Por Elsa Castorela Castro
En un documento que hicieron circular académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el 5 de marzo del presente año, manifestaron su rechazo a la iniciativa de la Ley General de Aguas debido a que de muchas formas Viola el Derecho Humano al Agua: criminaliza la investigación científica, legaliza la contaminación del agua, intensifica conflictos ambientales y elimina la participación ciudadana, entre otras.
Firmaron el documento de ocho páginas la doctora María del Carmen Carmona Lara, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, el doctor José Joel Carrillo, del Instituto de Geografía y el doctor Rafael Huizar, del Instituto de Geología.
Los científicos de la UNAM destacaron que “la iniciativa de Ley General de Aguas propuesta por los diputados Kamel Athié Flores (PRI), presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento; José Antonio Rojo García de Alba (PRI), presidente de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego; Sergio Augusto Chan Lugo (PAN), secretario de la Comisión de Recursos Hidráulicos; y Gerardo Gaudiano Rovirosa (PRD), presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, es una iniciativa que carece del total respaldo científico”.
Que es “una iniciativa que como académicos no reconocemos”, que es una iniciativa que han querido presentar como ciudadana, pero carece de ese respaldo, dijeron.
La iniciativa de ley criminaliza la investigación científica, busca eliminar todo cuestionamiento y crítica que la sociedad civil organizada o en forma individual haga con argumentos científicos y otras formas de estudio.
En cambio, propone en su Aartículo 148 “realizar obras de exploración, estudio, monitoreo, reinyección y remediación en acuíferos sobreyacentes y subyacentes o en bienes nacionales”, según la ley o reglamento que pretenden aprobar únicamente con criterios técnicos y ambientales que determine la autoridad competente.
Otro de los artículos a que hacen referencia los académicos es el 267, que se refiere a sanciones y se aplicaría a quienes realicen obras de exploración, monitoreo, reinyección y remediación sin el permiso correspondiente, con multas de entre 200 y 50 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en el momento que se cometa la acción.
En el documento emitido por los científicos de la UNAM se escribió que los verbos de estudio, exploración, monitoreo y remediación, son actividades que son y pueden ser realizadas por el sector académico y la sociedad civil, sin embargo, la iniciativa no define “estudio, exploración y monitoreo, en el caso de la remediación la definición no indica a qué personas; entonces todas aquellas que realicen cualquier forma de estudio, monitoreo, exploración o remediación, serían sancionadas si no cuentan con la autorización de la CONAGUA”.
Los científicos explicaron en el documento que: “gracias al estudio de monitoreo y remediación por parte de las instituciones académicas y de la sociedad civil, también se ha mejorado e incrementado la información y el conocimiento sobre la dinámica del agua”.
Con respecto al “Derecho Humano al Agua”, reconocido en la Constitución, no hubiera sido posible sin los estudios realizados por la academia y la sociedad civil organizada.
También se indicó en el documento que la iniciativa de ley legaliza la contaminación del agua porque se autorizará incorporar al agua elementos físicos, químicos o biológicos en concentraciones superiores a las permisibles, conforme a las normas relativas a la calidad de las aguas.
Asimismo, viola el derecho humano al agua porque los 50 litros diarios por persona al que tendría derecho, pone en riesgo su salud, ya que una persona requiere de un mínimo de 100 litros diarios.