctimas en el Estado de Morelos y que desde hace más de 25 años no se ha soltado del presupuesto público, ya sea en el Poder Legislativo, el Ejecutivo o en organismos de puro membrete que poco sirven al pueblo.

De Lucero Benítez Villaseñor no se puede soslayar su gris y servil gestión, con el poder panista de entonces (durante el gobierno de Marco Adame), cuando estuvo al frente, precisamente, de la CDHM y después directora de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobierno estatal.  Demasiado identificada con el exgobernador Adame.

El paso de Benítez Villaseñor por la titularidad de la CDHM coincidió con el paro, plantón, movilizaciones y digna lucha del Movimiento Magisterial de Bases en Morelos, en el año 2008, a lo que ella siempre dio la espalda. Su labor como ombudsperson se limitó a incentivar la promoción de quejas contra adversarios de Adame, para beneficiar siempre al poder panista de entonces.

Y los hombres aspirantes al organismo defensor de derechos humanos están en peores circunstancias, por ser menos en número y carecer del perfil para el cargo.

Uno de los pocos con aparente experiencia, Osmany Licona Quiterio, pese a haber tenido el puesto de visitador y otros en la CDHM, durante varios años, no se le conoce ninguna gestión a favor de la ciudadanía. Es otro de los que van por la plaza y las desiguales prestaciones para los jerarcas, comparadas con las de la población trabajadora, en general.

Y en el caso de Licona Quiterio, le juega en contra su obcecada postura de derecha, contraria a lo popular y al actual modelo preponderante de la 4T en la mayoría del país, en lugar de él ser imparcial, tal como lo exige la encomienda.

Por último, ¿alguien puede creer que las y los legisladores elegirán con base a las comparecencias de cada aspirante o a su currículum?

¿Alguien puede creer que las y los legisladores integrantes de la Junta Política y de Gobierno pusieron debida atención en lo que, este 9 de julio, dijeron 28 personas aspirantes, desde las 10 de la mañana y hasta las 16:45 horas?, ya que se les designaron 15 minutos de exposición a cada una de ellas, en una maratónica jornada.

Y tras esa prolongada e intensa reunión, se supone que la Junta Política y de Gobierno deliberó y discutió lo suficiente para la elección posterior en el pleno… ¡Al día siguiente!

Como que la ciudadanía ya no se chupa el dedo, pero la mayoría de las y los políticos son los últimos en enterarse.

En breve, el Poder Legislativo debería modificar esos métodos para la elección de titulares de la CDHM y otros organismos, desde la publicación de las convocatorias, hasta la difusión del listado de inscriptos, porque esta vez el Congreso publicó la convocatoria apenas 14 días antes de la exposición de aspirantes y el listado con las 28 personas inscriptas tres días antes de la kilométrica cita para las presentaciones de propuestas por parte de los y las profesionales del derecho que pretenden presidir el organismo.

Por Stella Turcato

A pocas semanas que tomó posesión como diputado local, en mesas que él creía afines, Rafael Reyes presumía: “ya le avisé a la gobernadora que seré coordinador del Grupo Parlamentario de Morena sólo el primer año legislativo, porque los dos siguientes los dedicaré a ‘recuperar Jiutepec’ para el partido”.

Lo decía justamente él, que fue el principal culpable de que el municipio, bastión en Morelos del partido fundado por AMLO y de la izquierda en general, perdiera la presidencia municipal. Él, que perdió la demarcación donde viven y de donde salieron los fundadores del llamado partido –en otras entidades– “aplanadora”.

Claro, como él ni es de Jiutepec ni comparte la ideología de Morena, poco le interesa y menos entiende lo que significa para el futuro político en el estado haber perdido ese baluarte. Baste recordar que Reyes Reyes fue candidato perdedor a la alcaldía de Jiutepec por el PRI, en la elección constitucional de 2015, y fue funcionario en el controvertido y represor gobierno estatal de Puebla, que encabezó el panista Rafael Moreno Valle, quien falleció en un accidente de aviación de muy dudosas circunstancias y quien fuera uno de los más acérrimos adversarios de Andrés Manuel López Obrador.

Por trayectoria y por convicción, traducida en sus acciones, Reyes Reyes es el típico y auténtico prianista que se montó en la ola ganadora liderada por AMLO, en 2018.

Y en esa dinámica, el actual diputado no escatimó en traiciones, hasta con los que le permitieron subirse a esa marejada, lo que en parte, lo llevó a perder el más grande bastión de Morena y la izquierda en Morelos.

Él, que puso a su cuñado como su suplente cuando contendió para reelegirse como alcalde y, al finalizar su segunda gestión, “lo hizo” candidato a sucederlo en la fatídica elección de 2024.

¡Nueve años pretendían quedarse en el cargo los parientes! Y, al no conseguirlo, ahora se les ha vuelto una obsesión pretender volver a “gobernar” esa comuna; principalmente a Reyes, que fue el que más cambió su estatus socioeconómico, después de los seis años que estuvo en el poder, en el segundo municipio más rico del estado y en el que los parientes fueron pésimos administradores, al dejar deudas millonarias con proveedores de distintos ramos.

