Exhortan a la Cámara de Diputados Federal a desechar la Ley General de Aguas

Congreso del Estado
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Cuernavaca, Morelos; 27 de marzo de 2015.  El Congreso del Estado aprobó, por mayoría, emitir un exhorto a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en su oportunidad vote para que sea desechado el proyecto de Ley General de Aguas.

“El Congreso del Estado de Morelos exhorta a la Cámara de Diputados Federal a desechar la iniciativa de Ley General de Aguas por su carácter privatizador y contrario a los derechos humanos de los ciudadanos mexicanos”, dice el artículo único del punto de acuerdo aprobado.

El documento fue subido al Pleno por el diputado Héctor Salazar Porcayo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, y en la votación obtuvo 13 votos a favor, siete en contra y dos abstenciones, con lo que se determinó su aprobación.

Durante la sesión ordinaria de este miércoles, el diputado Salazar Porcayo, en uso de la tribuna, indicó que el derecho humano al agua y el derecho al saneamiento fue elevado a rango constitucional en febrero de 2012, y la tarea de los legisladores debía ser desarrollar el contenido y alcance de estos derechos con base en los estándares más altos y las obligaciones del Estado de respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos.

Resaltó que la iniciativa de Ley General de Aguas vacía de contenido sustantivo estos derechos humanos que implican factores de disponibilidad, calidad, asequibilidad, sustentabilidad, accesibilidad física, sin discriminación y acceso a la información, y simula su inclusión reduciéndolos a un mal entendido mínimo vital sólo para asentamientos legalmente constituidos.

En este sentido, Salazar Porcayo señaló que con esta propuesta de ley “se pone seriamente en riesgo el ejercicio de estos derechos al profundizar un modelo de gestión que ha probado ser insustentable, y que ahora favorece más la visión de mercantilización del agua con una mayor la intervención de la iniciativa privada en infraestructura y servicios”.

Más aún –agregó- la iniciativa ha omitido por completo el derecho al saneamiento, a pesar de que el Estado debe garantizar, sin discriminación, que toda persona tenga acceso, desde el punto de vista físico y económico, al saneamiento, en todas las esferas de la vida.