Por Máximo Cerdio
Cuernavaca, Morelos; 14 de enero de 2013. Es una campaña de calumnia y lodo por las posiciones que he tomado, dijo el gobernador Graco Ramírez, en relación con los señalamientos que se han hecho en su contra relacionados con el caso Walmart.
Graco Ramírez sostuvo que las acciones que ha iniciado en su actividad político-partidista y al frente del Gobierno de la Nueva Visión tiene “preocupados” a algunos actores y eso podría ser motivo para esta campaña de desprestigio a su persona.
El Gobernador señaló que esperará el curso de las investigaciones y las autoridades determinarán quiénes son los autores de estas falsas acusaciones.
Asimismo, el gobernador anunció que presentaría denuncias ante la Procuraduría General de Justicia y una demanda por daño moral, las cuales atendería en calidad personal, no como gobernador de Morelos y pagaría de su propia bolsa.
De manera categórica, el Gobernador morelense negó cualquier relación con la empresa Walmart, por lo que por la vía judicial buscará que se compruebe el supuesto acuerdo entre ambos, para que la firma estableciera más sucursales, entre los años del 2003 al 2005.
Recordó que en ese momento, después de haber sido presidente del PRD en Morelos, él estaba en plena campaña para ser senador de la República, y por lo tanto no hubiera tenido ninguna relación con el Gobierno del Distrito Federal para fungir como enlace entre autoridades y empresarios, que es de lo que se le acusa en la difusión del correo electrónico para desprestigiarlo.
Relató que en distintas ocasiones, directivos de la mencionada cadena comercial buscaron dialogar con él, pero nunca aceptó. Más tarde tuvo la oportunidad de expresar su negativa de manera directa al entonces vicepresidente de la cadena en México, Luis Gómez.
Graco Ramírez dijo que su gobierno no tiene el interés de privilegiar a las tiendas departamentales o supermercados; sin embargo, expresó que está abierto a la inversión siempre sujeta reglas, y dando prioridad al rescate de mercados públicos.
Dijo que en Morelos, la facultad para otorgar licencias de funcionamiento es exclusiva de los ayuntamientos y sus cabildos, y no del Gobierno del Estado, aunque se está preparando una iniciativa para que en el caso de las grandes tiendas comerciales, se considere la opinión del gobierno estatal.