Con el estilo atropellador de quien se cree todopoderoso, Reyes no ha dudado en alardear que cuenta con la protección de un alto funcionario estatal. Y en esas reuniones, cuyos participantes él cree controlar, ante cualquier llamada telefónica, presume sin más: “perdón, me llama… fulano”.

Y continúa: “como te decía, no es el presidente de la Junta Política y de Gobierno quien decide, el que decide soy yo, porque (sin ser titular del órgano legislativo) tengo un voto ponderado (al interior de la Junta), al contar con 10 legisladores”.

Por eso, en ese frenesí por volver, a Reyes no le importa evidenciar que utiliza –ilegal y mañosamente– recursos del Congreso para su interés personal y con fines electorales tan descaradamente anticipados.

De la peligrosa e innecesaria complicidad con la derecha y el PAN, partido históricamente archi adversario de AMLO y Morena, habrá tiempo y espacio para ahondar más adelante. Pero, una muestra de ello es el indebido uso del área de comunicación social del Congreso de Morelos para difundir boletines con información de interés personal y electorero que nada tiene qué ver con su quehacer legislativo y que, en cambio, contienen relatos de sus demagógicos actos en Jiutepec, donde aparecen él y –desde luego–  su cuñado David Ortiz, a quien no se le conoce cargo ni oficio alguno en el ayuntamiento en mención ni en la Cámara de Diputados, cuando hacen supuestas donaciones y ventas de productos de primera necesidad a aparentes bajos precios, aprovechándose de la necesidad de la población más carenciada.

Es así como ambos familiares ex munícipes se toman fotos, y posan orondos justo cuando entregan (en realidad les venden) una tapa de huevo o un pollo –de dudosa fecha de caducidad– a personas ancianas o mujeres que, por la necesidad, se ven obligados a dejarse retratar para que los políticos difundan las gráficas por conductos no muy éticos, al hacer uso de áreas que están para divulgar asuntos legislativos, no para satisfacer las ansias electoreras personales, por muy diputado que sea.

En ese mismo tenor, en días recientes, y por los ya aludidos cauces oficiales del Poder Legislativo, se distribuyó un boletín en el que el diputado Reyes Reyes anunciaba la próxima entrega de “32 mil paquetes escolares” para el multicitado municipio.  Y encima, en el mismo comunicado,  asegura que «por quinto año encabezará el programa de entrega de útiles…», como si él fuera aún el presidente municipal.

Acerca de si los recursos para adquirir esos materiales eran de cualquiera de los tres niveles de gobierno, o de las prerrogativas del Grupo Parlamentario de Morena, o acaso, de la propia fortuna del exalcalde y nuevamente aspirante a ese cargo, éste no quiso responder. No, al menos, cuando Conurbados le preguntó a su ¿encargado? de prensa, quien respondió literal: “el origen de los recursos se dará a conocer en el evento de entrega de los útiles escolares”; es decir, en el próximo mes de septiembre, fecha prometida por el hoy diputado para el reparto de artículos, en otro de sus actos, seguramente, igual de demagógicos que los anteriores.

Lo más seguro es que el origen del dinero sea federal, ya que el ayuntamiento, a través de fuentes del más alto nivel, negó que sea de sus arcas. Tampoco puede ser estatal, donde no tendría cabida la distribución de materiales por parte de un integrante de otro poder del Estado.

Sobre ese asunto, el gobierno federal y Morena nacional, el comité estatal como si no existiera, deben vigilar de cerca el anunciado acto y, en general, la conducta del diputado, quien aprovecha su posición de coordinador del partido en el Congreso para negociar prebendas electorales para él y, al mismo tiempo e increíblemente, ¡para miembros de la oposición de derecha!, como se sabrá más adelante.

El año pasado, Morena perdió el segundo y tercer municipio en importancia y toda la zona conurbada de Cuernavaca. Aunque en estricto sentido, de esta área metropolitana, sólo perdió Temixco y, claro, Jiutepec. Y decimos que perdió sólo esos porque eran los que tenía y no pudo retener, ya que las demás municipalidades de la región, como Emiliano Zapata, Cuernavaca, Xochitepec, Huitzilac y Tepoztlán ya eran gobernadas por siglas políticas distintas antes de la debacle electoral municipal para Morena, en 2024.

Los intereses personales del coordinador parlamentario que, paradójicamente, van apareados a los de la oposición, aunado a las grandes deficiencias del comité estatal del partido en el poder, auguran un desalentador panorama para el futuro inmediato de Morena en Morelos, si no se remedia a tiempo.

Por Laura Cevallos.

En México, el acceso a la justicia sigue siendo un camino escabroso, especialmente para las víctimas que la persiguen. En muchas ocasiones, el proceso judicial se convierte en una travesía decepcionante y desgastante, en la que más que la correcta aplicación del derecho, prevalecen las relaciones de complicidad entre litigantes y autoridades judiciales. Esto nos obliga a cuestionarnos: ¿es justicia lo que realmente se alcanza en estos casos, o simplemente el resultado de negociaciones ajenas a la valoración objetiva de las pruebas?

