Por Máximo Cerdio
Hasta este momento, los niños extraídos del albergue “Amor para Compartir”, bajo la custodia y resguardo del Sistema DIF estatal, están en una situación de incertidumbre y de re victimización: son corresponsables la Fiscalía, el DIF estatal y las instancias como los diputados locales y la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Morelos. Nadie ha reclamado nada, nadie ha exigido que a los menores les sean respetados sus derechos que tienen como niños y como seres humanos. “Eso es grave”, afirmó Susana Díaz Pineda, integrante del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa.
Otro hecho delicado, apuntó, es que faltan 13 niños, entre ellos los tres que se fugaron durante un operativo de la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGEM).
En consecuencia, solicitó a la propia FGEM, al DIF y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), un informe pormenorizado de la situación que guardan los menores que están bajo la guarda y custodia del organismo asistencial: “hay muchas inconsistencias en los hechos del caso del albergue ‘Amor para Compartir’, que permiten inferir graves violaciones, incluso delitos, en contra de los menores de edad, y queremos confrontar los informes de estas instancias con las pruebas que nosotros tenemos”, aseguró.
“Yo, como Susana Díaz Pineda, y también como integrante del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa tengo capacidad para solicitar esa información porque se trata de niños, el bien jurídico tutelado son sus derechos universales de los menores”, dijo la activista.
El caso DIF Vs. Amor para Compartir
En noviembre de 2015, la presidenta del DIF estatal, Elena Cepeda de León, pidió a María de Lourdes Fuentes Hernández, administradora del albergue Amor para Compartir, que reubicará la casa hogar en una zona sin riesgos para las niñas, niños y adolescentes albergados –se encontraba en Huitzilac–y que regularizara su labor de atención; esto durante la cuarta sesión del Comité Infantil.
Cepeda de León también explicó que en 2013 el DIF trabajó con el albergue e incluso pagó la renta del lugar, en una casa ubicada en la colonia Delicias de Cuernavaca. Se le dieron 175 mil pesos para la renta anual. En 2014 la cifra ascendió a 285 mil pesos y para 2015 el albergue solicitó la misma cantidad, pero se le negóporque la casa hogar se mudó al municipio de Huitzilac.
En enero de 2016, la casa hogar se supervisó y se detectaron irregularidades en la estructura del lugar y en la atención que se le brindaba a los niños y niñas. Según Elena Cepeda había instalaciones a medio construir, alimentos en estado de descomposición, falta de reglamento interno, ausencia de expedientes clínicos de las niñas, niños y adolescentes, además de que se sitúa en una zona inaccesible y peligrosa para los menores; una parte del inmueble está en construcción.El albergue de dos pisos se ubica prácticamente en medio del bosque, sobre una pendiente –en las inmediaciones del paraje Exquiteac,en el barrio San Miguel–. Las niñas dormían en la parte baja y los niños en el área superior”.
El 14 de enero,el DIF realizó la primera visita al albergue privado Amor para Compartir, y se contabilizaron 72 niños y niñas y tres mayores de edad, cuya estancia en el albergue era irregular. (En una entrevista, la directora del refugio María de Lourdes Fuentes precisó que en el sitio había 67 refugiados.)
El organismo asistencial informó que en la operación del albergue detectaron anomalías para atender a los menores, y así lo dejaron inscrito en el expediente 179/2016-9,radicado en el Juzgado Primerode Distrito, con sede en Cuernavaca, ante el cual iniciaron un juicio para asumir la custodia del total de los menores.
El 25 de enero, un menor de nombre “Juan” presentó denuncia ante la Fiscalía General del Estado y afirmó que el personal de Amor para Compartir lo maltrataban a él y a sus compañeros. (El adolescente permaneció bajo la custodia del DIF en el Centro de Atención al Menor –CAM– de Temixco, pero después fue regresado al albergue para exigir su expediente a los directivos. Finalmente el menor fue reclamado y entregado a su madre, según la directora del refugio María de Lourdes Fuentes.)
El 15 de febrero, el Sistema DIF y la Fiscalía General del Estado practicaron una diligencia para sacar a 19 menores de edad del albergue y llevarlos al CAM: esto como consecuencia de la denuncia del menor y para que la Fiscalía conociera la situación de la estancia de los menores en el refugio. El nombre de estos menores consta en una carpeta de investigación por maltrato.
El 23 de febrero, el Sistema DIF Morelos, en cumplimiento a un mandato del Juez del Primer Distrito en el cual se ordenó al Sistema custodiar a los menores, acudió al refugio y retiró a 34 personas; 17 hombres y 17 mujeres, de entre 7 y 22 años de edad.
En conferencia de prensa, Elena Cepeda dijo que debido a la falta de protocolos de seguridad se escaparon tres niños (“Escapan tres niños de albergue tras intervención del DIF Estatal”, publicado en www.conurbados.com, el 23 de febrero de 2016).
Derivado de este asunto de la casa hogar, el DIF Morelos reconoció que tienen 53 niños bajo resguardo.
