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Por Silvia Venegas

Cuernavaca, Morelos; a 30 de mayo de 2013. La directora del Instituto de Educación Básica en el Estado de Morelos (IEBEM), Marina Aragón Celis señaló que han tenido que cambiar a profesores de sus centros de trabajo por amenazas y extorsiones.

La profesora Marina indicó que tiene el conocimiento de tres casos de extorsiones y amenazas a docentes y la Procuraduría está haciendo lo pertinente con las investigaciones, porque se han presentado las denuncias correspondientes.

Aragón Celis comentó que del director de la escuela Belisario Domínguez, que asesinaron en el municipio de Emiliano Zapata, no tiene noticias que haya sido amenazado, pero que ante estos hechos de violencia ya han tomado medidas como el cambiar de los planteles a profesores que han sufrido algún tipo de amenaza.

Manifestó que es necesario tomar medidas preventivas y hacer un esfuerzo conjunto entre profesores y padres de familia, “el avance que hemos tenido, es que hay un esfuerzo de los directores y estamos en contacto con autoridades y con padres de familia, haciendo un blindaje que permita que los niños y maestros tengan un nivel de seguridad para que puedan laborar de manera normal”, detalló.

Explicó que ya se han bajado los protocolos de seguridad a los planteles educativos, pero que no es algo sencillo porque son más de 1,800 planteles en el estado y ya son 90% de las escuelas que lo conocen para prevenir la violencia.

Por Máximo Cerdio

Cuernavaca Morelos 29 de mayo de 2013. El Comité Organizador de la marcha de la diversidad sexual Morelos, e integrantes del Pacto Morelense por los derechos de la diversidad se pronunció en torno a la creación de la dirección de atención a la diversidad sexual que se encontrará adscrita a la dirección de derechos humanos del poder ejecutivo en Morelos.

Urgimos la instalación formal de la mesa de trabajo entre poderes ejecutivo y legislativo, sociedad civil y Comisión de derechos humanos a lo cual se comprometió el secretario de gobierno Jorge Messeguer Guillén hace casi dos meses.

En un comunicado los miembros de Colectivo dijeron que han manifestado en anteriores ocasiones, no aceptan la creación de una dirección de diversidad sexual a cambio de un consejo contra la discriminación: “el gobierno del estado tiene la facultad de tomar las decisiones que considere pertinentes por cuanto a su estructura y operatividad, pero la ley contra la discriminación, misma que contempla la creación del consejo contra la discriminación en Morelos debe ser promulgada y para ello es necesario que se instale cuanto antes la mesa de trabajo mencionada”,

De no instalarse en sus términos preparamos acciones legales en contra del “Congreso del estado debido a que dicha ley fue aprobada el año pasado, fue devuelta por el ejecutivo con observaciones en septiembre y hasta la fecha no han sido subsanadas ni dictaminada la ley para prevenir y erradicar toda clase de discriminación en Morelos”, precisaron.

También abundaron en que resulta incoherente por parte de la secretaría de gobierno que exista el tiempo y la voluntad de crear un día estatal por el respeto a la diversidad (17 de mayo) y ahora una dirección de área de atención a la diversidad; pero no haya tiempo para la instrumentación de políticas reales a favor del colectivo y otros sectores discriminados que vayan más allá de la fotografía y el discurso.

“Deseamos la mejor de las suertes en su gestión a Edgar Márquez Ortega, quien sabemos es la persona que estará al frente de dicha dirección. Lamentamos que no haya habido voluntad política por parte del ejecutivo para dotar de presupuesto y estructura a la dirección y que vaya a tener que buscarse financiamiento desde fundaciones y otros organismos tal y como se hace desde la sociedad civil organizada”.

También dijeron que por el hecho de que el ex coordinador de la marcha de la diversidad vaya a convertirse en empleado del gobierno del estado, la marcha NO se convierte en partidista o gubernamental.