Un ejemplo paradigmático de esta problemática es el caso de Mónica Peyró, originaria de Durango, quien desde hace casi seis años ha luchado por el acceso a la justicia para sus dos hijas, víctimas de abuso por parte de su progenitor. En lugar de recibir protección inmediata por parte de las autoridades competentes, tanto ella como sus hijas han sido revictimizadas una y otra vez. Desde el inicio, el sistema de justicia, lejos de garantizar su seguridad, ordenó medidas que las expusieron aún más, incluyendo la posibilidad de otorgar la custodia al agresor. Además, se les impusieron exámenes físicos y psicológicos que, en vez de salvaguardarlas, profundizaron su trauma.

El proceso judicial en Durango no solo ignoró el principio de perspectiva de género y de infancia, sino que, de manera alarmante, protegió al agresor. A pesar de las pruebas existentes, las resoluciones estatales determinaron que la víctima era el padre, y que debían restituírsele sus derechos de custodia, minimizando el daño irreparable sufrido por las niñas. Como parte de esta serie de irregularidades, incluso se prohibió que las menores recibieran atención psicológica en ADIVAC (Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas A.C.), evitando así que pudieran integrar sus testimonios y fortalecer la evidencia en su contra.

La gravedad de estas anomalías llevó a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajera el caso. En su momento, el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea impulsó la revisión del expediente, y tras tres años de análisis, la Ministra Loretta Ortiz emitió un fallo determinante: las niñas debían ser protegidas y recibir la atención psicológica necesaria en ADIVAC, como parte de la reparación del daño.

En la sentencia emitida el 23 de octubre de 2024, la SCJN ordenó al Juez Segundo Familiar de Durango lo siguiente:

«Que dicte una nueva determinación en la que, habiéndose allegado de la opinión especializada en los términos precisados en la sentencia constitucional, tomando en cuenta las manifestaciones del padre y la madre, así como las evaluaciones psicológicas y todas las constancias en autos, además de las opiniones de la tutriz y la representante especial, y respetando cabalmente el derecho de participación en el juicio de las menores, resuelva de manera fundada y motivada sobre el tipo de proceso terapéutico que deberá llevar cada una de ellas en lo individual.»

Sin embargo, en un acto que representa un abierto desacato a la SCJN, el juez de Durango ha reinterpretado la sentencia de manera arbitraria, negando el derecho a la salud mental de las niñas con el argumento de que la terapia no serviría para ayudarlas, sino que podría generarles más traumas. En otras palabras, está minimizando el impacto del abuso sufrido y perpetuando la violencia institucional contra ellas y su madre.

Este tipo de resoluciones no solo atentan contra los derechos fundamentales de la infancia, sino que violan principios básicos del derecho internacional y de la Convención sobre los Derechos del Niño. La progresividad de los derechos humanos es un principio constitucional que prohíbe la regresión en su protección. Un juzgado estatal no tiene facultades para reinterpretar ni invalidar un fallo de la SCJN, y mucho menos para revictimizar a quienes han sido protegidos por el máximo tribunal del país.

Es imperativo que la SCJN intervenga de manera enérgica para exigir el cumplimiento estricto e inmediato de su resolución. No podemos permitir que los tribunales locales actúen con impunidad y en complicidad con los generadores de violencia, poniendo en riesgo a las víctimas y anulando el acceso a la justicia. De lo contrario, quedará demostrado que en México, la justicia no es más que un privilegio manipulado por quienes detentan el poder, mientras que las infancias siguen siendo rehenes de un sistema que, en lugar de protegerlas, las expone a nuevas formas de violencia.

Por Laura Cevallos.

Una imagen impactante: Volodymyr Zelensky, el hombre que carga sobre sus hombros el destino de una patria marcada por la guerra. Su liderazgo ha sido cuestionado tanto por sus detractores como por quienes ven en él un símbolo de resistencia. La crisis que hoy enfrenta Ucrania tiene sus raíces en tensiones históricas, étnicas, lingüísticas y geopolíticas, pero en el centro del conflicto se encuentra la oposición de Rusia a la posible adhesión de Ucrania a la OTAN, lo que Moscú considera una amenaza directa a su seguridad, al abrir la posibilidad de que se instalen sistemas militares occidentales cerca de su territorio.

Tras la destitución del expresidente ucraniano Viktor Yanukóvich en 2014, luego de protestas masivas contra su decisión de rechazar un acuerdo de asociación con la Unión Europea, Rusia consideró el nuevo gobierno en Kiev como ilegítimo. En respuesta, Moscú anexó la península de Crimea tras un referéndum que la comunidad internacional no reconoció, considerándolo una violación del derecho internacional. Esto desató el conflicto en el este de Ucrania, donde grupos separatistas prorrusos tomaron el control de regiones como Donetsk y Lugansk con apoyo del Kremlin, lo que dio origen a una guerra de baja intensidad que se prolongó durante años y culminó con la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022.