El día 26 de abril, en un evento del DIF nacional y estatal, este reportero le preguntó a Elena Cepeda sobre el caso de los niños rescatados del albergue y contestó que ella no sabía nada y que se le preguntara al juez: “ustedes saben que son tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial; nosotros somos Ejecutivo. Ya entregamos todo, si alguien ha actuado de manera profesional y seria es el DIF”, afirmó.
Los derechos de los niños
La Convención sobre los Derechos del Niño es un tratado internacional de las Naciones Unidas que consagra las garantías fundamentales universales de los menores de dieciocho años; fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 44/25, el 20 de noviembre de 1989.
La abogada Susana Díaz dio a conocer que México ratificó esa Convención el 21 de septiembre de 1990 y, por tanto, se volvió obligatoria y se ubicó en el nivel de la Constitución Federal y de las leyes federales.
En los 54 artículos de la Convención se establecen derechos de los niñosque se deben respetar y proteger, por ejemplo, en el artículo 3 de la misma se ordena que “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.
Los derechos a la identidad, a la educación, a jugar, a tener un hogar, a la alimentación, a no trabajar, a tener una nacionalidad, a la igualdad, a opinar, son principios que deben estar asegurados por sus familias o quienes se hagan cargo y, en su caso, por los gobiernos de los estados por medio de sus organismos e instituciones como el Sistema DIF estatal.
Faltan 13 niños
Díaz Pineda dijo que de acuerdo con documentos que ella tiene en su poder, faltan trece niños, entre ellos tres que se escaparon durante un operativo del 23 de febrero de este año; dicha fuga fue reconocida en conferencia de prensa por la propia Elena Cepeda.
“Es probable que la mayoría de estos pequeños no tenga ni acta de nacimiento, es decir, para la ley y para la sociedad no existen y se pueden volver mercancía”, expuso la abogada y activista.
La desaparición de trece niños no es algo que se deba tomar a la ligera, es algo grave que debe ser investigado y en su caso castigado: estos niños estaban bajo resguardo y custodia del albergue, pero el sistema DIF estatal es el responsable solidario, agregó.
Opinó que no se trata de menores de edad que puedan defenderse, son pequeños que se encuentran en una situación de una vulnerabilidad extrema porque han sido abandonados por su familiares o que han sido víctimas de delitos como abuso sexual, violación, maltrato, y por ende debe haber un cuidado especial con médicos, psicólogos, educadores.
El día 19 de abril se solicitó, al presidente de laComisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, un informe detallado de lo que ocurrió el día 15 de febrero, fecha en que la Fiscalía “recató” a 19 niños del albergue y en el que asistió un visitador de la CDHEM, y en el que necesariamente éste tuvo que identificar a los niños y hacer una constancia de cuántos y qué niños se llevaban, si respetaron sus derechos humanos, si hubo violación a éstos, si hubo un protocolo y qué lineamientos se siguieron, entre otros aspectos, dijo Díaz Pineda.
Ese mismo día, se ingresó ante el organismo asistencial una solicitud de información para que nos diga la totalidad de niños que fueron sacados del albergue y llevados al DIF; cuántos estaban albergados de manera voluntaria; qué procedimiento hay para que un niño o niña sea canalizado a un albergue; cuántos niños hay que son víctimas de delitos y si su nombre consta en una carpeta de investigación, añadió la activista.
“Al poder Legislativo no le interesan estos niños. Acudimos ante el diputado Francisco Santillán Arredondo, de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, y le pedimos información sobre el caso y sólo afirmó que todo estaba bien en el albergue. Después fuimos con la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, no nos recibió, la secretaria particular nos dijo que la diputada Hortencia Figueroa no sabía nada de eso. El que nos atendió fue el legislador Jesús Escamilla pero no nos dio ninguna información”, lamentó la entrevistada.
“Todos están viendo este asunto como expedientes, como números, pero se trata de niños”, exclamó.
Hay testimonios de que Amor para Compartir mandaba a los niños a la cabecera municipal de Huitzilac a vender ropa que recibían como donaciones o que les llevaban los padres de los menores que estaban adentro de manera voluntaria.
“De acuerdo con las documentales públicas que obran en el expediente 179/2016-9 del juzgado Primero de Distrito y de la averiguación previa que hay en la Fiscalía, el DIF estatal de esta administración tuvo conocimiento de estas irregularidades en el albergue Amor para Compartir desde hace más de tres años; debió actuar inmediatamente por tratarse de niños y, especialmente, de menores en una situación de alta vulnerabilidad, no debió esperar tanto tiempo, por lo que hay una corresponsabilidad entre el DIF y la casa hogar”, expresó la abogada Susana Díaz.
En Morelos el Sistema DIF Estatal tiene 18 albergues –Amor para Compartir se encuentra en suspensión– ¿Qué pasa adentro de ellos, cómo son atendidos los menores, quién nos garantiza que los derechos de los niños sean respetados?
Hasta el día 30 de abril de este año ninguna autoridad había dado respuesta a la solicitud de la abogada Susana Díaz.
“Tengo lista la solicitud de acceso a la información y la presentaré en los próximo días alInstituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE). El DIF, la Fiscalía y la CDHEM van a tener que darme la información”, apuntó.