“Nuestra marcha, como el Comité continuará siendo político, apartidista, ciudadano y plural. Se financia a partir de donaciones que se recaban en eventos públicos a donde acuden la mayoría de las veces integrantes del colectivo como un gesto de solidaridad. Este comité no solicita dinero a personajes políticos ni  afiliaciones a partidos como se ha intentado mal informar”, concluyeron.

Por Silvia Venegas

Cuernavaca, Morelos; a 29 de mayo de 2013. En el marco del foro de análisis multidisciplinario sobre la minería a tajo abierto en Morelos, se habló de la preocupación de la instalación de otras mineras en Ayala, Jantetelco y Jonacatepec en donde también hay zonas arqueológicas que podrían ser devastadas.

En este foro de análisis sobre la minería a tajo abierto en Morelos, celebrado en la Universidad Autónoma de Morelos (UAEM), en donde participaron investigadores, pobladores de Tetlama, la diputada federal Gisela Mota, el rector de la máxima Casa de Estudios, Alejandro Vera Jiménez y la comunidad estudiantil con la finalidad de informar a los estudiantes y a la población morelense los riesgos de que se implante una mina.

Por su parte la arqueóloga Silvia Garza, señaló que en los municipios de Ayala, Jonacatepec y Jantetelco ya le llegó la información de que existe la posibilidad de que se instalen otras minas, y que la destrucción va ser igual que en Xochicalco, “van a destruir las zonas arqueológicas, eso me tiene aterrada por eso ya solicite a México información sobre aquellas zonas arqueológicas en donde pretenden instalarse minas, para ver que tanto van a destruir, no se vale, que se vayan a Canadá.

Indicó que la zona arqueológica de Xochicalco si se va destruir porque por las vibraciones se va derrumbar, además de que en el cerro del jumil hay una zona arqueológica también, y es desde donde fue diseñada Xochicalco y por eso no debe desaparecer ese cerro.

Lilian González, de la UAEM, señaló que son muchos los riesgos y consecuencias a la salud que se instale una mina a tajo abierto en Morelos, “los efectos a la salud van a ser graves, a corto y largo plazo, con enfermedades cancerígenas, en la piel, por la utilización de arsénico y mercurio, porque si se rompe la geo membrana dañará los mantos freáticos, además de que esos productos tóxicos se impregnan de por vida y tendremos que lidiar con ellos a perpetuidad. Los efectos son a nivel regional y la manifestación de impacto ambiental tomó en cuenta a Tetlama y va afectar a todos y no es un problema local; el proyecto sigue porque la SEMARNAT no ha dado el impacto ambiental, que de aprobarlo legitima que la empresa inicie la construcción para el 2014 empezar la explotación”, detalló.

En este foro, el rector de la máxima casa de estudios, Alejandro Vera, dio a conocer que el posicionamiento de la comunidad científica es muy importante porque tendrá afectaciones de impacto social, político e histórico e hizo un llamado para que los políticos que tomen las decisiones escuchen a los investigadores de que el proyecto minero en Tetlama es inviable, va traer efectos negativos que van afectar el desarrollo económico y social de las comunidades.

 

Por la redacción

Cuernavaca, Morelos; 29 de mayo de 2013. A 8 meses del asesinato de José Alfredo Popoca Torres, joven de 24 años y padre de un menor de 7 años de edad, que ha quedado huérfano, los familiares mantienen la exigencia de que haya justicia para evitar que este homicidio quede en la impunidad.

Durante estos meses de dolor por la ausencia definitiva de su hijo, su madre Teresa Torres y sus familiares, han mantenido una constante presencia ante las autoridades, específicamente con el agente del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía de homicidios de la Procuraduría General de Justicia del estado de Morelos, para aportar elementos de prueba y solicitar se practicaran toda clase de pruebas periciales y se recabaran los testimonios de testigos presenciales de los hechos ocurridos en el 26 del mes de septiembre de 2012 en el Bar Debraye, ubicado en el centro de la ciudad de Cuernavaca, caso por el que se integró la Carpeta de Investigación Sc01/10572/2012/ Delito: Homicidio Calificado.