Zelensky, elegido en 2019 con la promesa de pacificar el país y reformar el gobierno, se encontró en el centro de una crisis sin precedentes. Más allá del frente de batalla, la guerra ha afectado a la población civil de múltiples formas, con desplazamientos masivos, persecución política y la imposición de restricciones en ambos lados del conflicto. En las zonas ocupadas por Rusia, se han denunciado violaciones a los derechos humanos, mientras que en Ucrania ha habido tensiones por el trato a la población rusoparlante, un tema complejo con raíces históricas.

La Unión Europea y Estados Unidos han brindado apoyo militar, económico y humanitario a Ucrania, argumentando la defensa de su soberanía y el orden internacional. Sin embargo, este respaldo también ha respondido a intereses estratégicos, ya que Ucrania es clave en la seguridad energética y agrícola de Europa. Al mismo tiempo, el conflicto ha servido para debilitar a Rusia en el plano económico y militar.

En este contexto, la reciente reunión entre Zelensky y Donald Trump reflejó las crecientes fricciones en la política internacional. Trump, con su característico estilo confrontativo, criticó el manejo de la guerra y sugirió que el apoyo estadounidense no debería ser incondicional. Zelensky, por su parte, buscó reforzar el compromiso de Washington con su país. El encuentro, lejos de generar consenso, se convirtió en un duelo de egos y expuso las divisiones dentro de la comunidad internacional sobre el futuro del conflicto.

El episodio dejó al descubierto un panorama geopolítico cada vez más incierto. Europa ha cerrado filas con Ucrania, tanto por razones estratégicas como por la necesidad de mantener su seguridad ante la amenaza rusa. Mientras tanto, la postura de Trump ha generado preocupación, al insinuar que Estados Unidos podría replantear su rol en el conflicto. Sus declaraciones sobre la posibilidad de apropiarse de recursos estratégicos ucranianos han despertado inquietud sobre el verdadero alcance de los intereses estadounidenses en la región.

En este tablero de ajedrez global, la diplomacia parece desdibujarse ante los intereses de las grandes potencias. La pregunta que queda en el aire es si estamos presenciando una redefinición del orden mundial, donde las alianzas se establecen no por principios, sino por conveniencia, y donde la soberanía de las naciones corre el riesgo de quedar subordinada a los juegos de poder de las superpotencias.

Por Laura Cevallos.

En los últimos años, ha surgido un fenómeno mediático en el que algunas mujeres, conocidas como “ladys”, han sido expuestas en situaciones de abuso o comportamiento indebido. Sin embargo, un aspecto preocupante de este fenómeno es el abuso de las leyes diseñadas para prevenir la violencia de género, con el fin de obtener beneficios personales o ejercer control sobre otros.

El caso más reciente es el de “Lady Uber”, una pasajera que llamó al 911 para acusar falsamente de acoso sexual a un conductor. La disputa surgió cuando el chofer no accedió a conducir según sus indicaciones, lo que generó insultos y amenazas por parte de la pasajera. Ante la tensión de la situación, el conductor comenzó a grabar lo ocurrido, logrando demostrar que nunca hubo acoso. En el video se escucha a la mujer amenazándolo con cárcel si no obedecía sus órdenes.

Este tipo de incidentes han despertado un debate sobre el uso indebido de las normativas de protección de género. En lo que va del año, hay varias otras lamentables “ladies” como la de la UNAM que aplicó el “no te conviene meterte conmigo, porque soy mujer”, la que amenazó a un vendedor con “te voy a meter 5 años a la cárcel acusándote de violación” y todas intentan usar la bandera del feminismo para abusar de la tragedia que muchas otras mujeres sí padecen y que no tienen la visibilización a su favor.

Durante la conferencia del pueblo del jueves 20 de febrero, se cuestionó a la PresidentA sobre los casos en los que algunas mujeres parecen aprovecharse de estos marcos legales para presentar denuncias infundadas; Sheinbaum aclaró son las autoridades encargadas de la investigación y judicialización las que determinan la pertinencia de castigar a un hombre y que no hay necesidad de adecuar las leyes para castigar a las mujeres que amenazan a los hombres. Si bien las leyes buscan proteger a las víctimas reales de violencia y acoso, es fundamental evitar que se conviertan en un arma de manipulación o castigo injustificado.

El concepto del «Péndulo del Feminismo» describe este fenómeno: en el pasado, las denuncias de violencia de género eran desestimadas con frecuencia, dejando a muchas víctimas sin justicia. Hoy, en algunos casos, la simple acusación es suficiente para generar un escándalo sin pruebas contundentes, lo que plantea una preocupación sobre el equilibrio entre justicia y presunción de inocencia.

Ante esta situación, surgen preguntas fundamentales: ¿Cómo pueden los hombres protegerse de falsas acusaciones? ¿Qué motiva a algunas personas a usar la ley como herramienta de venganza? ¿Cómo puede la sociedad encontrar un equilibrio en el que se proteja a las verdaderas víctimas sin fomentar el abuso del sistema legal?

Es crucial abordar esta problemática con responsabilidad. Si las autoridades no investigan con el debido rigor, existe el riesgo de que, al acumularse casos de denuncias falsas, se pierda credibilidad en las denuncias legítimas. Como en la fábula de Pedro y el Lobo, si se abusa del sistema, cuando una víctima real necesite ayuda, podría no encontrar apoyo ni credibilidad.

