Día: 3 de marzo de 2015

Por Elsa Castrorela Castro

Zacatepec.-El trabajo de los jornaleroscortadores de caña es uno de los más pesados e incomprendido, son indígenas que vienen de los estados de Guerrero y Oaxaca, son migrantes que van de un lugar a otro.Así opinó Leticia Tavitas, científica de un centro de investigación localizado en este municipio.

La investigadora y activista en la defensa del medio ambiente aseguró que la vida de los jornaleros agrícolas, establecidos, locales o migrantes, es muy difícil desde la forma de transportarlos de los albergues a los campos de caña.Es muy denigrante, van “amarrados”,a veces, sentaditos;sus pies y manos se ponen de color negro, cuando salen del trabajo.

Los horarios:desde que amanece hasta que anochece, uno de los trabajos arduos, pesados y poco remunerativos. En el corte de caña se les va la vida.

Para Ernestina Talavera, ingeniera técnica de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR), que es una de las dos organizaciones cañeras que abastece el ingenio Emiliano Zapata, los jornaleros cortadores de caña son unos y los jornaleros agrícolas otros.Esto es que los primeros vienen sólo al corte de caña de azúcar y únicamente trabajan seis meses y se les paga por toneladas de caña cortada.

Mientras que los jornaleros agrícolas locales son empleados durante el cultivo de la caña y les pagan 150 pesos diarios o bien existen arreglos por tarea. El pago que reciben puede ser entre mil 500 a dos mil pesos por tarea.

En la actual zafra, la CNPR empleó a entre mil 500 y mil 800 jornaleros que son temporales, solamente los que tienen más superficie sembrada de caña llegan a tener uno que otro trabajador fijo.

Con respecto a la rentabilidad del cultivo de la caña, Ernestina Talavera dijo que es rentable como cualquier otro negocio, como el cultivo de hortalizas, pero no para productores con pequeña superficie, lo que les ayuda es que cotizan en el Seguro Social y pueden pensionarse, lo mismo sucede con los jornaleros cuando juntan todas sus cuotas y pueden pensionarse.

 

Por Elsa Castorela Castro

Los llamados “esclavos” de la zafra son los cortadores de caña de azúcar que año tras año llegan a los campamentos –albergues– de los ingenios de Casasano y Zacatepec, que mantienen una cadena de trabajadores a partir del cultivo de la caña del que participan ejidatarios y pequeños propietarios como productores cañeros y de hortalizas.

Por su tamaño, el albergue más grande es el de Tlaltizapán, se localiza al sur de este municipio, y está destinado para los jornaleros migrantes de Guerrero, Oaxaca y Puebla, construido en la década de los setenta del siglo XX.

Al albergue de Tlaltizapán, año con año, arriban los migrantes con sus familias para el corte de caña que abastece al ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec; son 18 construcciones con 24 cuartos cada una, que suman 432 cuartos en total.

De acuerdo a una investigación reciente, dentro de cada cuarto se hacinan hasta 10 personas y duermen en petate; son hombres solteros. Aun cuando en las habitaciones puede haber de tres a siete jornaleros, hay familias de seis personas que duermen en camas.

Los jornaleros agrícolas, migrantes, establecidos y locales, también trabajan en el corte de hortalizas como ejote, cebolla, jitomate, tomate de cáscara, chiles, flores, entre otros cultivos, en los municipios de Xochitepec, Tlaltizapán, Zacatepec, Jojutla y Tlaquiltenango.

Por Elsa Castorela Castro

Ciudad Ayala.- Los cortadores de caña y sus familias mantienen el campamento que ocupan pacíficamente desde el 28 de septiembre de 2014, y que costó la vida a Gustavo Salgado Delgado, quien fue víctima del cacicazgo local, según cuentan quienes conocen la problemática de ese terreno embargado por un banco a una inmobiliaria que por sus siglas se le conoce como Homex (Hogares de México).

Salgado Delgado, identificado como un férreo defensor de los derechos humanos, era militante del Frente Popular Revolucionario (FPR), activista en los movimientos sociales a nivel local, estatal y nacional. El 3 de febrero había sido reportado desaparecido y el 4 de febrero fue encontrado muerto en el paraje “Las Huilotas” del poblado de Moyotepec, de este municipio.

La gente del campamento, en su mayoría cortadores de caña, cuenta que Gustavo prefería ir solo a las reuniones y evitaba que lo acompañaran si no era necesario; viajaba constantemente a “solidarizarse” con otras luchas, a veces aceptaba que fueran con él. Aunque estaban organizados para cuidarlo y existía una permanente comunicación, nunca se pensó en su muerte.

Siempre dejaba instrucciones de organización y de trabajo. Antes de ser asesinado había renovado el “Comité” que representa a todo el grupo que ocupa el predio de más de 100 hectáreas en donde Gustavo planeaba que fuera un lugar autosustentable, ya habían sembrado milpa.

Los moradores del campamento creen que están viviendo una pesadilla y esperan su llegada tarde y noche, sin que puedan recuperarse de la pérdida de quien fuera defensor de sus derechos humanos, como el acceso a una vivienda digna.

La vez que lo entrevisté en las oficinas de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Gustavo explicaba que demandaban a esta institución un programa integral como “un acto elemental de justica social para quienes dejan su sangre, su sudor y su músculo” en los campos de cultivo del estado.

“Son jornaleros agrícolas desplazados forzosos de sus comunidades de origen que vienen a Morelos al corte de caña de azúcar y hortalizas, cuyas viviendas fueron destruidas por desastres naturales”, decía.

En la habitación que Gustavo ocupaba, que también es bodega y oficina, están algunas de sus pertenencias: su mochila, un estéreo, la cama donde dormía como cualquier otro de sus compañeros; pero también las velas y veladoras que recibió cuando su cuerpo mutilado fue llevado a este lugar. Afuera del cuarto, queda un pequeño altar con arreglos florales.

Al norte de donde se localizan las viviendas  –de lo que sería un fraccionamiento–, hay también una iglesia y un cuadro con la imagen de la virgen de Guadalupe.

Pláticas con CDI

Fue hasta el mes de octubre de 2014 cuando se llevaron a cabo las primeras pláticas como convocante la CDI y otras instancias de gobierno, sin embargo, a la primera reunión sólo asistieron Jahzeel Días, en representación del gobierno del estado de Morelos; por el gobierno municipal de Tlaltizapán Bianca Flores; por la CDI Juan Alberto García García, Gustavo Delgado y el abogado asesor de FPR, también llegaron mujeres jornaleras agrícolas del campamento.

De acuerdo a las declaraciones de integrantes del Comité, se convocó a una segunda reunión que se realizó en la CDI, después ninguna; en esas dos nunca hubo representante de otras instancias gubernamentales, aunque la gestión de instalar una mesa se había hecho desde el mes de abril de 2014.

En la primera reunión, se explicó que el gobierno federal, a través de los programas de apoyo a proyectos productivos bajo administración municipal de los dos municipios involucrados (Ayala y Tlaltizapán), consideraba viable el proyecto de vivienda y compra del terreno embargado por un banco.