José Alfredo Popoca Torres era un joven trabajador que se desempeñaba como empleado en restaurantes y bares, y se encontraba conviviendo con un amigo en ese lugar, donde se suscitó un conflicto entre una pareja, y él trató de mediar para que no fuera agredida una joven mujer.

A pesar de existir evidencias directas de los hechos, tuvieron que pasar meses para que, ante petición por escrito dirigido al Procurador de Justicia por la familia y la Comisión Independiente de Derechos Humanos, se realizaran los peritajes correspondientes y se analizaran pruebas fundamentales como un video grabado en el lugar donde se muestra con toda claridad tanto el rostro del agresor como de sus acompañantes, así como testimonios directos que no dejan lugar a duda sobre la identidad del que cometió el homicidio con todas las agravantes.

Derivado de un análisis de este video se pudo identificar a quien actualmente se encuentra detenido y sometido a proceso en los juicios orales, cuya situación jurídica se determinará en la audiencia que se llevará a cabo el 30 de mayo de 2013 a partir de las 8:30 am. Ante esta situación, la familia demanda que haya justicia y verdad, para que no quede impune la muerte violenta de José Alfredo Popoca Torres.

Es importante destacar el hecho de que la detención del presunto culpable se derivó de la confrontación del video con fotografías de una persona detenida por otro delito, por lo que consideramos que ha sido vital la participación de la ciudadanía para mantener la exigencia de justicia y todas estas evidencias deben ser valoradas adecuadamente por el Juez Mateo Morales, encargado de la causa en los juicios orales. No tenemos ningún espíritu de venganza ni nos mueve el resentimiento, sino que sabemos que mientras no haya justicia se mantendrá la impunidad y el dolor que sufrimos se puede repetir en otras familias que cotidianamente ven como sus familiares son privados de la vida sin que se tomen medidas para evitarlo.

Por Silvia Venegas

Cuernavaca, Morelos; a 29 de mayo de 2013. La directora de Servicios de Salud en Morelos, Ángela Patricia Mora señaló que además de los supuestos desvíos de recursos que se investigan con la empresa de medicamentos Nadro que abastecía a la admiración anterior, y por lo que se vincula a seis ex funcionarios, se han detectado diversas irregularidades como la entrega de medicamentos caducos.

En entrevista, la funcionaria estatal explicó que cuando llegó la nueva administración, la empresa Nadro reportó que existía un adeudo con el gobierno que no identificaban, “el contrato que se firmó fue de un monto de 745 millones de pesos, al buscar información había algunas facturas que aparentemente fueron pagadas, pero la empresa no recibió el pago y decía que nosotros le debíamos alrededor de 200 millones de pesos adicionales a los 745 millones, entonces se reportó al órgano de control y se dio la información del pago que fue multianual que se firmó y la contraloría detectó anomalías que se reportaron ante una denuncia ante la Procuraduría por delito de desviación de recursos y presunto peculado en donde se investigarán a seis ex funcionarios”.

Ángela Patricia indicó que los funcionarios relacionados eran trabajadores de oficinas estatales y los involucra sus firmas, que las anomalías que se encontraron, había un recurso pagado que no tenía un soporte que lo amparara por concepto de 28 millones de pesos, por lo que comentó que la empresa no sólo se le pago el monto estipulado sino que hasta un recurso adicional de 28 millones de pesos.

Dijo que lo más grave fue que se puso en riesgo a la población con los medicamentos caducos que la empresa entregó a los centros de salud y el desabasto que generó. “Esta empresa Nadro desde el 2010 costó mucho trabajo que entregara los medicamentos en un porcentaje de abastos, y se estuvo reportando que entregaba medicamentos a áreas donde no correspondía, de segundo y tercer nivel a centros de salud, además entregaba con un periodo de caducidad muy corto, lo que representaba que se caducara, y lo que más preocupo que en el año 2012 entregaron medicamento que ya estaba fuera de lo que ellos ya habían contratado siendo que nunca tuvimos un reporte  en el que se hubiera solicitado una ampliación a la licitación”, detalló.