El reto es claro: garantizar justicia sin caer en extremos. Las leyes de protección de género son esenciales, pero también es vital asegurar su correcta aplicación, evitando que se conviertan en herramientas de abuso o manipulación. Necesitamos construir una sociedad más equitativa y justa para todos y eso significa no abusar de la ley de manera tan frívola e irracional.

Por Laura Cevallos.

Cuernavaca, Morelos; 27 de enero de 2025.- En numerosas ocasiones, la farándula y la política se entrelazan de formas polémicas. Un claro ejemplo es la nueva «sensación» de la crítica hollywoodense: una producción de un cineasta francés que decidió abordar algunas de las desgracias más profundas que afectan a millones de personas —como las desapariciones, la violencia, el narcotráfico, el drama migrante y las historias del mundo trans— para transformarlas en un musical. Lo alarmante no es solo la caricaturización deshumanizante de estos temas, sino que dicha obra está siendo premiada aquí y allá. Esto es, en verdad, preocupante.

Primero, no se trata de una simple indignación porque se hable de los mexicanos. La ofensa radica en que la crítica cinematográfica estadounidense parece considerar adecuado normalizar y aplaudir la banalización de tragedias que han dejado profundas cicatrices en sociedades como las latinoamericanas. En nuestra región, llevamos décadas lidiando con las consecuencias del narcotráfico y sus delitos colaterales: secuestro, trata de personas, lavado de dinero, tráfico de armas, corrupción y cohecho. Estos crímenes no solo son gravísimos, sino que erosionan profundamente el tejido social.

Segundo, revestir estos temas de canciones alegres y coreografías «a lo Disney» no disminuye la gravedad de las tragedias que retratan. Por el contrario, descontextualiza y trivializa el sufrimiento humano, perpetuando la idea de que todo puede convertirse en un meme o, peor aún, en una comedia musical.

Tercero, la suma de elementos polémicos no convierte automáticamente a una película en una obra digna de aplauso. En el caso del film de Jacques Audiard, la mezcla de narrativas tan dispares —una persona trans envuelta en el narcotráfico y la desaparición de personas, el drama de los migrantes latinos en Estados Unidos, y los abogados que intentan ayudarlos— no da como resultado una obra coherente ni respetuosa. Abordar tantos estereotipos en un solo producto no transforma la película en una bandera contra las fobias y los prejuicios. Tampoco dignifica a las comunidades vulneradas simplemente porque uno de sus miembros sea el protagonista.

Lo realmente cuestionable es la forma en que se presentan estos temas. Pensemos en cómo reaccionarían las víctimas del Holocausto, del 11 de septiembre o del 2 de octubre si, en lugar de honrar su memoria, sus tragedias fueran transformadas en absurdos musicales. ¿Cómo sería recibido un filme que caricaturizara la lucha contra el VIH/SIDA de películas como Filadelfia o Dallas Buyers Club? ¿O que romantizara el Apartheid o la segregación racial? La respuesta es clara: sería irresponsable, irrespetuoso y moralmente inaceptable.

En este caso, estamos frente a una película que narra la historia de un narcotraficante que cambia de género para escapar de sus enemigos, solicita ayuda de su abogada y entabla amistad con su exesposa, todo ello bajo el formato de una comedia musical. Esta obra ha recibido cuatro Globos de Oro y cuenta con 13 nominaciones al Óscar. ¿La solución más sencilla? No verla. Pero la verdadera pregunta es: ¿dónde está la responsabilidad de los creadores de estas producciones que se exhiben ante el mundo? ¿Por qué premiar la banalización del dolor y el escarnio hacia las personas más vulneradas? ¿Es el papel de los ciudadanos quedarse pasivos, viendo y aplaudiendo historias degradantes?

Es momento de reflexionar y demostrar, con hechos, que no somos sumisos ni indiferentes. Como ciudadanos, tenemos el poder de influir, incluso en esos premios que convierten en oro cualquier pieza de porquería.

Por Stella Turcato

José Víctor Sánchez Trujillo, secretario de Desarrollo Económico del gobierno de Margarita González Saravia, se tituló como licenciado en Administración en el transcurso de este 2024, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 40 años después que entró a cursar la carrera.

Según consta en el Registro Nacional de Profesionistas del Gobierno de México, Sánchez Trujillo cuenta con la cédula profesional número 14384448, expedida este mismo año, a escasas semanas de asumir el cargo conferido por la gobernadora estatal.

Según el inatacable archivo de la Cámara de Diputados, donde figura su currícula, como la de todas las personas que han sido legisladoras federales, el ahora “morenista” cursó la carrera de Administración, de 1984 a 1989, en la UAEM. Sin embargo, durante 35 años, en los que también ocupó cargos públicos, así como en la iniciativa privada y ¡hasta clases impartió!, no contaba con título profesional, sino hasta que estuvo a punto de asumir el puesto en el actual gabinete de Morelos.

