Por Máximo Cerdio
Cuernavaca, Morelos; 19 de diciembre de 2012. Las expectativas de la sociedad morelense ante el nuevo gobierno están sufriendo un paulatino desencanto, debido a la continuidad sin ruptura de las mismas políticas que ya han demostrado plenamente su fracaso para garantizar seguridad y tranquilidad social y derecho a una vida digna, por lo que es necesario plantear una alternativa que no surgirá de otro lado sino de la sociedad civil organizada desde abajo, afirmó José Martínez Cruz, vocero de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C. (CIDH).
Martínez Cruz dijo que lejos de planteare una nueva visión, el gobierno de Morelos se ha sumado de manera acrítica a un pacto propuesto por la vieja oligarquía priista que regresa al poder para seguir imponiendo su visión capitalista, neoliberal, represiva y antidemocrática.
El vocero de la CIDH también mencionó que en lugar de proponer un modelo de democracia deliberativa donde se garantice el derecho de la participación política de la población desde lo local, con representaciones reales de la diversidad política y social del país, se propone fortalecer el modelo oligárquico donde unos cuantos deciden. En lugar de ofrecer fortalecer la independencia del poder judicial, de dotar de autonomía a la procuración de justicia y eliminar el monopolio de la acción penal para destrabar la politización de la justicia y la impunidad, ofrece un solo código penal y un sólo código de procedimientos penales, a cambio agilizar la implantación del modelo de justicia oral y acusatorio.
José Martínez afirmó que la sociedad en Morelos no puede esperar 18 meses para terminar con el flagelo de los asesinatos cotidianos, que durante este año superan la cantidad de 500, el feminicidio ya superior al del año pasado, de violencia criminal contra jóvenes y para estupor social, de niños menores de 16 años hasta el grado de afectar a bebés. Pero si la violencia criminal es grave, el hecho de mantener el mismo esquema policiaco y militarista no ayuda en nada a corregir, superar o combatir realmente el problema de la violencia y la inseguridad mediante la impunidad y la violencia institucional que afecta cada vez más a personas a quienes no se les respeta la presunción de inocencia, se les detiene arbitrariamente, se les exhibe como integrantes de bandas de secuestradores, se les estigmatiza públicamente, se les somete a torturas y a privación ilegal de la libertad y, cuando alcanzan la libertad por falta de elementos para procesar, ninguna autoridad es llamada a cuentas por los abusos cometidos. La omisión del gobierno actual es grave en casos que involucran a la Procuraduría en temas delicados que se tratan de ocultar, pero que muestran la grave corrupción que atraviesa a las diversas instituciones y ponen en riesgo a un número creciente de personas. No se trata solo de un problema delictivo, sino de los mecanismos que garantizan impunidad y corrupción.
El vocero de la CIDH dijo que es urgente: dar certidumbre a la sociedad morelense, por lo que se requiere esclarecer inmediatamente todas las detenciones arbitrarias que se han estado presentando por parte del Ejército y la policía, violando la presunción de inocencia; asumir la responsabilidad de iniciar un proceso de verdadera autonomía de la procuración de justicia, para que no se quede simplemente en un intento fallido de elegir una nueva terna que siga sin siquiera cumplir los requisitos mínimos; esclarecer ante la opinión pública el estado que guarda el estado de Morelos en materia de seguridad pública y niveles de incidencia de los delitos y crímenes cometidos, con esquemas de participación social que permitan aplicar políticas sociales y modificar las estrategias que no han dado resultados, desmilitarizando y combatiendo frontalmente la impunidad y la corrupción; una de las demandas no atendidas ha sido la emisión de la alerta de género para detener el feminicidio, por lo que es más urgente que nunca asumir una política integral de defensa de los derechos de las mujeres y en los casos de desaparición de personas no debe quedar en la congeladora la iniciativa de tipificación de la desaparición forzada en Morelos; y establecer los contrapesos que la sociedad necesita frente a un gobierno que incumple con lo fundamental de sus responsabilidades para garantizar seguridad pública, derecho a la vida y la libertad, con respeto a los derechos humanos de todas y todos los morelenses.