Patricia Mora comentó que además ya había medicamento rezagado y la empresa ya no quiso retirarlo porque representa un gasto extra darle un destino final a los medicamentos caducados, pero que ya está en el trabajo de retiro, con un listado para iniciar el procedimiento.

Por último, hizo un llamado a la población para no ingerir medicamentos caducados, que es falso que después de la fecha de caducidad sirvan tres meses después, que pone en riesgo a la salud y si alguien tiene una queja o denuncia por haber recibido un medicamento caducado en los centros de salud, que lo reporte. También dio a conocer que en la actualidad se tiene un abasto de 85% de medicamentos y para el mes de junio se sabrá qué empresa ganó la licitación.

Por Lola Olivares

Cuernavaca, Morelos; 29 de mayo de 2013. La instalación de sistemas de geoposicionamiento referencial, mejor conocido como GPS, no ayudarán a evitar y mucho menos a inhibir el robo de unidades de transporte público, aseguró Dagoberto Rivera Jaimes, líder de la Federación Auténtica del Transporte.

Por ello, solicitará una reunión «en corto» con el gobernador para precisarle que algunas de las medidas acordadas en marco de la firma del «Pacto por la Seguridad y la Modernización del Transporte», son inviables como la de colocar GPS.

En dicha reunión buscarán, indicó, la asistencia de gente experta en materia de prevención del delito  para que aporten alternativas y, a partir de ellas, se tome una decisión, «que no sea nada más lo que él comenta (el gobernador), porque son inviables».

«Los GPS no sé si eso sea lo más adecuado, pero que alguien nos diga porque hay muchos productos en el mercado y todo mundo quiere vender sus productos como la maravilla del mundo», finalizó.

Por Silvia Venegas

Cuernavaca, Morelos; a 28 de mayo de 2013. El asesor jurídico de la Comisión Independiente de Derechos Humanos en Morelos, Marco Aurelio Palma Apodaca señaló que el curso y destino de los amparos contra la reforma laboral no han concluido, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía para que no se dejen sorprender y denuncien cualquier abuso laboral ante la Junta de Conciliación y Arbitraje.

El abogado indicó que debido a los más de 2 millones de amparos que se interpusieron contra la reforma laboral por atentar con los derechos de los trabajadores, la ley se encuentra sin efecto, por existir estos amparos, hasta que el Juez Primero de Distrito del Centro con residencia en el Distrito Federal dé el resolutivo final.

“El día 14 de junio celebraremos nuestra respectiva audiencia Constitucional, donde sabremos el contenido de los informes de las autoridades responsables, en este caso de la Cámara de Diputados y Senadores y de la Presidencia de la Republica y ese día ratificaremos los fundamentos y razones para exigir de manera legítima la anulación de la contrarreforma impulsada por el actual Gobierno Federal por ser violatoria de derechos humanos”, detalló.

Marco Apodaca dijo que es necesario conseguir que los Tribunales y nivel jurídico no ratifique dicha reforma laboral que reduce los derechos de los trabajadores, pues de concretarse dejaría a la deriva el futuro de millones de personas principalmente de los jóvenes que tendría como opción sólo fuentes de empleos precarios y minúsculos pagos por hora, el outsourcing, que significa trabajar para una empresa pero ser contratado por otra y esta desaparece o se da de baja y no habrá a quien hacer responsable por un despido, ya será válido el despido injustificado, entre otras razones que dijo vulneran a la clase trabajadora.

Ante esto, el asesor jurídico de la Comisión Independiente de Derechos Humanos reconoció que estas prácticas laborales ya se dan en lo oscurito pero si se ratifica esta reforma entraría en vigor y afectaría a los trabajadores, asimismo, dijo que es importante que los trabajadores denuncien estas prácticas y no se dejen sorprender si al contratarlos o despedirlos les quieren aplicar la reforma laboral que a pesar de que ya se aprobó no aplica por los amparos.