Se desconoce, cómo, finalmente y después de siete lustros, obtuvo el certificado oficial. No se sabe en qué condiciones fue otorgado el grado profesional, si rindió examen y presentó tesis o cómo fue el mecanismo para tal efecto, porque –evidentemente– por promedio no fue.

Nada ilegal ni incorrecto tiene obtener el título y cédula profesional muchos años después de cursar los estudios; al contrario, es bastante frecuente.

Pero, cuando menos, es sospechoso el porqué y cómo lo obtuvo justo en la víspera de asumir un cargo público. La sospecha se acrecienta, sobre todo, cuando la institución educativa ha sido, a la postre, tan beneficiada económicamente por el actual gobierno estatal, a pesar de la pésima administración financiera, historial de deudas y opacidad en la gestión de la casa de estudios y a pesar de ir el gobierno estatal a contracorriente del federal y de la presidenta Claudia Sheimbaum, que no da recursos a ciegas a instituciones de dudosos y opacos manejos, como es el caso de la UAEM.

La rectora Viridiana de León Hernández, y todas las autoridades universitarias, tan cercanas a la gobernadora González Saravia, deben –siquiera– una explicación al pueblo de Morelos acerca de cómo se otorgó la titulación. Obviamente, el recién graduado debe mayor detalle y puntualidad en la aclaración.

De no hacerlo a tiempo, se arriesga a una exposición mucho peor que la de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien fue atacada probadamente por motivos políticos, lo que no aplica para el caso doméstico de Sánchez Trujillo.

La excesiva cercanía de la rectora Viridiana de León y del secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la UAEM, Mario Cortés Montes, así como de otras figuras de la cúpula universitaria, con la entonces candidata y hoy gobernadora González Saravia da margen a la sospecha.

En la pasada campaña electoral, fue ostensible la abismal diferencia que se hacía en el contexto de la UAEM con las tres candidatas, sobre todo con las dos punteras.

A pesar de que sólo una de ellas, Lucía Meza Guzmán, es egresada de esa institución educativa, todas las caravanas, las prevendas, las instalaciones, los actos, el alumnado, todo era para Margarita, la única de las tres candidatas que –paradójicamente– no entró un solo día a un aula universitaria con fines académicos, toda vez que obtuvo una licenciatura en Turismo por «competencias laborales», a través de los acuerdos 286, 328 y 357 de la SEP.

Margarita presentó “su libro” en la UAEM, en tiempos preelectorales, encabezó inauguraciones ahí, en momentos de veda electoral y muchos de sus actos y presentaciones de propuestas se hacían en las instalaciones de Los Belenes, el Campus Chamilpa y otras.  Eventos a los que el alumnado y personal docente eran prácticamente obligados a asistir y a llenar los recintos, según acusaron en su momento.

Nada siquiera similar ocurrió con las demás candidatas.

Incluso, la casa de campaña de la entonces abanderada morenista estaba en la avenida Río Pánuco, en una propiedad contigua a las instalaciones que la institución posee en la colonia Volcanes de Cuernavaca. Valdría la pena indagar si el inmueble que sirvió para esa temporada proselitista era propiedad privada o si está relacionada con la entidad estudiantil.

Capítulo aparte, también merece la estrecha relación de la hoy mandataria con el exrector Alejandro Vera Jiménez, prófugo de la justicia por delitos patrimoniales y artífice de la Estafa Maestra en Morelos. Tanto ella como el actual coordinador de Asesores del gobierno estatal, Mario Caballero Luna, trabajaron en la UAEM regida por el acusado de defalcar a la institución.

De hecho, esos manejos fraudulentos son el origen de la crisis que hasta hoy perduran en la máxima casa de estudios. Se infiere que todas esas: la protección a Vera Jiménez, el pago de favores de campaña y las «facilidades» académicas, serían hoy las razones de tanta «ayuda económica» desde el gobierno estatal y con los recursos de los morelenses.

Por lo demás, es de público conocimiento el apoyo desmedido del actual gobierno estatal para con la UAEM, al otorgarle millonarios recursos extraordinarios y adicionales al presupuesto tanto para que pague deudas añejas ante el SAT, como para rescatarla del quebranto financiero y del conflicto laboral, al ayudarle hasta para el abono de aguinaldos y otras prestaciones.

“Se entregarán 272 millones de pesos para el pago de prestaciones de fin de año a seis mil 500 trabajadores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM)”, asegura el boletín de Comunicación Social del gobierno estatal, documento que recoge, asimismo, el agradecimiento de la rectora hacia González Saravia “por su solidaridad hacia los colaboradores, para que puedan contar con esta prestación. Desde el inicio de su administración hemos tenido eco para ir abatiendo el rezago histórico, reitero el compromiso con esta alianza educativa para garantizar sustentabilidad y sostenibilidad financiera en la Autónoma de Morelos”, reconoció León Hernández, en la conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, este jueves 26 de diciembre.

Del bajo nivel académico, inexperiencia, inadecuados perfiles y carencias del actual gabinete habrá que ocuparse en otro próximo ejercicio periodístico, mientras, vale la pena zambullirse en la página web de la Cámara de Diputados para constatar cómo la sección https://sitllx.diputados.gob.mx/curricula.php?dipt=182 devuelve clara, inamovible una realidad que no admite ediciones y contrasta con los engolados estilo gonzalez-saravescos, que acostumbran a inflar, acomodar a conveniencia y generalizar en abstracto, tipo:  “Cuenta con una amplia experiencia en el sector…” o «Ha ocupado cargos directivos importantes…», en lugar de dar datos concretos.

La currícula en mención expone sin tapujos el pasado priista, panista y de la rancia derecha de la Coparmex, enemiga de AMLO y la 4T, del ahora morenista y actual «experto en desarrollo económico y del trabajo», antes versado en el sector agropecuario y rural, también avezado en comercio, empresa y la docencia, que ejercía sin título ni cédula profesional, según sus propios datos.

Por Laura Cevallos

Endogamia. Según el diccionario, es como se le llama al conjunto de enfermedades genéticas que padece el producto de uniones consanguíneas, que son peligrosas y condenan a las descendencias a su desaparición dada la enorme cantidad de defectos por la baja y pobre diversidad de genes.

No es éste un tratado de genética o biología, sino un comparativo sobre lo que hace a una especie la reproducción limitada entre miembros de la misma familia y, en este caso, vamos a platicar del Poder Familiar de la Federación, como se ha denominado, desde hace años, a los personajes que completan las plantillas laborales de uno de los tres Poderes de la Unión, cuya función no es menor, porque determina la justicia que la aplicación de una ley o norma en un caso particular, tiene, sabiendo que la creación, modificación y abrogación de tales, corresponde única y exclusivamente al Poder Legislativo y que son aplicadas por el Ejecutivo, a través de las políticas públicas y demás actos inherentes a sus facultades. En pocas palabras, estas son las tareas de cada operador político, legislativo o judicial.

La Presidenta expuso una investigación sobre el Consejo de la Judicatura y la Suprema Corte, por parte de Valeria Durán, Dulce González y Raúl Olmos para Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, cuyo titular es Claudio X. González, cuando les parecía oportuno criticar sus formas, bajo el título “El Poder Familiar de la Federación” (https://contralacorrupcion.mx/web/magistrados/) y del que he hablado en otras ocasiones, señalando la oportunidad de la reforma -de volver a dar forma, pues-, al Poder Judicial. Esta investigación exponía en 2018, la red de nepotismo que tenía a más de siete mil familiares dentro del servicio judicial federal. Y hay que señalar que, aun cuando parece una exposición profunda, solo hace énfasis en los parentescos, sin adentrarse en los efectos de los mismos.

Esta red familiar ha sido una agencia de colocación de parientes en los ámbitos judicial (desde oficial hasta secretarios y titulares de órganos jurisdiccionales) y administrativo, impidiendo por un lado, que el personal de los juzgados y tribunales se refresque y se llene de nuevas ideas, porque se limitan a los razonamientos que se deben seguir, dictados por los demás organismos, en “identidad de criterios”, aun y cuando la función jurisdiccional permite y, de hecho, exige la emisión de nuevos discernimientos, a la luz de una progresividad de derechos humanos que la propia Constitución prevé; y, por otro, dadas las presiones de parte de sus verdaderos patrones: la oligarquía, el clero, los gringos, que no les permite disentir de los conceptos totémicos que han mantenido la apariencia del buen derecho pero que, debajo de la primera capa, no hallamos más que corrupción e impunidad…

Otra vez, por si alguien se preguntaba si era necesario que se re-formara el procedimiento para nombrar nuevos titulares, que se separaran de facto de los demás procesos y no solo de la producción de sentencias, sino también para cortar lazos y vicios que los han mantenido obedientes de los cabildeos con aquellos que han hecho de la violación de leyes una práctica profesional, aquí es donde la respuesta viene sola: de 1994 a la fecha, en las tres décadas de la presente conformación judicial, se han degenerado principios universales como el de la justicia pronta y expedita o de la progresión de derechos, cuando a quienes se “aplica” la justicia, la han esperado por muchísimos años, viendo como se ejecutan contra ellos, las violaciones a sus derechos humanos.

Lo que más refuerza el atino de la reforma es el comportamiento arbitrario y ilegal de los miembros de la corte que, como esos especímenes defectuosos por la endogamia, son capaces de justificar lo que siempre fue causa de improcedencia para admitir recursos de parte de los partidos políticos, porque los 8 de siempre suponen que la supremacía la ostentan ellos y no es característica de la Constitución Federal, y pueden torcer el espíritu de la ley, según les plazca. La endogamia judicial es el efecto tangible de lo que debemos rechazar en una democracia, es decir, la reproducción de los viejos vicios de miembros caducos que se han perpetuado en los puestos y han mantenido privilegios que se oponen por antonomasia, al principio más básico de la democracia: que el pueblo ponga y el pueblo quite.

Por Laura Cevallos

Uno de los tres poderes de la Unión es el legislativo, cuya función principal es la creación, modificación y abrogación de leyes. Entre estas leyes se encuentra, por supuesto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que no puede permanecer estática ni sin cambios. De no ser así, se convertiría rápidamente en un instrumento obsoleto que dejaría desprotegidos los derechos y obligaciones tanto de los ciudadanos como de los gobernantes. Por lo tanto, es lógico que su contenido deba ser modificado, siguiendo el proceso establecido en el artículo 135 de la propia Constitución, que en resumen requiere:

1. Que el Congreso de la Unión, a través de sus dos Cámaras, apruebe las reformas o adiciones con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes.
2. Que estas reformas o adiciones sean ratificadas por la mayoría absoluta (la mitad más uno) de las legislaturas de los estados.

El procedimiento está claramente detallado:

1. Una de las Cámaras presenta la iniciativa ante su Pleno y la turna a comisiones. Estas comisiones estudian el asunto, elaboran y aprueban el dictamen correspondiente, que se presenta ante el Pleno para su lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de decreto de reforma constitucional.
2. La minuta se envía a la Cámara revisora, donde se presenta el proyecto ante su Pleno. Luego se turna a comisiones para su análisis y dictamen. Las comisiones discuten y aprueban el dictamen, que se presenta nuevamente ante el Pleno para su lectura, discusión y aprobación.
3. Si hay observaciones que desestimen total o parcialmente el proyecto, la Cámara revisora lo devuelve a la Cámara de origen para que se aprueben los cambios o se hagan observaciones.
4. Si se aprueba, se remite la minuta con el proyecto de decreto a los Congresos locales para su aprobación. Las legislaturas leen, discuten y deciden sobre la minuta, remitiendo sus acuerdos al Congreso Federal para contabilizar los votos a favor y anunciar la declaratoria de Reforma Constitucional.
5. La Cámara revisora emite la aprobación de la Declaratoria de Reforma Constitucional y la envía al Ejecutivo para su promulgación y publicación.
6. Finalmente, el Poder Ejecutivo publica la reforma constitucional aprobada por el Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados.

Es importante destacar que el proceso de reforma constitucional es diferente al de la creación de leyes, tal como lo estipula el artículo 72 de la Constitución, y está regulado exclusivamente por el artículo 135 de la CPEUM. Este procedimiento especial corresponde al Órgano Revisor de la Constitución, integrado por las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, así como por las Legislaturas de los Estados de la República.

El Poder Ejecutivo Federal (la Presidenta) no participa en este proceso ni tiene facultades para promulgar o sancionar la reforma constitucional; su papel se limita a publicar lo que le solicita la Cámara del Congreso que formuló la declaratoria de aprobación. El Poder Judicial, es claro, tampoco forma parte de este proceso, que es exclusivo del poder legislativo, que se compone por representantes populares que, en efecto, representan a aproximadamente 330,000 ciudadanos por diputado. Por lo tanto, los jueces no pueden revertir una reforma ya discutida y aprobada en las Cámaras y en la mayoría de los Congresos, pues la Constitución no lo permite y no se ha violado ningún paso del procedimiento legislativo, a pesar de las afirmaciones del Ministro González Alcántara y Carrancá.

Este jurista alegó que hubo vicios en el procedimiento legislativo y que, por ello, la reforma podría revertirse, ignorando que se trata de un procedimiento extraordinario, específicamente mencionado en el artículo 135 constitucional. También cuestionó la validez de la elección de jueces y magistrados, oponiéndose a la remoción de jueces y magistrados, así como a la elección popular de titulares de Tribunales Electorales regionales. Se mostró inflexible ante la reducción de las altas percepciones de los titulares de juzgados y tribunales, aunque aceptó que quienes asuman esos cargos en el futuro no ganen tanto. Además, estableció que las sentencias del Tribunal de Disciplina deben ser inatacables, y se opuso a que se implementara un método de selección de titulares mediante el voto popular.

Su postura también incluyó la oposición a limitar los efectos de las suspensiones y juicios de amparo, así como a validar la propuesta de «jueces sin rostro». Aunque mostró cierta disposición hacia la elección popular de ministros, la austeridad para futuros cargos, la reducción del tope máximo de remuneraciones y la extinción de fideicomisos ilegales, también aceptó revisar el sistema de asignación de cargos de juzgadores locales y analizar propuestas sobre el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, que sustituiría al Consejo de la Judicatura.

Es decir, acepta lo que no afecta significativamente los intereses de la élite de la Corte y los Tribunales de Circuito, pero se opone a todo lo que limite la connivencia excesiva entre los miembros del Poder Judicial, del cual se han beneficiado, ocupando más del 51% de los puestos con familiares que, en el mejor de los casos, han adquirido experiencia a expensas del erario público. En el peor de los escenarios, han sumido al país en un marasmo de ilegalidades, abusando de los recursos que reciben y exigiendo un trato preferencial sin rendir cuentas al pueblo de México.

Han promovido la idea de que merecen sus altos salarios para evitar caer en tentaciones, pero es evidente que quienes reciben remuneraciones desmesuradas pierden el respeto por la ciudadanía. Merecemos un Poder Judicial compuesto por personas de excelente reputación y dispuestas a trabajar, no por funcionarios que han torcido la Constitución y las leyes para su beneficio, traicionando el juramento que prestan al asumir sus cargos.